La Familia Judicial

Hace una semana P12 publicó una noticia interesante que pasó casi desapercibida, la comentó el Lic. Baleno aqui, y me parece interesante compartirla ya que habla de la institución mas opaca del sistema democrático y también por que no? de "la inseguridad jurídica.

Para ciertos fiscales, la familia es lo primero

La entidad le reclamó a la procuradora Alejandra Gils Carbó que dé marcha atrás con la reforma que pone límite al nepotismo en el Ministerio Público. La normativa que cuestiona apunta a fomentar el acceso a cargos por idoneidad y en igualdad de condiciones.

Por Irina Hauser

Los fiscales nucleados en la Asociación Argentina de Fiscales y Funcionarios no quieren perder privilegios. Lo dijeron sin pudor al pedirle a la procuradora Alejandra Gils Carbó que dé marcha atrás con la reforma reglamentaria que disuade el nepotismo en el Ministerio Público que los comprende. 

Le reclaman, casi como una confesión de principios básicos de cofradía judicial, no perder el beneficio de que sus familiares sean nombrados en cargos cercanos a los de ellos o en fiscalías amigas, una práctica histórica que ha copado el sistema de Justicia. 

El planteo ataca una disposición reciente por la cual sólo se puede entrar por concurso y que impide que tengan puestos en el mismo fuero y jurisdicción las personas con relaciones de consanguinidad o convivencia (padres, hijos, hermanos, además de cónyuges o parejas convivientes). La Procuración lo estableció para fomentar el acceso a cargos por idoneidad y en igualdad de condiciones. Paradójicamente, los fiscales asociados dicen que es una medida discriminatoria e inconstitucional.

El llamado “acceso democrático”, tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, fue parte de la reforma del año pasado y uno de los puntos menos discutidos. La ley que lo implementa está vigente y su objetivo es generar igualdad de oportunidades para ingresar al sistema judicial, en contraposición con la clásica costumbre que ha llevado a que sólo consigan puestos quienes tienen un pariente, amigo o alguien que les deba un favor. 

De ahí viene la clásica denominación de “familia judicial”. El nepotismo es, precisamente, la práctica de otorgar cargos o empleos públicos a familiares o amigos sin importar sus méritos.

La Procuración se encuentra haciendo un relevamiento de lazos familiares entre sus filas. En un primer pantallazo encontraron casos de fiscales cuyos apellidos se repiten hasta siete veces en el directorio de sus funcionarios.

“El nepotismo se ha verificado en forma más habitual que lo deseable”, “ha estado vinculado con el ejercicio discrecional del poder” y es “una tendencia al apoderamiento de la administración”, escribió el juez de Necochea Mario Juliano, en un texto que cuestiona la presentación de la Asociación de Fiscales. “Las indeseadas consecuencias del nepotismo se agudizan cuando ocurre en el Poder Judicial, ámbito caracterizado por una burocracia con vocación vitalicia (los cargos lo son) y clara tendencia corporativa, cuyos actos administrativos resultan difícilmente revisables, lo que aparece como poco compatible con la idea de una república democrática”, sostuvo el juez, de la Asociación Pensamiento Penal.

Para aplicar la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario (28.861) la Corte Suprema, la Procuración y la Defensoría tuvieron que reglamentarla. 

Cada una puso sus pautas y criterios. Las del Ministerio Público tienen como rasgo distintivo las restricciones relacionadas con los parientes, que nadie más ha implementado. “No podrá ser seleccionado quien se encontrare alcanzado por lazos de afinidad o consanguinidad hasta el segundo grado, o quien tuviere relación de convivencia –con o sin unión civil– con algún magistrado/a y/o funcionario/a del Ministerio Público Fiscal de la Nación o del Poder Judicial de la Nación, siempre que se desempeñe en el mismo distrito, fuero (nacional o federal) y área de especialización a los que se aspire ingresar”, dice la norma.

Padres, hijos, hermanos o cónyuges no pueden coincidir en el fuero penal ordinario porteño pero –para poner ejemplos– uno podría estar en el federal o en otra especialidad, como contencioso o civil. Antes, la única restricción era que no podían trabajar en la misma fiscalía. El fundamento de la Procuración es “desarmar las asimetrías”. “Con el correr de los años, una gran mayoría de sus integrantes se habrá incorporado por medio de parámetros de admisión más objetivos, equitativos y a la vez respetuosos de las diferencias, en concordancia con el respeto de la manda constitucional de observar la idoneidad sin prevalencias ni preferencias antojadizas, caprichosas o infundadas”, vaticina la resolución.

La Asociación de Fiscales –una entidad gremial, comparable con la tradicional Asociación de Magistrados– se quejó ante Gils Carbó en una nota firmada por su titular Carlos Donoso Castex, uno de los testigos que declararon en defensa de José María Campagnoli en su juicio político. La entidad sostuvo que los límites al acceso a cargos no son “democráticos e igualitarios” como el espíritu de la ley ya que no garantizan el acceso a los cargos en condiciones de igualdad. El parentesco, dicen, “no puede ser una barrera”. Protestan, en particular, porque la limitación no sólo es dentro del Ministerio Público, sino que contempla parentescos en el Poder Judicial, donde las reglas no son tan estrictas. 

Para doblar la apuesta, maldicen porque días atrás se “flexibilizaron las condiciones” para que puedan trabajar en el Ministerio Público Fiscal personas que hayan cumplido condenas, mientras que con anterioridad los antecedentes penales lo impedían. “Mucho menos –advierten– puede estigmatizarse y excluirse de un trato igualitario y democrático a los parientes de los funcionarios o magistrados, fiscales o jueces.”

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Cuando se aprobó la ley que abre ampliamente el ingreso al sistema judicial, una queja extendida de jueces y fiscales era: “¿Por qué no puedo elegir a quien quiero que trabaje conmigo?”. En el caso de la Procuración, según explica la secretaria letrada Andrea Pochak, se intenta que sí puedan elegir. Pero un paso antes de eso, el régimen de ingreso permite que todo el mundo se anote: para el escalafón de servicios auxiliares (personal de maestranza y ordenanzas) hay una entrevista y una pruebita, el que pasa va a sorteo y luego hay una selección; para cargos administrativos hay un examen de respuestas múltiples de cultura general, otro de conocimientos informáticos, los que pasan van al sorteo y entre los que quedan elige el fiscal. Para ser secretario/a letrado hay que dar un examen, según los puntajes se elabora un orden de mérito y al final el fiscal elige. “El nepotismo genera privilegios y colisiona con un buen servicio de justicia”, afirma Pochak.

A la Asociación de Fiscales, de todos modos, no le satisfacen las posibilidades que tendrán los fiscales de armar sus equipos. “Deben tener amplio poder de decisión”, insisten. Dicen que los mecanismos en marcha son onerosos y mucha gente entró a trabajar a la Procuración sin concurso antes de este sistema.

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Hasta ahora se han presentado 1300 aspirantes a servicios auxiliares, 3300 para técnicos administrativos y 1300 para los cargos técnico-jurídicos en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. En todo el país son 23.300 los aspirantes registrados. Gils Carbó no parece dispuesta a ceder ante los cuestionamientos que, en caso de judicializarse –como amagan algunos fiscales– podría poner en riesgo la convocatoria que se hizo hasta el momento.

Completo aquí.