lunes, 18 de agosto de 2014

Los automovilistas de Capital con un futuro difícil

Hace unos días posteábamos esto.

Hoy, P12 publica lo siguiente:


 LAS EMPRESAS DE ACARREO LE RECLAMAN 120 MILLONES A LA CIUDAD

Las grúas quieren levantar más

Las firmas Dakota y BRD, que controlan el estacionamiento de autos en la ciudad, pagan un canon fijo, se quedan con la recaudación, y además reciben sumas millonarias del Estado porteño. Ahora le exigen a Macri el pago de una supuesta deuda de 2007.    Por Werner Pertot
Las dos empresas que hegemonizan el negocio del acarreo de autos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le presentaron un escrito al jefe de gobierno, Mauricio Macri, en el que le reclaman una supuesta deuda por “costos no salariales” desde 2007. 
Según los empresarios, la deuda asciende a 120 millones de pesos. Se trata de las dos compañías que tienen la concesión desde hace 24 años, por la que pagan un canon fijo al Estado porteño y se quedan con la recaudación del acarreo.
Como reveló Página/12, además de ese dinero, el gobierno porteño las financia a través de una partida de la Dirección General de Concesiones: entre 2008 y este año recibieron 122 millones de pesos. Ahora van por el doble.
En julio de este año, Macri resolvió aumentar la tarifa de los parquímetros de 1,40 a 3 pesos, lo que implica un incremento del 114 por ciento. La tarifa del acarreo también aumentó en febrero de este año, por tercera vez en la gestión PRO: en 2008, la subieron de 150 a 190 pesos; en 2012, a 350 y este año, a 450 pesos. Un 200 por ciento de aumento. Por el contrato que firmaron en 1990 con el intendente Carlos Grosso, las empresas Dakota SA y BRD Sacifi se llevan íntegra la recaudación y abonan un canon fijo al gobierno porteño.
El negocio se está ampliando: el gobierno de Macri consiguió pasar una ley por la Legislatura que amplía la cantidad de los espacios con tarifa: se sumarán 140 mil espacios que son gratuitos hasta hoy y, en 2017, se incorporarán otros 2688 espacios más. Más del 45 por ciento de la ciudad pasará a tener estacionamiento medido. La licitación para este cambio estaba prevista para el 15 de agosto, pero se postergó para el 5 de septiembre.
Como informó este diario, las dos empresas no sólo reciben el dinero de la recaudación, sino que vienen recibiendo una suma creciente año a año a través de una partida de la Dirección General de Concesiones, que depende del ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera. El director general, Gabriel Astarloa, no es, sin embargo, un hombre de confianza de Cabrera y no comparten las mismas opiniones sobre este negocio. En la interna tercia, sin demasiadas ganas, el subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich.
El otro actor en el negocio del acarreo es el gremio de Camioneros, que tiene a los trabajadores de las empresas agremiados. El dirigente Hugo Moyano ya consiguió que Macri consiguiera una ley para pagarle una indemnización a los trabajadores de la recolección de la basura que no perdieron su trabajo. Implicó un bono de 220 millones para la ciudad.
En 2007, el sindicato de Camioneros, las dos empresas BRD y Dakota y el gobierno de Jorge Telerman firmaron un acta acuerdo por la que el gobierno porteño se empezó a hacer cargo de pagarles un adicional (el 20 por ciento del sueldo básico del convenio de Camioneros) a los trabajadores de las empresas privadas. También de pagarles las horas que les cobraba la Policía Federal como adicionales. El argumento fue que la tarifa estaba congelada desde los ’90.
Este acuerdo se mantuvo durante el gobierno de Macri, pese a que la tarifa de acarreo creció exponencialmente. En 2008 y 2012, las dos empresas consiguieron que el gobierno porteño les firmara un acta acuerdo donde les mejoraron más el esquema de ganancias. En 2012, el gobierno porteño se comprometió a pagar las multas impagas de los autos acarreados cada fin de mes.
El equipo del auditor porteño Eduardo Epszteyn encontró una partida de la Dirección General de Concesiones que, pese a tener un bajo presupuesto aprobado por la Legislatura, mueve millones hacia las dos empresas del acarreo. “Un barril sin fondo”, lo definió Epszteyn. En 2010, la partida destinada al “alquiler de camiones” tenía 11 mil pesos disponibles y fluyeron 10 millones 700 mil pesos hacia Dakota y BRD. En 2011, fueron 28 millones 612 mil, pese a que el presupuesto era de 70 mil pesos. En 2012, las dos empresas recibieron 32 millones 316 mil pesos, aunque el presupuesto oficial era de 70 mil pesos. En 2013 fue el record: la partida tenía cero pesos de presupuesto, pero gastaron 49 millones 191 mil pesos.
Este año, la partida muestra cuotas regulares mes a mes de aproximadamente dos millones de pesos hacia las empresas. Entre 2008 y la actualidad, las dos empresas recibieron más de 122 millones de pesos. El canon actual que pagan por mes es de 55 mil pesos.
Sin embargo, en la presentación de 50 páginas que le hicieron hace un mes a Macri, firmada por sus presidentes Marcelo Violante (Dakota) y Bernardo Pérez (BRD), reclaman otros 120 millones de pesos (60 cada una) por “costos no salariales” que, según afirman, el gobierno porteño les adeuda desde 2007. En la lista figuran seguros, asesoramiento legal, publicidad y limpieza. El reclamo le llegó directo a Macri porque los distintos funcionarios que deben intervenir no quieren tocar el tema. El todavía procesado jefe de gobierno no resolvió aún que responderá a las dos empresas que la levantan con grúa.
Queda por ver hasta cuando el pueblo de la Ciudad de Bs. As. seguirá dispuesto a financiar estos desmanejos?, el endeudamiento, los aumentos en los subtes, aumentos en los peajes, aumentos en el ABL y aumentos en los Presupuestos que nunca le alcanzan.

sábado, 16 de agosto de 2014

Quino humor para fin de semana largo



miércoles, 13 de agosto de 2014

El "sentido común", esa rareza de la política.

Hoy me sorprendí leyendo en "El Cronista" las declaraciones de Sergio Berni, acerca del proyecto K de la ley para regular los piquetes.

Y me sorprendí porque hace gala de un sentido común que creo que conecta con lo que piensa la gente común que no está ligada a la política.

Recordemos que los piquetes en las rutas nacieron en una situación de extrema gravedad social e institucional, en que mucha gente comía en ollas populares porque no podía "parar la olla propia".
Creo que la situación era de absoluta excepción y por ello dicha práctica fue tolerada por la sociedad, y el poder político con sensibilidad la permitió.

Hoy la situación social creo que cambió mucho, no digo con esto que no hay razones para protestas o reivindicaciones, pero la práctica tan extendida de joder al que no tiene nada que ver con las soluciones exigidas para llamar la atención de los medios, debe terminarse o acotarse lo máximo posible, si no nos encaminamos a una sociedad de quilombo perpetuo para todos.

Se buscan soluciones a los problemas demasiado alambicadas (demasiado progresistas), que lo único que generan son nuevos problemas.

Berni tiene razón, las rutas son para que circulen los vehículos.

 Berni criticó el proyecto K para regular piquetes porque naturalizaría algo que “jode a los argentinos”
El secretario de Seguridad, Segio Bernicuestionó hoy el proyecto, de cuño kirchnerista, para regular las protestas sociales en espacios públicos porque, dijo, legalizaría los piquetes, que son algo que “jode a los argentinos”.
“El espíritu de una ruta es que los ciudadanos puedan circular y no protestar (…) Basta de estosexperimentos raros, que si la protesta es legítima o no es legítima, que si el mediador o no el mediador, que si avisamos o no avisamos: sobre la ruta se circula, es un lugar para transitar”, criticó Berni en declaraciones a radio La Red.
El funcionario calificó a la propuesta que el oficialismo impulsa en el Congreso como una “ridiculez” y pidió: “No queremos que se generen más leyes que jodan a los argentinos”.
“Me preocupan todas estas vueltas estrambóticas e interpretaciones estrafalarias que diferentes diputados intentan generar para solucionar algo tan simple como es asegurarles a todos los ciudadanos la libre transitabilidad y su derecho a circular por dónde quieran y cuándo quieran en la República Argentina”, insistió
Según Berni, “la Constitución y el Código Penal son muy claros: lo único que hay que hacer esponerles un límite a las interpretaciones que cada juez hace de las leyes, como es habitual”.
“Tenemos cientos de miles de lugares para que aquellos que necesitan expresar su disconformidad con respecto a un tema y lo puedan hacer con total libertad. Hay que cuidar el derecho a protestar, pero no en una ruta, no en un lugar que les jorobe los derechos a los demás (…) Cae de maduro que los argentinos queremos circular por dónde sea, cuándo sea, libremente (…) Es tan elemental y tan básico, que no merece ninguna discusión”, concluyó.
El proyecto –para el que el kirchnerismo no pudo lograr ayer un dictamen de consenso en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados- es de la diputada ultrakirchnerista Diana Conti. Entre otras cosas, protege el derecho a la protesta pacífica, obliga al Estado a darles seguridad a esas expresiones y garantizar su difusión, y dispone liberar espacios para el tránsito peatonal y vehicular.

Fuente: AGENCIA DyN

martes, 12 de agosto de 2014

La piratería ¿legal? del asfalto


En esta foto se percibe una mirada de conformidad de Macri con el trabajo de Dietrich, subsecretario de Transporte y Tránsito, quien depende a su vez de Larreta (centro), Jefe de Gabinete.
En dicha conformidad, mas allá de los Metrobuses, seguramente tiene algo que ver el tema tratado en el artículo siguiente, publicado ayer en P12.

Después de leerlo me quedo pensando, ¿ cual es el nivel de acuerdo o complicidad de las fuerzas políticas de la Ciudad con estas prácticas, para que perduren a traves del tiempo?

Tiene sentido la existencia de la Auditoría, que genera informes como estos, a los que nadie les da bola?, o mejor dicho, una Institución de la Ciudad informa sobre gruesas irregularidades en la acción de Gobierno y formalmente no existe ninguna instancia para corregir esas irregularidades.

También me doy cuenta de que de estas reflexiones y las sensaciones que provocan, hay un trecho muy corto hacia "la antipolítica".

Grúas que acarrean millones
Las firmas Dakota S. A. y B. R. D. pagan un canon fijo y se llevan la recaudación por el remolque de autos. Pero el gobierno de Macri les transfiere sumas millonarias: entre 2008 y 2014 ya recibieron 122 millones de pesos.       Por Werner Pertot
Dos empresas hegemonizan el negocio de las grúas en la ciudad desde la época de Carlos Grosso. 
Se sabe que ambas pagan un canon fijo y se llevan la recaudación de las multas por acarreo. 

Menos conocido, en cambio, es que el gobierno de Mauricio Macri les transfiere sumas millonarias a través de una partida de alquiler de vehículos de la Dirección General de Concesiones. 

Sólo en 2013, las dos empresas se llevaron 49 millones de pesos y, entre 2008 y 2014, recibieron ya 122 millones de las arcas públicas. 
Desde la gestión PRO sostuvieron que es una forma de compensar costos. “Es escandaloso. Justifican el alquiler de maquinaria de equipo como un subsidio”, remarcó el auditor porteño Eduardo Epszteyn.
En diciembre del año pasado, la gestión PRO obtuvo una ley de la Legislatura que amplía la cantidad de espacios medidos para estacionar: se sumarán 140 mil lugares ahora gratuitos, por lo que un 45 por ciento de la ciudad tendrá estacionamiento medido. 
En 2017 prevén sumar otros 2688 espacios. 
En julio de este año, Macri resolvió aumentar el costo de los parquímetros un 114 por ciento: la tarifa pasó de 1,40 a 3 pesos.

El acarreo está concentrado en dos empresas desde hace 24 años

El contrato de las grúas está vencido desde 2001 y data de la época del intendente Carlos Grosso, quien terminó su mandato (y su carrera política) en 1992 en medio de denuncias de corrupción.
Las dos empresas que consiguieron el negocio del acarreo y lo manejan hasta hoy son Dakota S. A. y B. R. D. Saicfi. Sus presidentes, en los acuerdos con el gobierno porteño, son Marcelo Violante (Dakota) y Bernardo Pérez (BRD). 
Por el contrato de 1990, las empresas pagan un canon y se llevan completo el dinero de la recaudación: 350 pesos por cada auto acarreado.

Un acuerdo con la gestión PRO de 2012 les mejoró esas ganancias: el gobierno porteño se comprometió a pagar cada fin de mes las multas impagas de los autos acarreados, además de un adicional que pagan a los trabajadores de las empresas privadas agremiados en Camioneros (el adicional corresponde al 20 por ciento del básico del convenio de ese gremio). 

Página/12 intentó consultar al Ministerio de Desarrollo Económico, que conduce Francisco Cabrera, para conocer los montos actuales de esos costos que asume el Estado porteño, pero no obtuvo respuesta.

La cuenta

El equipo del auditor Eduardo Epszteyn encontró, no obstante, una partida del presupuesto de la Dirección General de Concesiones destinada a “alquiler de vehículos” que parece ser utilizada para financiar a estas dos empresas. 

El primer dato curioso es que las empresas reciben una suerte de cuota fija por mes: este año, por ejemplo, Dakota recibió exactamente 1.876.048 pesos en febrero, en marzo y en abril. La diferencia de lo que el gobierno porteño le transfiere por mes fue de centavos. 

La compañía BRD, en tanto, recibió 1.953.504 en febrero, 2.173.543 en abril y otros 2.930.809 pesos ese mismo mes “por adicionales y redeterminación” de precios. 
Según el contrato, son las empresas concesionarias las que debían pagar un canon al Estado, que actualmente es de 55 mil pesos: 34 veces menos que lo que el propio Estado les da a las empresas.

Las órdenes de pago que se despacharon no dan detalles de los motivos de la erogación, salvo un escueto “alquiler de maquinaria”. 

Página/12 pidió alguna explicación sobre estos pagos a la Dirección General de Concesiones, a cargo de Gabriel Astarloa, pero tampoco obtuvo respuesta. 
Otras fuentes de Bolívar 1 apuntaron a un decreto de la época de Jorge Telerman, por el que se acordó con Dakota, BRD y con el sindicato de Camioneros pagarles los adicionales correspondientes al trabajo de la Policía Federal y un adicional sobre los sueldos, dado que la tarifa estaba congelada.

Sin embargo, la gestión PRO firmó otros dos acuerdos en 2008 y en 2012 con estas empresas. Si en el convenio de Telerman se argumentaba con el congelamiento de la tarifa, los dos siguientes la aumentaron “como resultado del proceso inflacionario en el que está sumido el país” –según dice el acta acuerdo de 2012–, lo que, sostuvieron los funcionarios macristas, “dificulta el mantenimiento de la calidad operativa en la prestación del servicio”. “Resulta razonable que los costos económicos inherentes al servicio sean absorbidos por los usuarios directos de los mismos”, afirmó la Dirección General de Concesiones.

“Barril sin fondo”

Lo cierto es que la cuenta que reciben las empresas viene creciendo año a año, según pudo establecer el equipo del auditor Epszteyn. 

En 2010, la partida destinada al “alquiler de camiones” de la Dirección General de Concesiones tenía, según el presupuesto, 11 mil pesos disponibles para gastar. No obstante, a través de reasignación de partidas, se gastaron 10 millones 700 mil pesos, que se repartieron entre Dakota y BRD.


- En 2011, esa misma partida tenía un presupuesto de 70 mil pesos, pero tuvo una ejecución sideral: las dos mismas empresas se llevaron 28 millones 612 mil pesos.


- En 2012, el presupuesto votado por la Legislatura era de 100 mil pesos y se transfirieron a las dos empresas 32 millones 316 mil pesos. - En 2013, tuvo un presupuesto de cero peso, pero a través de esa partida llegaron 49 millones 191 mil pesos a las dos empresas: 25 millones 353 mil pesos para BRD y 23 millones 838 mil pesos para Dakota.


- En lo que va de 2014, ya recaudaron entre las dos 12 millones 686 mil pesos. Siempre en una partida de “alquiler de camiones” y sobre dos empresas que le tienen que pagar al Estado un irrisorio canon anual de 660 mil pesos por año por llevarse, además, la recaudación del acarreo.


“Parece un barril sin fondo donde se va la plata”, sostuvo el auditor Epszteyn, quien alertó sobre el extraño uso de una partida para “alquiler de camiones”: “Es absolutamente irregular. 

Si dicen que es un subsidio es irregular: debieran tener fundamentado por qué lo dan e imputarlo correctamente”, advirtió. “Nadie puede creer que subsidien a las empresas de acarreo, que se lleva toda la recaudación. 
Sólo se justifica por la connivencia que tienen con el Gobierno de la Ciudad”, advirtió. 
A partir de la nueva ley, que extiende los parquímetros al 45 por ciento de la ciudad, debería cambiar la ecuación económica: el gobierno porteño debe licitar el contrato de acarreo en cinco zonas separadas, lo que impediría que dos empresas sigan hegemonizando el negocio. 
Las empresas pasarían a cobrar una cuota fija, mientras que el Estado se llevaría la recaudación, al revés de lo que ocurre ahora. No está claro, sin embargo, qué pasará con la partida que mueve millones hacia las dos empresas de grúas y sobre la que ningún funcionario porteño quiso responder.

domingo, 10 de agosto de 2014

No es fácil gobernar, y también combatir la corrupción.

El 25/07/2014 aparecía el artículo de abajo en Noticias Urbanas, que daba cuenta de que el PRO decidió desmantelar los cuerpos de Peritos Verificadores externos y ejercer el control con personal propio.
Luego de esta decisión y en 15 días ya hubo 3 derrumbes, este, este y este.

Cuando asumío Mauricio Macri estas tareas de control dependían de 1 Direccion General de Fiscalización de Obras y Catastro y 1 Dirección Adjunta y del cuerpo de verificadores externos.
Luego en el año 2008 creó la Agencia Gubernamental de Control, cuya estructura vemos:
Y ahora deciden volver al año 2000, controlar con veinte inspectores, insertos en una estructura histórica de corrupción, las obras de una Ciudad con 3 millones de habitantes, negando sistemáticamente la descentralización de las actividades y el control a las Comunas. 
Cierto es que las Comunas pueden llegar a cometer muchos errores en este tema, por inexperiencia, porque los comuneros, seguramente no son los mejores "cuadros" de los partidos, pero, comparando con lo existente, no creo que lo puedan hacer peor.

El peor presagio

Por Horacio Ríos

Por Redacción Noticias Urbanas / 25 de julio 2014

Esta nota fue publicada en el Semanario Noticias Urbanas Nº 459, que apareció un día antes del derrumbe de Monserrat.

En febrero, en Balvanera, hubo un muerto y cuatro heridos por un derrumbe.
En febrero, en Balvanera, hubo un muerto y cuatro heridos por un derrumbe.
El instituto de la controversia no deja de entregarnos algunas sorpresas a quienes ejercemos el oficio de espiar la realidad para intentar desentrañar, aunque sea, lo que está al alcance de los ojos. La decisión del Gobierno porteño de suprimir el cuerpo de Peritos Verificadores de Obras, constituido por alrededor de 600 profesionales, y reemplazarlo por un cuerpo de 20 inspectores, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), es un claro ejemplo de esto. La medida ya generó una fuerte polémica en una ciudad signada por tragedias como las de Cromañón y Beara, evitables si hubiera funcionado como correspondía el sistema de control estatal. ¿Tendremos que lamentar en el futuro otras muertes evitables? (*)
Una historia desangelada
Escaldado seriamente por una larga serie de denuncias, procesos judiciales, cámaras ocultas que destaparon negocios turbios, sospechas muy fundadas acerca de la existencia de nichos de corrupción y muchas cesantías de funcionarios del Estado debidas a esta razón, el Gobierno porteño decidió, en el año 2000, suprimir el cuerpo de inspectores de obras en construcción y reemplazarlo por un cuerpo de peritos verificadores de obras (PVO), que inspeccionarían las obras en construcción pero no tendrían poder de policía. Su función se limitaba a detectar posibles diferencias entre los planos y las obras efectivamente realizadas e informarlo a las autoridades, que retenían el poder de policía.
Desde entonces, los peritos verificadores de obras debieron navegar en aguas procelosas, sacudidos por oleajes que los obligaron a derivar muchas veces de una costa a otra. En el período que media entre el año de su creación y nuestros días vieron que sus honorarios no aumentaban, hasta convertirse en casi irrisorios, además de cobrarlos con atrasos desconsiderados.
“Los honorarios nuestros los pagan los constructores pero no a nosotros directamente, sino que los depositan en una cuenta del Gobierno de la Ciudad, que nos está pagando con un año de retraso, más o menos. Además, si bien el Gobierno aumentó los impuestos en un 700 por ciento, que debía trasladar a nuestros honorarios, solo nos aumentaron un 50 por ciento”, narra casi en tono de película de terror la presidenta de la Asociación de Profesionales Peritos Verificadores de la República Argentina, Lilian Rodríguez.
Para peor, Mauricio Macri firmó el 4 de julio último el Decreto Nº 271/14, que puso fin a la existencia del cuerpo de peritos verificadores, que serán reemplazados por el cuerpo de inspectores que dependen de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), repitiendo la estructura anterior al año 2000.
La decisión motivó controversias de variada índole. El legislador del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Alejandro Bodart, denunció que “Mauricio Macri está liquidando los controles de la Ciudad”. “Por eso, desde ahora va a haber más corrupción y más muertes en las obras en construcción en la Ciudad. [El titular de la AGC, Juan José] Gómez Centurión no explica cómo 20 inspectores propios, en reemplazo de los mil profesionales verificadores independientes, a quienes dejan sin trabajo, podrán controlar debidamente las 4.000 obras simultáneas que se hacen en la Ciudad, las que a su vez requieren cuatro instancias de inspección cada una. ¿Acaso con menos control no se facilita que haya coimas?”, se pregunta el legislador.
“Antes hicieron algo similar en el área de la Subsecretaría de Trabajo, pero como no pudieron desmantelar el cuerpo de inspectores del sector, ahora no los dejan trabajar.”
Bodart agregó: “Como el poder de policía está en manos de los funcionarios, a veces los inspectores piden la clausura pero no son escuchados. Entonces, en esos casos, si hay problemas posteriores, como ocurrió en algunas ocasiones, el papel lo mismo queda. Por eso quieren echar a los peritos, para que ni eso haya”.
Para el diputado izquierdista porteño, “en la Ciudad rige el vale todo empresarial”. “Habría que recordar que Macri llegó al poder montado sobre una tragedia, pero ahora vamos hacia un estadio superior en la corrupción. Espero que ese señor nunca llegue a presidente”, disparó.
El diputado presentó en la Legislatura porteña un pedido de citación a Gómez Centurión. En los fundamentos de su iniciativa, subraya: “Nuestra ciudad es la de Cromañón, Once, Beara y los derrumbes en obras de construcción, tragedias todas ellas evitables y vinculadas a la falta del debido control por el Estado respecto del cumplimiento de las condiciones de seguridad. Por ende, cualquier medida que implique modificar tales controles debe ser cuidadosamente evaluada. No es este el caso”.
Verificadores en pie de guerra
Los profesionales –arquitectos e ingenieros– que quedarían sin trabajo, que están agrupados en la Asociación ya mencionada, se quejaron porque “contando la Ciudad con más de mil profesionales externos al servicio de la comunidad para realizar las verificaciones de obras, de habilitaciones y ascensores, con un sistema absolutamente transparente –ya que las obras les son adjudicadas por sorteo, porque solo pueden ir a verificarlas una vez y para la siguiente visita se sortea a otro profesional, porque antes de tomar la tarea deben firmar a modo de declaración jurada la inexistencia de vínculo de sangre, amistad o negocios con el propietario, constructor o director de obra, y porque que en 14 años jamás un solo verificador recibió denuncia alguna por irregularidad en su función–, no se entiende su disolución por el Decreto 271/14, salvo pensar que estos profesionales son una mosca que molesta para quien no quiere controlar. Los verificadores están dispuestos a trabajar a cambio de tener que pagar para realizar la tarea y luego esperar meses, hasta un año o año y medio, para cobrarla. Para integrar estos registros el profesional debe tener paga su matrícula, pagar el monotributo cada mes, pagar una encomienda profesional cada vez que tenga que ir a una obra, más gastos de viático, fotocopias o fotografías cuando el caso lo requiere”.
Con mucha dureza, los profesionales verificadores definieron en un documento que “al GCBA tampoco parece preocuparle –según declara el propio titular de la Agencia Gubernamental de Control– que existan 14 mil denuncias por obras con irregularidades pese a haber pasado la verificación. Esos datos, precisamente, la AGC los obtiene de la tarea de los profesionales verificadores de obras, que a su vez desconocen qué hace luego ese organismo con sus informes. Los PVO constatan y declaran las irregularidades observadas en obra y hoy Juan José Gómez Centurión intenta mostrarlas como 14 mil actos de corrupción. El fundamento es espurio y en realidad desnuda su propia ineptitud o desinterés por brindarles seguridad a las personas. Con su actual estructura, la AGC a través de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras está facultada para controlar que una obra no ocasione riesgos y que lo construido cumpla con lo registrado”.
*Esta nota fue publicada en el semanario un día antes del derrumbe en Monserrat

viernes, 8 de agosto de 2014

Nobleza obliga.

Antes de ayer posteaba sobre el Consejo General de Educación de la provincia de Misiones y su resolución con el director de una Escuela de Oberá.
Ayer el Gobierno de Misiones puso las cosas en su lugar, a pesar del Consejo.
La noticia en La Nación:

Misiones: restituyen en el cargo al director de escuela suspendido

A partir de mañana vovlerá a sus funciones en la escuela; los alumnos removidos continuarán sus estudios en otros establecimientos de la ciudad
Por   | Para LA NACION

La medida adoptada por el Poder Ejecutivo misionero que encabeza el radical kirchnerista Maurice Closs, se adoptó minutos antes de la llegada a Oberá de Florencio Randazzo, ministro del Interior y Transporte, que estuvo en Misiones inaugurando obras y entregando subsidios a personas afectadas por las recientes inundaciones.
Romero volverá a asumir sus funciones mañana, luego de que la sanción disciplinaria aplicada en su contra por el ministro de Educación de Misiones, Luis Jacobo, despertara el rechazo en el sector educativo, además de fuertes críticas de parte de organizaciones intermedias, gremios y partidos políticos de todo el país.
El docente venía ejerciendo la dirección de la Epet 3 de Oberá desde 1997. Siempre se manifestó en favor del diálogo con alumnos, plantel de profesores y padres, tendiente a mantener niveles de disciplinas para el mejor cumplimiento de sus tareas específicas.
Los cuatro jóvenes sancionados, podrán continuar sus estudios en otros establecimientos de Oberá, según destacan medios periodísticos de aquella ciudad.

miércoles, 6 de agosto de 2014

Algo huele a podrido en ......Misiones

Hoy me llamó la atención un artículo publicado en La Nación:

Desplazaron al director de una escuela en Misiones por expulsar a cuatro alumnos que habían robado

Padres y estudiantes tomaron una escuela de Misiones para exigir la reincorporación del director, que fue desplazado por expulsar a alumnos que habían robado. Foto: Diario Territorio Digital

Fui a la fuente, el Consejo General de Educación de Misiones y en Infodocente publican lo siguiente:

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN DECIDIÓ SEPARAR PREVENTIVAMENTE AL DIRECTOR DE LA EPET 3 DE OBERÁ

El Consejo General de Educación informa que ha decidido, en sesión y por unanimidad, instruir  sumario administrativo y separar preventivamente del cargo al Director de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 3 de la ciudad de Oberá, Jorge A. Romero. 
Asimismo, se faculta al Supervisor de Educación Técnica Zona Sur a reubicarlo momentáneamente en otro establecimiento escolar y/o dependencias del Consejo General de Educación, con asignación de tareas y funciones.
La medida se ha tomado a fines de lograr el esclarecimiento de los hechos investigados, y de evitar la obstaculización de la indagación en virtud de una posible falta administrativa, por parte de profesores y Director de la escuela, relacionada con alumnos implicados en un hecho investigado por la justicia.
En su reemplazo fue designado el vicedirector titular, Eduardo Silvero, quien asume de manera interina la Dirección.

En Misiones Online te cuentan la historia:

Finalmente el Consejo General de Educación decidió separar al director de la Escuela Provincial Técnica 3 de Oberá por no dejar ingresar a alumnos que fueron acusados por un robo. 
La sanción recayó sobre Jorge Romero, quien se negó a dejar ingresar a los estudiantes del último año después de una suspensión por todo el año sin posibilidad de rendir las materias libres, decisión que también había sido cuestionada por el organismo educativo. El vicedirector titular, Eduardo Silvero, asumió de manera interina la dirección.
El conflicto se suscitó por cuatro estudiantes del sexto año de la escuela técnica que están siendo investigados por el robo de una motocicleta de otro compañero. Romero, con el aval del Consejo Asesor de Profesores, decidió suspenderlos, pese a que el hecho se registró fuera de la institución educativa y no hay ninguna decisión judicial en contra de los jóvenes.
Además de la separación del cargo de Romero, se inició una investigación administrativa para determinar si caben sanciones similares a los profesores que se negaron a ponerle notas a los estudiantes.
Los involucrados se escaparon de la escuela, cargaron la motocicleta al auto de uno de ellos y la escondieron en un campo, propiedad de uno de la familia de uno de los alumnos. 
Toda esta situación fue vista por una docente quien dio aviso a la policía que luego encontró la moto, dañada y con indicios de serias intenciones de querer ser desmantelada. Los jóvenes, mayores de edad, confesaron que sustrajeron la moto del otro compañero.
Por esta situación, desde la EPET convocaron a una reunión del Consejo Asesor de docentes, quienes en conjunto con Romero, tomaron la postura de suspender hasta fin de año a los cuatro alumnos y que los mismos no puedan rendir libre y recién se reincorporen en 2015. 
Al conocer la suspensión, desde el CGE emitieron una resolución 147/02 en la que ordenaron reincorporar de manera inmediata a los estudiantes.
El Consejo entiende que los supuestos hechos delictivos que habrían dado lugar a la sanción, aún se encuentran en etapa de instrucción penal, sin haber recaído sentencia firme. “Por lo que todas las apreciaciones que haya emitido Romero, corren por su exclusiva cuenta y responsabilidad, toda vez que este Consejo no convalidó la decisión adoptada otrora; siendo pasible incluso en el futuro de ser denunciado civil y penalmente por calumnias e injurias, de existir tal circunstancia y si hubieren damnificados por ello”.
Desde la EPET revocaron inicialmente la orden de reincorporar a los alumnos y solicitaron una audiencia con el titular del Consejo, que actualmente y de manera interina está a cargo del Ministro de Educación Luis Jacobo. 
Al no recibir respuestas de los pedidos, desde la escuela Técnica hicieron efectiva la medida de suspender a los jóvenes. Pero el Consejo aclara que “el acto administrativo regular se presume legítimo mientras su nulidad no haya sido declarada por autoridad competente” y que “la interposición de recurso no suspende la ejecución del acto administrativo”. “No puede interpretarse que por el mero transcurso del tiempo, existe otro sentido a la decisión de la administración”, sentencia.
Por toda esta situación, es que hoy se llega a la suspensión provisora y preventiva del cargo a Romero, además del inicio de un sumario administrativo. Como así también, la investigación a docentes que no calificaron o puntuaron a los cuatro estudiantes involucrados.
En reemplazo de Romero, asumirá quien estaba como vicedirector, Eduardo Silvero, a quien le ofrecieron el cargo y aceptó a la vacante.
Luego de leer todo esto, pienso y me pregunto: 
¿Que pretende el Consejo General de Educación de Misiones?, que el alumno al que le robaron y estropearon la moto, comparta con los ladrones el espacio de la Escuela hasta que haya sentencia firme dentro de 4 o 5 años?, y todos en la Escuela se hagan los boludos como si no hubiera pasado nada?

Esa resolución que tomaron sólo parece la toma de posición de un grupo de burócratas que cuidan su silla,  por lo que ocurrir pudiera.

Ignoran que en la Escuela no solo se transmiten saberes técnicos, sino también valores, normas de convivencia, etc.
En definitiva estan enseñando que se puede robar a un compañero, mientras un juez no tome intervención y dicte sentencia.

Por suerte, la gente común (el pueblo, bah!), con razonamientos mucho mas simples, ha tomado posición y defiende al Director, como debe ser.


domingo, 27 de julio de 2014

La importancia de una posición soberana.

Cualquiera de nosotros puede estar en contra políticamente de nuestra presidente, Cristina Fernández, y su gobierno.
 
También puede no gustarnos su estilo de comunicación, como luce, su poco apego a la humildad, sus políticas sociales, en fin, hay gran cantidad de cosas por las que uno puede estar en su contra.   Pero,  lo que no podemos decir es que no tiene criterio propio o que en sus políticas se deja influenciar por los "medios de comunicación".

Creo que como pueblo, debemos estar agradecidos por eso, o al menos conformes.
No soy ningún experto en cuestiones financieras, pero percibo que el manejo del tema de "los fondos buitres y el juez Griesa", ha sido por ahora bastante bueno y muy respetuoso de los intereses del pueblo argentino y sus futuros integrantes.

Recuerdo confusamente (porque era muy joven), cuando en el año 1956, la Argentina inició los trámites para su primer préstamo con el FMI, la evocación es que para gran parte de la sociedad de entonces, aquello era casi una afrenta a nuestra soberanía.

Aquí una reseña:
"Un día como hoy, pero en 1956, Argentina, por iniciativa del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, ingresó al Fondo Monetario Internacional, contrayendo así su primer préstamo con dicho organismo internacional. La incorporación argentina fue recomendada por el entonces asesor del gobierno, Dr. Raúl Presbich, quien en su “Informe preliminar acerca de la situación económica”, instó a que la Argentina se endeudara con el exterior.
 “Hay dos serias confusiones en cuanto al empréstito exterior. Primero, que no hace falta; y segundo, que compromete la soberanía nacional (…) Creo que el capital privado extranjero (…) podrá estimular poderosamente el desarrollo económico argentino. ” (1).
Por el decreto–ley Nº 7103, de fecha 19 de abril de 1956, se dispuso que se inicien los trámites necesarios para obtener el ingreso de la República Argentina al Fondo Monetario Internacional y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En años anteriores, el ex presidente Juan Domingo Perón se negó terminantemente a ingresar a ellos, asegurando que dichas instituciones eran un instrumento de sometimiento de los países centrales para imponer políticas a los países periféricos. Diez años después de la decisión de Aramburu, Perón reafirmó su postura desde el exilio en los siguientes términos: “Advertí que en él –el FMI- participarían la mayoría de los países occidentales, comprometidos mediante una larga contribución al Fondo, desde donde se manejarían todas sus monedas, se fijaría no sólo la política monetaria, sino también los factores que directa o indirectamente estuvieran ligados a la economía de los asociados (…) He aquí alguna de las razones, aparte de muchas otras, por las cuales el gobierno justicialista de la República Argentina no se adhirió al Fondo Monetario Internacional. Para nosotros, el valor de nuestra moneda lo fijábamos en el país, como también, nosotros establecíamos los cambios de acuerdo con nuestras necesidades y conveniencias (…) Ha pasado el tiempo, y en casi todos los países adheridos al famoso Fondo Monetario Internacional se sufren las consecuencias y se comienzan a escuchar las lamentaciones. Este fondo, creado según decían para estabilizar y consolidar las monedas del “mundo libre”, no ha hecho sino envilecerlas en la mayor medida.” (2)

(1) PREBISCH, Raúl: “Informe preliminar sobre la situación económica”. Ed. de Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación. Buenos Aires, 1955.

(2) PERÓN, Juan Domingo. Mensaje enviado desde el exilio: Madrid, 1967."

Ahora, pasado el tiempo, casi se consideró una afrenta a nuestra soberanía haber cancelado la deuda con el FMI.

Hoy aparecen 2 buenos artículos en P12 sobre el tema buitres, de Zaiat y Verbitsky.

Dice Zaiat:
La presión de fondos buitres, con la entusiasta colaboración del juez y el apoyo de analistas y medios locales, apunta a que Argentina pise el palito de la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO) contenida en los contratos del canje de deuda en default de 2005 y 2010. Tras ese objetivo se encuentra la insistencia en estas semanas de utilizar el término “negociación” por parte de los representantes legales y de lobby del financista Paul Singer. Si Argentina estuviera negociando mejores condiciones de pago con fondos buitre, antes del 31 de diciembre de este año, cuando vence el plazo de esa cláusula, estaría preparando el terreno para esos nuevos juicios.
Si bien en el prospecto de emisión de los bonos del canje está escrito que se debe tratar de una oferta “voluntaria” del país a otros acreedores, quedará a criterio de otros jueces –no de Griesa– si efectivamente así fue. Por ese motivo Argentina adelantó que acatará el fallo pagando la sentencia, pero en condiciones “justa, equitativas y legales”. No dice que está negociando; reafirma una y otra vez que acepta el fallo, y cuando la delegación argentina se reúne con el enviado de Griesa, Daniel Pollack, lo hace sin la presencia de los abogados de los buitres. Esto forma parte de la estrategia jurídica oficial para no generar las condiciones de costosos futuros juicios, que, según cálculos conservadores, sumarían 120 mil millones de dólares. Ese es el palito que buscan que el gobierno de CFK pise para caer en la violación de la RUFO....................................
Los fondos buitre sostienen que es imposible que la RUFO se aplique, sentencia que es repetida por economistas locales al afirmar que como no es un acuerdo “voluntario”, sino forzado por una sentencia judicial, no correría esa cláusula. Para descubrir el objetivo de esa sugerencia supuestamente desinteresada, Argentina le solicitó a Griesa, y lo reiteró en el encuentro con el enviado del juez Daniel Pollack, que los fondos buitres tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la RUFO. Si tal riesgo fuera nulo, tal cual ellos afirman, el precio de ese seguro debería ser despreciable. Como todos los actores involucrados en el caso saben que no es así, esa propuesta exhibe con transparencia que el objetivo Griesa-Singer es hacer pisar el palito al gobierno argentino de violar la RUFO.
Marina Dal Poggetto, directora del Estudio Bein, especuló sobre cuál es la pretensión de los fondos buitre, señalando que, en principio, deberían tener incentivos en reponer la cautelar, para ellos mismos poder cobrar en algún momento. Sin embargo, estima que eso puede que no sea así, al indicar que “no sabemos cuánta plata invirtieron en CDS (Credit Default Swaps) en contra de la Argentina e incluso en los propios bonos del canje, por los cuales podrían litigar a través de la RUFO si les pagan lo que reclaman por sus bonos no canjeados. Así estarían jugando a tres bandas: bonos defolteados, CDS y títulos del canje”. No es un análisis descabellado teniendo en cuenta la esencia de esos fondos: litigar con deuda soberana.
Insistir con la posibilidad de un próximo default, pese a que el pago ya se realizó en tiempo y forma, como forzar una situación de negociación con Argentina son los componentes más visibles de la posición buitre. Para ello cuentan, además de la siempre buena disposición de Griesa, con analistas, economistas y medios locales para replicar sus opiniones. Una de las preguntas del reportaje realizado por Infojus Noticias a Mara Laudonia, autora de Los buitres de la deuda, es ilustrativa de esa estrategia.
“–La Fundación Paul Singer, del financista que encabeza el fondo NML Capital, donó 100 mil dólares a la ONG Voces Vitales Argentinas, dirigida por la diputada nacional del PRO Laura Alonso. ¿La presión del lobby también existe en la Argentina?
–Hay lobby explícito y otro que no lo es tanto. Lo de Laura Alonso fue explícito porque al ser una ONG tiene que explicar el origen de sus fondos. Pero podemos hablar de todos los negociadores de la deuda en Argentina. Cuando escribía el libro, algunos funcionarios me confesaron que recibieron presiones personales de parte de los fondos buitre, que fueron intimidados por operadores locales. Está probado que hasta realizan operaciones de espionaje sobre los funcionarios. Es el mismo modus operandi que hicieron en Africa: allá se acusó de corrupción a funcionarios que debían negociar con los fondos buitre.”
Lo mismo pasó en el caso de la deuda peruana de mediados de los noventa, que Elliot cobró en el 2000. Una comisión investigadora del Congreso peruano concluyó que hubo funcionarios que facilitaron la operatoria para que Elliot pudiera atacar la deuda peruana.
Esta parte de la estrategia los fondos buitre no la han podido desplegar con éxito porque el gobierno de CFK no está pisando el palito.

Dice Verbistky:

 La visión predominante que los hombres de negocios especializados en la venta de información económica transmiten en portales, diarios, radios, revistas y canales de televisión asocia el default con la catástrofe de fin de siglo, una imaginería para cuya creación Paul Singer realizó todos los esfuerzos concebibles e inconcebibles. El gobierno responde que no pasará nada y con él coinciden incluso otros tenedores de bonos argentinos, tanto originales como reestructurados. Aunque no parece que pueda llegarse a alguna conciliación en las próximas 72 horas la cotización de esos bonos no se derrumbó, una constatación adicional de que es inadecuado el uso del vocablo default para lo que se dirime en estos días...............

La autoridad de Griesa es reverenciada por los mismos políticos y medios argentinos que con razón desmenuzan cada acto procesal de los jueces porteños Norberto Oyarbide o Rodolfo Canicoba Corral. Otro tanto ocurre con la gran mayoría de los políticos de la oposición. Salvo Ricardo Alfonsín y Roberto Lavagna, recomiendan pagar lo que el juez exige sin medir las consecuencias o negociar cualquier solución de apuro que impida un nuevo default. Es decir, beber de un trago la poción mágica que el país ya probó con el megacanje y el blindaje de 2001........................................

El record local corresponde a la diputada del Frente Amplio UNEN, Margarita Stolbizer, para quien lo más importante es advertir que el gobierno nacional intenta “malvinizar la situación, instalar una nueva épica y engañar a la gente”. Con una sinceridad que debe agradecerse agregó que “ni el endeudamiento es siempre malo, ni el desendeudamiento es siempre bueno”. 
Luego de esa confesión sobre aquello que se intenta imponer una vez más a la Argentina, Stolbizer lamentó que “la actitud oficial” afectara “la credibilidad y previsibilidad” del país (como tomador pasivo de propuestas ajenas) y pidió una consulta con las demás fuerzas políticas. Su discurso está emparentado con el de Héctor Méndez. Mientras su salud desmejora a ojos vista, el presidente de la Unión Industrial reclama un “pacto social” para que toda la responsabilidad no recaiga sobre “un jovencito y una señora”, como subestimó al ministro de Economía y a la presidente. 
Los mismos dirigentes políticos y económicos que recriminan al gobierno una presunta falta de respeto por el juez compiten por la expresión más despectiva hacia quienes están lidiando hoy con las consecuencias de una deuda que contrajeron otros. 
Su incongruencia no tiene límites: al mismo tiempo pueden pedir que el gobierno resigne ingresos (disminuyendo o suprimiendo retenciones, como explicaron Massa, Macri, Cobos y Sanz nada menos que en la Sociedad Rural, y excluyendo del impuesto a los ingresos de las personas a los sueldos más altos) y aumente gastos (pagando lo que exigen los fondos buitre y afrontando el riesgo de nuevas exigencias por parte del resto de los acreedores). Sin duda los sucesivos gobiernos kirchneristas han cometido errores en su política económica, que hoy lucha con la temida estanflación, y en el manejo del tiempo en la relación con los acreedores de la deuda soberana. Aún así, la distancia que media entre su liderazgo y las conducciones políticas que se anotan para la sucesión es abismal
. 
La intención de provocar en forma artificial algo que pueda asimilarse con una nueva moratoria quedó muy clara en las palabras del facilitador designado por Griesa, Daniel Pollack, para quien “el tiempo para que la Argentina evite el default es corto”. 
No todos comparten esa estrategia en Nueva York. El diario New York Times se refirió esta semana al “confuso caso de los bonos argentinos”. Sin disimular su escaso aprecio por el juez, dijo que Griesa “no supo tomar en cuenta la complejidad de la situación. 
La audiencia de esta semana dejó en claro que no terminó de entender las transacciones con bonos sobre las que lleva años tomando decisiones”. Recién luego de largos cabildeos con los abogados de las distintas partes, Griesa pareció desentrañar las consecuencias de haber prohibido los pagos a los tenedores de bonos reestructurados con quita. 
En el camino hacia ese descubrimiento mostró su desconocimiento sobre los hechos más elementales de la causa, como las distintas jurisdicciones y monedas de los bonos para cuyo pago la Argentina hizo el depósito en el agente fiduciario habitual y los problemas que su decisión les genera a los bancos involucrados, en Tokio, Buenos Aires, Nueva York, Londres, Luxemburgo y Bruselas. Griesa se sorprendió cuando le explicaron que los bonos bajo ley argentina cuyo pago había autorizado hacer al Citibank, integraban los canjes de 2005 y 2010, comprendían la cuarta parte del total, estaban emitidos en dólares y sus tenedores repartidos por todo el mundo. Cuando terminó de escuchar la explicación de un abogado dijo que “ahora me parece que si esos bonos son parte del canje, la prohibición de pago ordenada debería incluirlos junto con los otros bonos reestructurados”. Comenta el columnista de finanzas del New York Times Floyd Norris: “Como teatro no está mal, pero es difícil que inspire confianza en el sistema legal estadounidense”. Según el diario estos problemas fueron señalados en los distintos escritos y argumentos presentados tanto a Griesa como a la Cámara de Apelaciones pero no parecen haber sido tenidos en cuenta. 
“Es asombroso que esto se manifieste recién después de atravesar un recorrido legal tan extenso en la jurisdicción financiera más sofisticada de los Estados Unidos.” 
Parecería que allí consideran más incompetente al juez que a los representantes argentinos.
¿Un nuevo canje?
Griesa terminó admitiendo que deberá repensar todo de nuevo y según lo que resuelva, el Citibank podría verse “en la disyuntiva de desafiar al juez o desconocer la ley en la Argentina, lo que podría acarrearle consecuencias legales”, sigue el artículo del New York Times. Si en cambio Griesa confirmara la autorización de pago al Citibank, “la Argentina podría explorar una vía para ofrecer un nuevo canje, con bonos emitidos bajo la ley argentina para todos los inversores que aceptaran renunciar a sus bonos emitidos bajo la ley estadounidense. Es probable que el juez trataría de bloquear tal canje”. El artículo concluye describiendo los dilemas del Bank of New York Mellon. “Los fondos de cobertura quieren que el juez le ordene al banco la devolución del dinero a la Argentina. Pero el BONY, temeroso de juicios de los bonistas, quiere conservar el dinero hasta que todo se haya solucionado. A medida que se acerca el miércoles, el juez tiene mucho en que pensar. Habría sido mejor si lo hubiera hecho antes de firmar su resolución o si la Cámara de Apelaciones o la Corte Suprema lo hubieran forzado a hacerlo.” Es triste que para conocer esta evaluación objetiva de las disposiciones adoptadas por el gobierno argentino, sea necesario leer un diario de Nueva York.

Desconozco como terminará este tema, pero al informarme sobre las medidas del Gobierno en el mismo, me tranquiliza percibir que defienden nuestros intereses y no siento esa sensación tan desagradable que me invade, cuando escucho las declaraciones sobre el tema, de los posibles candidatos a suceder a nuestra Presidente en el 2015.





miércoles, 23 de julio de 2014

Apuntes visuales sobre el imperio

En estos dias que nos tienen tan entretenidos con los fondos buitres, Griesa, nuestro posible default técnico y sus consecuencias, puede resultar educativo ver videos como los siguientes que estan en Youtube.


El video completo 


John Perkins en Wikipedia:

John Perkins (28 de enero de 1945, Hanover) es un economistaempresarioescritor y activista estadounidense.

Su libro más conocido es Confesiones de un sicario económico ("Confessions of an economic hit man"), en que denuncia la explotación y neo-colonización de países del tercer mundo por la corporatocracia (conformada por corporaciones internacionales, bancos y el propio gobierno de los Estados Unidos).
Este libro estuvo en la lista de los libros más vendidos del New York Times durante siete semanas.
Su libro más reciente es La historia secreta del Imperio Estadounidense ("The Secret History of the American Empire").
Es entrevistado en el documental Zeitgeist Addendum de Peter Joseph, en el cual hace una breve descripción del tema.
Actualmente John Perkins, quien fue un empleado de agencias del servicio de Inteligencia del gobierno de los Estados Unidos relacionadas a la CIA y autor del libro Confesiones de un Ganster económico1 afirma que la vida del Presidente del EcuadorRafael Correa, esta en peligro. Como antecedente cita el caso del ex Presidente Jaime Roldós Aguilera. Perkins revela que el presidente Jaime Roldós Aguilera fue asesinado por agentes de la CIA al causar la caída del avión en el cual viajaba. Según Perkins este acto fue hecho pasar como un accidente. Sus revelaciones sugieren que lo ocurrido a la ministra de Defensa del Ecuador Guadalupe Larrivafallecida al estrellarse el helicóptero en el que se encontraba, en la base militar de Manta, serían advertencias dirigidas hacia Rafael Correa2 . Se añade a este incidente el ocurrido el 19 de marzo del 2009 cuando el avión utilizado normalmente por el Presidente Correa se estrelló al norte de la ciudad de Quito. El Presidente no viajaba en dicho avión en aquella fecha. Actualmente Rafael Correa tiene mucha seguridad personal y viaja con varios guardaespaldas para evitar posibles atentados de la CIA; gracias a su amistad con John Perkins, sabe de los posibles atentados de que puede ser objetivo.