domingo, 31 de agosto de 2014

Cocodrilo que se duerme, amanece cartera


No podés dejar que 2 diarios y 1 canal de noticias te manejen las expectativas económicas de un país con 40 millones de habitantes, en medio de:

  •      un litigio internacional por el tema de los fondos buitres
  •      una batalla política nacional por las modificaciones a Ley de Abastecimiento
  •      y la disputa política por las elecciones en 2015 que ya comenzó


Esa es mas o menos la síntesis de un buen artículo de hoy de Alfredo Zaiat en P12, que se convierte en una crítica a los responsables de la política económica, principalmente al Banco Central.

Dice el economista:
"...El desarrollo de los negocios de la city del jueves último es un indicador ilustrativo de la dimensión cuantitativa en la comercialización de divisas por fuera de los canales legales.

Es marginal, como se definen a esas operaciones. En jornadas normales, la insignificancia de los montos transados en ese segmento cambiario queda confundida por el giro global. El día del paro la dejó en evidencia. 

Esa poca relevancia en cuanto a las sumas involucradas en transacciones informales tiene en cambio una muy fuerte influencia en la construcción de expectativas económicas y políticas, y en el impacto sobre precios de algunos bienes y de activos financieros.
Las características del negocio del denominado dólar blue son conocidas más allá de que cuando sube su cotización es informada en forma deliberada junto al estado del tránsito y las perspectivas climáticas por gran parte de los noticieros cada treinta minutos. Montos reducidos y una inmensa capacidad de generar incertidumbre económica...."
"...El funcionamiento de la plaza cambiaria no puede quedar en manos del sector privado, formal e informal, si el objetivo oficial es manejar la paridad en términos de competitividad de la economía al tiempo de querer reducir la brecha cambiaria. 
Subir rápido escalones de la paridad cambiaria tiene como efecto la generación de expectativas de una mayor devaluación futura, con resultados indeseados: más compra de dólares por especulación, adelanto de compras para importaciones y retención de liquidación por exportaciones.
El Banco Central había recuperado el control del mercado cambiario luego de la devaluación de enero subiendo la tasa de interés y obligando a los bancos a disminuir sus tenencias de activos dolarizados. 
El BC tiene diferentes herramientas monetarias (segmentación de la tasa de interés para inversión financiera y para financiar consumo e inversiones productivas), financieras (emisión de deuda vía letras), cambiarias (contratos de dólar futuro y estrategias con el tipo de cambio) y regulatorias (sobre entidades financieras y exportadoras) para retomar el control del mercado. 
El equipo económico cuenta además con el Banco Nación y la Anses para intensificar el poder de fuego.
Un mercado financiero y cambiario tan pequeño en términos relativos como el de Buenos Aires deriva en desmesuras si el ritmo lo va definiendo la banca & asociados. 
Con el Banco Central, el Banco Nación y la Anses la gestión económica tiene las suficientes armas para ordenar el mercado cambiario. 
Si bien la escasez de divisas marca límites para una intervención amplia y contundente, pretender transitar un escenario de tensión cambiaria con un pacto de buena convivencia con el sistema financiero revela ingenuidad aunque se conozca toda la burocracia de las resoluciones bancarias. 
El Central tiene que conducir al mercado, no compartir con los banqueros la estrategia de administración del sistema. 
La línea gerencial de la autoridad monetaria tiene que controlar más que buscar la colaboración amigable de los banqueros...."
"...Recuperar el control del mercado de cambios vía el poder de intervención cuantitativo, para la cual el gobierno cuenta con el Banco Central, Banco Nación y Anses-FGS, tiene que estar al servicio de ordenar las expectativas de los agentes económicos sobre el valor del dólar.
La participación de esas entidades oficiales en forma aislada tiene menos chance de ser efectiva. Todas juntas articuladas para intervenir con fuerza para influir sobre las expectativas cambiarias no garantizan el éxito, pero la posibilidad es mayor..."
"..Si el objetivo del equipo económico es tratar de reorientar las expectativas sobre el tipo de cambio y frenar la corrida, para seguir con una política económica expansiva en la actual fase recesiva del ciclo, es esencial no quedar atrapados en la especulación de los privados. 
Se sabe que el dólar es una variable política, además de económica y financiera. Por ese motivo un proceso especulativo sobre el tipo de cambio puede derivar en exuberancias, como en muchos otros casos locales e internacionales, por lo que se requiere de una activa participación oficial para neutralizarlas. 
No colabora en ese sentido continuar con una política de mini devaluaciones porque, en un contexto de escasez de divisas (demanda por importación de combustible y caída del precio internacional de la soja, además de pagar deuda con reservas), conflicto con los buitres y construcción de expectativas a través del segmento blue, deriva en que el mercado (empresas, exportadoras, financistas) apuesten a un sendero creciente de devaluaciones. 
Si esos actores económicos prevén un aumento del precio, y además el Banco Central lo convalida con los ajustes diarios del tipo de cambio, la respuesta previsible será comprar dólares y demorar la venta, esto último en el caso de los exportadores. 
Para recuperar el control cambiario el equipo económico debe aplicar un movimiento de pinza que por un lado le permita desplegar su poder de fuego sobre las diferentes cotizaciones del dólar, y por otro tomar la decisión de frenar las expectativas de devaluación del tipo de cambio oficial acompañada de una política de seducción con la tasa de interés para las colocaciones a plazo en pesos.


viernes, 29 de agosto de 2014

Ley de Desabastecimiento


Tratando de informarme, hoy pasé por "El Cronista" y me puse a leer un artículo titulado "Los 7 pecados capitales de la nueva Ley de Abastecimiento", firmado por un periodista? llamado Manuel Torino.

Los 7 pecados capitales son:
Malparida, Desabastecimiento, Persecución, A contramano del mundo, Mas iguales que otros, Fuga de inversiones y El objetivo oculto.

Me puse a leer para enterarme de cuáles son las disposiciones de la ley que se cuestionan y quienes la cuestionan.

Que artículos se cuestionan no pude enterarme ya que la nota bastante extensa no cita ninguna disposición de la Ley en ningún sitio, se limita a transcribir las críticas de Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA, de Martín Etchegoyen Director Ejecutivo de la  UIA y de Daniel Sabsay, - quien según Anibal Fernandez se dice constitucionalista porque toma el tren en Constitución-.

También critica a la Ley hablando extensamente sobre lo que según él sucede en Venezuela, en el rubro Desabastecimiento.

En persecución política pone como ejemplos de perseguidos a Clarín y a Shell, olvidando lo hecho por Clarin con la Ley de Medios y lo de Shell antes de la devaluación de Enero, también pone como ejemplo a Venezuela.

En Mas iguales que otros la crítica es porque se diferencia a las Pymes de las grandes empresas, como si tuvieran la misma incidencia en el mercado productivo.

Para hacerla corta, según el periodista?, " la norma despertó el rechazo unánime del sector empresario, de una gran parte del arco opositor y de constitucionalistas", el rechazo unánime parece ser de la UIA y de los constitucionalistas, "el Sr. Daniel Sabsay".

NO ES una nota periodística en la que uno se puede informar, es una nota de opinión política e ideológica.

Si es cierto lo que dice Sabsay al final: "Se está institucionalizando lo que hacía Moreno por teléfono", entonces me parece que es una excelente ley, es muy bueno que el Gobierno institucionalice aquellas medidas que favorecen a las mayorías populares.

El artículo completo aquí

miércoles, 27 de agosto de 2014

Las razones del paro general




Si uno intenta conocer las razones del paro de mañana se hace bastante difícil, luego de buscar un rato encontré en una página web del sindicato de luz y fuerza de Córdoba, un "comunicado de la CGT nacional" en donde se explicitan las razones del paro:

  • Caída de salarios, empleo e inflación
  • Impuesto a las ganancias
  • Jubilaciones
En cada uno de los ítems mencionados, hacen una descripción un poco dramática de los mismos, que según la CGT moyanista justifican el paro general.

La caída de los salarios, el empleo y la inflación se la atribuyen a la política económica equivocada del Gobierno, sin decir cuales son precisamente las medidas que producen dichos resultados, y cuales serían las medidas a tomar para revertir dicha situación.

Con respecto al Impuesto a las ganancias creo que no hay mucho que decir, simplemente pienso que en toda mi vida como trabajador asalariado (ahora estoy jubilado), nunca tuve la oportunidad de que me descontaran impuesto a las ganancias.

Y que ataquen al Gobierno con el tema de las jubilaciones clarifica que el fundamento principal del paro es que son opositores políticos, ningún gobierno ha hecho tanto por los jubilados y por la gente en edad de jubilarse, como el actual.

Lo que también pone las cosas en blanco y negro, son los aliados de Moyano, Barrionuevo y Venegas, la Sociedad Rural, la UIA, los medios, Macri, sólo falta que Espert haga alguna declaración de apoyo al paro.

Todo lo anterior indica cuantas deudas nos deja el ministro Tomada, en cuanto a la democratización del movimiento obrero.

Por último un interesante artículo en Infonews sobre los métodos de Micheli en su CTA para la adhesión al paro.


Barrabravas para garantizar los cortes del jueves

El titular de la CTA opositora utilizó barras para controlar una asamblea en la que de otra forma iba a perder su moción para realizar un paro de 36 horas. 

Frente a la crisis política que enfrenta el titular de la CTA opositora, Pablo Michelli, por la pérdida de apoyo en la Asociación de Trabajadores del Estado, su sindicato de origen, apela a barrabravas para intentar mantener el control político del mismo. Tanto en la Asamblea General de afiliados en elClub Ferro Carril Oeste, como en plenarios de delegados, se pudo ver a distintos grupos de barrabravas comandados por el Oso Pereyra, mano derecha de Rafael Di Zeo en el manejo de una de las fracciones de la 12.
Esta pérdida de apoyo es en el Consejo Directivo Nacional y en la gran mayoría de los distritos. Los motivos son diversos y el efecto es uno: las iniciativas de la CTA de Michelli ya casi no convocan estatales, carecen del respaldo político de su gremio de origen, y sólo cuenta con apoyo financiero en función de mantener los equilibrios internos.
La crisis política del michelismo lo lleva a recurrir a métodos burocráticos cada vez más violentos para asegurar sus decisiones y no terminar convirtiéndose en un sindicalista sin sindicato.
El ejemplo más notable fue el plenario realizado el 15 de agosto en la sede nacional del sindicato. Ese día, y frente a la previsión que la mayoría de los delegados de la seccional capital iban a votar en contra de las propuestas de Micheli, se le encomendó a un grupo de alrededor de 30 barrabravas de distintos clubes (se destacaban los de Boca y el Porvenir) controlar el acceso del plenario. La organización del mismo estuvo a cargo del secretario general de ATE Capital, José Luis Matassa (hombre de Pablo Micheli) quien nuevamente delegó en el Oso Pereyra el dispositivo de seguridad.
El plenario, cuyo presumible resultado sería el rechazo al paro de 36 hs de Micheli, terminó en una batalla campal dentro de la sede sindical, donde los barras a fuerza de golpear delegados disidentes y blandir armas blancas impidieron la realización del mismo.
Los hechos de violencia no tuvieron consecuencias más graves por la intervención de Julio Fuentes (Secretario General Nacional) y Eduardo De Gennaro (Secretario Administrativo Nacional) ambos enfrentados a Pablo Micheli, tras ser acusados mediáticamente por éste de desfinanciar su central opositora.
Así, luego de la trágica muerte de Mariano Ferreyra, y distintos episodios de violencia intragremial, Micheli quiebra la historia del ATE de Victor De Genaro y German Abdala, siempre ajeno a la violencia sindical y las prácticas antidemocráticas con el sólo objetivo de no ser un sindicalista desterrado de su organización.

sábado, 23 de agosto de 2014

La Familia Judicial


Hace una semana P12 publicó una noticia interesante que pasó casi desapercibida, la comentó el Lic. Baleno aqui, y me parece interesante compartirla ya que habla de la institución mas opaca del sistema democrático y también por que no? de "la inseguridad jurídica.

Para ciertos fiscales, la familia es lo primero

La entidad le reclamó a la procuradora Alejandra Gils Carbó que dé marcha atrás con la reforma que pone límite al nepotismo en el Ministerio Público. La normativa que cuestiona apunta a fomentar el acceso a cargos por idoneidad y en igualdad de condiciones.
Por Irina Hauser
Los fiscales nucleados en la Asociación Argentina de Fiscales y Funcionarios no quieren perder privilegios. Lo dijeron sin pudor al pedirle a la procuradora Alejandra Gils Carbó que dé marcha atrás con la reforma reglamentaria que disuade el nepotismo en el Ministerio Público que los comprende. 
Le reclaman, casi como una confesión de principios básicos de cofradía judicial, no perder el beneficio de que sus familiares sean nombrados en cargos cercanos a los de ellos o en fiscalías amigas, una práctica histórica que ha copado el sistema de Justicia. 
El planteo ataca una disposición reciente por la cual sólo se puede entrar por concurso y que impide que tengan puestos en el mismo fuero y jurisdicción las personas con relaciones de consanguinidad o convivencia (padres, hijos, hermanos, además de cónyuges o parejas convivientes). La Procuración lo estableció para fomentar el acceso a cargos por idoneidad y en igualdad de condiciones. Paradójicamente, los fiscales asociados dicen que es una medida discriminatoria e inconstitucional.
El llamado “acceso democrático”, tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, fue parte de la reforma del año pasado y uno de los puntos menos discutidos. La ley que lo implementa está vigente y su objetivo es generar igualdad de oportunidades para ingresar al sistema judicial, en contraposición con la clásica costumbre que ha llevado a que sólo consigan puestos quienes tienen un pariente, amigo o alguien que les deba un favor. 
De ahí viene la clásica denominación de “familia judicial”. El nepotismo es, precisamente, la práctica de otorgar cargos o empleos públicos a familiares o amigos sin importar sus méritos.
La Procuración se encuentra haciendo un relevamiento de lazos familiares entre sus filas. En un primer pantallazo encontraron casos de fiscales cuyos apellidos se repiten hasta siete veces en el directorio de sus funcionarios.
“El nepotismo se ha verificado en forma más habitual que lo deseable”, “ha estado vinculado con el ejercicio discrecional del poder” y es “una tendencia al apoderamiento de la administración”, escribió el juez de Necochea Mario Juliano, en un texto que cuestiona la presentación de la Asociación de Fiscales. “Las indeseadas consecuencias del nepotismo se agudizan cuando ocurre en el Poder Judicial, ámbito caracterizado por una burocracia con vocación vitalicia (los cargos lo son) y clara tendencia corporativa, cuyos actos administrativos resultan difícilmente revisables, lo que aparece como poco compatible con la idea de una república democrática”, sostuvo el juez, de la Asociación Pensamiento Penal.
Para aplicar la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario (28.861) la Corte Suprema, la Procuración y la Defensoría tuvieron que reglamentarla. 
Cada una puso sus pautas y criterios. Las del Ministerio Público tienen como rasgo distintivo las restricciones relacionadas con los parientes, que nadie más ha implementado. “No podrá ser seleccionado quien se encontrare alcanzado por lazos de afinidad o consanguinidad hasta el segundo grado, o quien tuviere relación de convivencia –con o sin unión civil– con algún magistrado/a y/o funcionario/a del Ministerio Público Fiscal de la Nación o del Poder Judicial de la Nación, siempre que se desempeñe en el mismo distrito, fuero (nacional o federal) y área de especialización a los que se aspire ingresar”, dice la norma.
Padres, hijos, hermanos o cónyuges no pueden coincidir en el fuero penal ordinario porteño pero –para poner ejemplos– uno podría estar en el federal o en otra especialidad, como contencioso o civil. Antes, la única restricción era que no podían trabajar en la misma fiscalía. El fundamento de la Procuración es “desarmar las asimetrías”. “Con el correr de los años, una gran mayoría de sus integrantes se habrá incorporado por medio de parámetros de admisión más objetivos, equitativos y a la vez respetuosos de las diferencias, en concordancia con el respeto de la manda constitucional de observar la idoneidad sin prevalencias ni preferencias antojadizas, caprichosas o infundadas”, vaticina la resolución.
La Asociación de Fiscales –una entidad gremial, comparable con la tradicional Asociación de Magistrados– se quejó ante Gils Carbó en una nota firmada por su titular Carlos Donoso Castex, uno de los testigos que declararon en defensa de José María Campagnoli en su juicio político. La entidad sostuvo que los límites al acceso a cargos no son “democráticos e igualitarios” como el espíritu de la ley ya que no garantizan el acceso a los cargos en condiciones de igualdad. El parentesco, dicen, “no puede ser una barrera”. Protestan, en particular, porque la limitación no sólo es dentro del Ministerio Público, sino que contempla parentescos en el Poder Judicial, donde las reglas no son tan estrictas. 
Para doblar la apuesta, maldicen porque días atrás se “flexibilizaron las condiciones” para que puedan trabajar en el Ministerio Público Fiscal personas que hayan cumplido condenas, mientras que con anterioridad los antecedentes penales lo impedían. “Mucho menos –advierten– puede estigmatizarse y excluirse de un trato igualitario y democrático a los parientes de los funcionarios o magistrados, fiscales o jueces.”
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Cuando se aprobó la ley que abre ampliamente el ingreso al sistema judicial, una queja extendida de jueces y fiscales era: “¿Por qué no puedo elegir a quien quiero que trabaje conmigo?”. En el caso de la Procuración, según explica la secretaria letrada Andrea Pochak, se intenta que sí puedan elegir. Pero un paso antes de eso, el régimen de ingreso permite que todo el mundo se anote: para el escalafón de servicios auxiliares (personal de maestranza y ordenanzas) hay una entrevista y una pruebita, el que pasa va a sorteo y luego hay una selección; para cargos administrativos hay un examen de respuestas múltiples de cultura general, otro de conocimientos informáticos, los que pasan van al sorteo y entre los que quedan elige el fiscal. Para ser secretario/a letrado hay que dar un examen, según los puntajes se elabora un orden de mérito y al final el fiscal elige. “El nepotismo genera privilegios y colisiona con un buen servicio de justicia”, afirma Pochak.
A la Asociación de Fiscales, de todos modos, no le satisfacen las posibilidades que tendrán los fiscales de armar sus equipos. “Deben tener amplio poder de decisión”, insisten. Dicen que los mecanismos en marcha son onerosos y mucha gente entró a trabajar a la Procuración sin concurso antes de este sistema.
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Hasta ahora se han presentado 1300 aspirantes a servicios auxiliares, 3300 para técnicos administrativos y 1300 para los cargos técnico-jurídicos en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. En todo el país son 23.300 los aspirantes registrados. Gils Carbó no parece dispuesta a ceder ante los cuestionamientos que, en caso de judicializarse –como amagan algunos fiscales– podría poner en riesgo la convocatoria que se hizo hasta el momento.
Completo aquí.

lunes, 18 de agosto de 2014

Los automovilistas de Capital con un futuro difícil

Hace unos días posteábamos esto.

Hoy, P12 publica lo siguiente:


 LAS EMPRESAS DE ACARREO LE RECLAMAN 120 MILLONES A LA CIUDAD

Las grúas quieren levantar más

Las firmas Dakota y BRD, que controlan el estacionamiento de autos en la ciudad, pagan un canon fijo, se quedan con la recaudación, y además reciben sumas millonarias del Estado porteño. Ahora le exigen a Macri el pago de una supuesta deuda de 2007.    Por Werner Pertot
Las dos empresas que hegemonizan el negocio del acarreo de autos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le presentaron un escrito al jefe de gobierno, Mauricio Macri, en el que le reclaman una supuesta deuda por “costos no salariales” desde 2007. 
Según los empresarios, la deuda asciende a 120 millones de pesos. Se trata de las dos compañías que tienen la concesión desde hace 24 años, por la que pagan un canon fijo al Estado porteño y se quedan con la recaudación del acarreo.
Como reveló Página/12, además de ese dinero, el gobierno porteño las financia a través de una partida de la Dirección General de Concesiones: entre 2008 y este año recibieron 122 millones de pesos. Ahora van por el doble.
En julio de este año, Macri resolvió aumentar la tarifa de los parquímetros de 1,40 a 3 pesos, lo que implica un incremento del 114 por ciento. La tarifa del acarreo también aumentó en febrero de este año, por tercera vez en la gestión PRO: en 2008, la subieron de 150 a 190 pesos; en 2012, a 350 y este año, a 450 pesos. Un 200 por ciento de aumento. Por el contrato que firmaron en 1990 con el intendente Carlos Grosso, las empresas Dakota SA y BRD Sacifi se llevan íntegra la recaudación y abonan un canon fijo al gobierno porteño.
El negocio se está ampliando: el gobierno de Macri consiguió pasar una ley por la Legislatura que amplía la cantidad de los espacios con tarifa: se sumarán 140 mil espacios que son gratuitos hasta hoy y, en 2017, se incorporarán otros 2688 espacios más. Más del 45 por ciento de la ciudad pasará a tener estacionamiento medido. La licitación para este cambio estaba prevista para el 15 de agosto, pero se postergó para el 5 de septiembre.
Como informó este diario, las dos empresas no sólo reciben el dinero de la recaudación, sino que vienen recibiendo una suma creciente año a año a través de una partida de la Dirección General de Concesiones, que depende del ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera. El director general, Gabriel Astarloa, no es, sin embargo, un hombre de confianza de Cabrera y no comparten las mismas opiniones sobre este negocio. En la interna tercia, sin demasiadas ganas, el subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich.
El otro actor en el negocio del acarreo es el gremio de Camioneros, que tiene a los trabajadores de las empresas agremiados. El dirigente Hugo Moyano ya consiguió que Macri consiguiera una ley para pagarle una indemnización a los trabajadores de la recolección de la basura que no perdieron su trabajo. Implicó un bono de 220 millones para la ciudad.
En 2007, el sindicato de Camioneros, las dos empresas BRD y Dakota y el gobierno de Jorge Telerman firmaron un acta acuerdo por la que el gobierno porteño se empezó a hacer cargo de pagarles un adicional (el 20 por ciento del sueldo básico del convenio de Camioneros) a los trabajadores de las empresas privadas. También de pagarles las horas que les cobraba la Policía Federal como adicionales. El argumento fue que la tarifa estaba congelada desde los ’90.
Este acuerdo se mantuvo durante el gobierno de Macri, pese a que la tarifa de acarreo creció exponencialmente. En 2008 y 2012, las dos empresas consiguieron que el gobierno porteño les firmara un acta acuerdo donde les mejoraron más el esquema de ganancias. En 2012, el gobierno porteño se comprometió a pagar las multas impagas de los autos acarreados cada fin de mes.
El equipo del auditor porteño Eduardo Epszteyn encontró una partida de la Dirección General de Concesiones que, pese a tener un bajo presupuesto aprobado por la Legislatura, mueve millones hacia las dos empresas del acarreo. “Un barril sin fondo”, lo definió Epszteyn. En 2010, la partida destinada al “alquiler de camiones” tenía 11 mil pesos disponibles y fluyeron 10 millones 700 mil pesos hacia Dakota y BRD. En 2011, fueron 28 millones 612 mil, pese a que el presupuesto era de 70 mil pesos. En 2012, las dos empresas recibieron 32 millones 316 mil pesos, aunque el presupuesto oficial era de 70 mil pesos. En 2013 fue el record: la partida tenía cero pesos de presupuesto, pero gastaron 49 millones 191 mil pesos.
Este año, la partida muestra cuotas regulares mes a mes de aproximadamente dos millones de pesos hacia las empresas. Entre 2008 y la actualidad, las dos empresas recibieron más de 122 millones de pesos. El canon actual que pagan por mes es de 55 mil pesos.
Sin embargo, en la presentación de 50 páginas que le hicieron hace un mes a Macri, firmada por sus presidentes Marcelo Violante (Dakota) y Bernardo Pérez (BRD), reclaman otros 120 millones de pesos (60 cada una) por “costos no salariales” que, según afirman, el gobierno porteño les adeuda desde 2007. En la lista figuran seguros, asesoramiento legal, publicidad y limpieza. El reclamo le llegó directo a Macri porque los distintos funcionarios que deben intervenir no quieren tocar el tema. El todavía procesado jefe de gobierno no resolvió aún que responderá a las dos empresas que la levantan con grúa.
Queda por ver hasta cuando el pueblo de la Ciudad de Bs. As. seguirá dispuesto a financiar estos desmanejos?, el endeudamiento, los aumentos en los subtes, aumentos en los peajes, aumentos en el ABL y aumentos en los Presupuestos que nunca le alcanzan.

miércoles, 13 de agosto de 2014

El "sentido común", esa rareza de la política.

Hoy me sorprendí leyendo en "El Cronista" las declaraciones de Sergio Berni, acerca del proyecto K de la ley para regular los piquetes.

Y me sorprendí porque hace gala de un sentido común que creo que conecta con lo que piensa la gente común que no está ligada a la política.

Recordemos que los piquetes en las rutas nacieron en una situación de extrema gravedad social e institucional, en que mucha gente comía en ollas populares porque no podía "parar la olla propia".
Creo que la situación era de absoluta excepción y por ello dicha práctica fue tolerada por la sociedad, y el poder político con sensibilidad la permitió.

Hoy la situación social creo que cambió mucho, no digo con esto que no hay razones para protestas o reivindicaciones, pero la práctica tan extendida de joder al que no tiene nada que ver con las soluciones exigidas para llamar la atención de los medios, debe terminarse o acotarse lo máximo posible, si no nos encaminamos a una sociedad de quilombo perpetuo para todos.

Se buscan soluciones a los problemas demasiado alambicadas (demasiado progresistas), que lo único que generan son nuevos problemas.

Berni tiene razón, las rutas son para que circulen los vehículos.

 Berni criticó el proyecto K para regular piquetes porque naturalizaría algo que “jode a los argentinos”
El secretario de Seguridad, Segio Bernicuestionó hoy el proyecto, de cuño kirchnerista, para regular las protestas sociales en espacios públicos porque, dijo, legalizaría los piquetes, que son algo que “jode a los argentinos”.
“El espíritu de una ruta es que los ciudadanos puedan circular y no protestar (…) Basta de estosexperimentos raros, que si la protesta es legítima o no es legítima, que si el mediador o no el mediador, que si avisamos o no avisamos: sobre la ruta se circula, es un lugar para transitar”, criticó Berni en declaraciones a radio La Red.
El funcionario calificó a la propuesta que el oficialismo impulsa en el Congreso como una “ridiculez” y pidió: “No queremos que se generen más leyes que jodan a los argentinos”.
“Me preocupan todas estas vueltas estrambóticas e interpretaciones estrafalarias que diferentes diputados intentan generar para solucionar algo tan simple como es asegurarles a todos los ciudadanos la libre transitabilidad y su derecho a circular por dónde quieran y cuándo quieran en la República Argentina”, insistió
Según Berni, “la Constitución y el Código Penal son muy claros: lo único que hay que hacer esponerles un límite a las interpretaciones que cada juez hace de las leyes, como es habitual”.
“Tenemos cientos de miles de lugares para que aquellos que necesitan expresar su disconformidad con respecto a un tema y lo puedan hacer con total libertad. Hay que cuidar el derecho a protestar, pero no en una ruta, no en un lugar que les jorobe los derechos a los demás (…) Cae de maduro que los argentinos queremos circular por dónde sea, cuándo sea, libremente (…) Es tan elemental y tan básico, que no merece ninguna discusión”, concluyó.
El proyecto –para el que el kirchnerismo no pudo lograr ayer un dictamen de consenso en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados- es de la diputada ultrakirchnerista Diana Conti. Entre otras cosas, protege el derecho a la protesta pacífica, obliga al Estado a darles seguridad a esas expresiones y garantizar su difusión, y dispone liberar espacios para el tránsito peatonal y vehicular.

Fuente: AGENCIA DyN

martes, 12 de agosto de 2014

La piratería ¿legal? del asfalto


En esta foto se percibe una mirada de conformidad de Macri con el trabajo de Dietrich, subsecretario de Transporte y Tránsito, quien depende a su vez de Larreta (centro), Jefe de Gabinete.
En dicha conformidad, mas allá de los Metrobuses, seguramente tiene algo que ver el tema tratado en el artículo siguiente, publicado ayer en P12.

Después de leerlo me quedo pensando, ¿ cual es el nivel de acuerdo o complicidad de las fuerzas políticas de la Ciudad con estas prácticas, para que perduren a traves del tiempo?

Tiene sentido la existencia de la Auditoría, que genera informes como estos, a los que nadie les da bola?, o mejor dicho, una Institución de la Ciudad informa sobre gruesas irregularidades en la acción de Gobierno y formalmente no existe ninguna instancia para corregir esas irregularidades.

También me doy cuenta de que de estas reflexiones y las sensaciones que provocan, hay un trecho muy corto hacia "la antipolítica".

Grúas que acarrean millones
Las firmas Dakota S. A. y B. R. D. pagan un canon fijo y se llevan la recaudación por el remolque de autos. Pero el gobierno de Macri les transfiere sumas millonarias: entre 2008 y 2014 ya recibieron 122 millones de pesos.       Por Werner Pertot
Dos empresas hegemonizan el negocio de las grúas en la ciudad desde la época de Carlos Grosso. 
Se sabe que ambas pagan un canon fijo y se llevan la recaudación de las multas por acarreo. 

Menos conocido, en cambio, es que el gobierno de Mauricio Macri les transfiere sumas millonarias a través de una partida de alquiler de vehículos de la Dirección General de Concesiones. 

Sólo en 2013, las dos empresas se llevaron 49 millones de pesos y, entre 2008 y 2014, recibieron ya 122 millones de las arcas públicas. 
Desde la gestión PRO sostuvieron que es una forma de compensar costos. “Es escandaloso. Justifican el alquiler de maquinaria de equipo como un subsidio”, remarcó el auditor porteño Eduardo Epszteyn.
En diciembre del año pasado, la gestión PRO obtuvo una ley de la Legislatura que amplía la cantidad de espacios medidos para estacionar: se sumarán 140 mil lugares ahora gratuitos, por lo que un 45 por ciento de la ciudad tendrá estacionamiento medido. 
En 2017 prevén sumar otros 2688 espacios. 
En julio de este año, Macri resolvió aumentar el costo de los parquímetros un 114 por ciento: la tarifa pasó de 1,40 a 3 pesos.

El acarreo está concentrado en dos empresas desde hace 24 años

El contrato de las grúas está vencido desde 2001 y data de la época del intendente Carlos Grosso, quien terminó su mandato (y su carrera política) en 1992 en medio de denuncias de corrupción.
Las dos empresas que consiguieron el negocio del acarreo y lo manejan hasta hoy son Dakota S. A. y B. R. D. Saicfi. Sus presidentes, en los acuerdos con el gobierno porteño, son Marcelo Violante (Dakota) y Bernardo Pérez (BRD). 
Por el contrato de 1990, las empresas pagan un canon y se llevan completo el dinero de la recaudación: 350 pesos por cada auto acarreado.

Un acuerdo con la gestión PRO de 2012 les mejoró esas ganancias: el gobierno porteño se comprometió a pagar cada fin de mes las multas impagas de los autos acarreados, además de un adicional que pagan a los trabajadores de las empresas privadas agremiados en Camioneros (el adicional corresponde al 20 por ciento del básico del convenio de ese gremio). 

Página/12 intentó consultar al Ministerio de Desarrollo Económico, que conduce Francisco Cabrera, para conocer los montos actuales de esos costos que asume el Estado porteño, pero no obtuvo respuesta.

La cuenta

El equipo del auditor Eduardo Epszteyn encontró, no obstante, una partida del presupuesto de la Dirección General de Concesiones destinada a “alquiler de vehículos” que parece ser utilizada para financiar a estas dos empresas. 

El primer dato curioso es que las empresas reciben una suerte de cuota fija por mes: este año, por ejemplo, Dakota recibió exactamente 1.876.048 pesos en febrero, en marzo y en abril. La diferencia de lo que el gobierno porteño le transfiere por mes fue de centavos. 

La compañía BRD, en tanto, recibió 1.953.504 en febrero, 2.173.543 en abril y otros 2.930.809 pesos ese mismo mes “por adicionales y redeterminación” de precios. 
Según el contrato, son las empresas concesionarias las que debían pagar un canon al Estado, que actualmente es de 55 mil pesos: 34 veces menos que lo que el propio Estado les da a las empresas.

Las órdenes de pago que se despacharon no dan detalles de los motivos de la erogación, salvo un escueto “alquiler de maquinaria”. 

Página/12 pidió alguna explicación sobre estos pagos a la Dirección General de Concesiones, a cargo de Gabriel Astarloa, pero tampoco obtuvo respuesta. 
Otras fuentes de Bolívar 1 apuntaron a un decreto de la época de Jorge Telerman, por el que se acordó con Dakota, BRD y con el sindicato de Camioneros pagarles los adicionales correspondientes al trabajo de la Policía Federal y un adicional sobre los sueldos, dado que la tarifa estaba congelada.

Sin embargo, la gestión PRO firmó otros dos acuerdos en 2008 y en 2012 con estas empresas. Si en el convenio de Telerman se argumentaba con el congelamiento de la tarifa, los dos siguientes la aumentaron “como resultado del proceso inflacionario en el que está sumido el país” –según dice el acta acuerdo de 2012–, lo que, sostuvieron los funcionarios macristas, “dificulta el mantenimiento de la calidad operativa en la prestación del servicio”. “Resulta razonable que los costos económicos inherentes al servicio sean absorbidos por los usuarios directos de los mismos”, afirmó la Dirección General de Concesiones.

“Barril sin fondo”

Lo cierto es que la cuenta que reciben las empresas viene creciendo año a año, según pudo establecer el equipo del auditor Epszteyn. 

En 2010, la partida destinada al “alquiler de camiones” de la Dirección General de Concesiones tenía, según el presupuesto, 11 mil pesos disponibles para gastar. No obstante, a través de reasignación de partidas, se gastaron 10 millones 700 mil pesos, que se repartieron entre Dakota y BRD.


- En 2011, esa misma partida tenía un presupuesto de 70 mil pesos, pero tuvo una ejecución sideral: las dos mismas empresas se llevaron 28 millones 612 mil pesos.


- En 2012, el presupuesto votado por la Legislatura era de 100 mil pesos y se transfirieron a las dos empresas 32 millones 316 mil pesos. - En 2013, tuvo un presupuesto de cero peso, pero a través de esa partida llegaron 49 millones 191 mil pesos a las dos empresas: 25 millones 353 mil pesos para BRD y 23 millones 838 mil pesos para Dakota.


- En lo que va de 2014, ya recaudaron entre las dos 12 millones 686 mil pesos. Siempre en una partida de “alquiler de camiones” y sobre dos empresas que le tienen que pagar al Estado un irrisorio canon anual de 660 mil pesos por año por llevarse, además, la recaudación del acarreo.


“Parece un barril sin fondo donde se va la plata”, sostuvo el auditor Epszteyn, quien alertó sobre el extraño uso de una partida para “alquiler de camiones”: “Es absolutamente irregular. 

Si dicen que es un subsidio es irregular: debieran tener fundamentado por qué lo dan e imputarlo correctamente”, advirtió. “Nadie puede creer que subsidien a las empresas de acarreo, que se lleva toda la recaudación. 
Sólo se justifica por la connivencia que tienen con el Gobierno de la Ciudad”, advirtió. 
A partir de la nueva ley, que extiende los parquímetros al 45 por ciento de la ciudad, debería cambiar la ecuación económica: el gobierno porteño debe licitar el contrato de acarreo en cinco zonas separadas, lo que impediría que dos empresas sigan hegemonizando el negocio. 
Las empresas pasarían a cobrar una cuota fija, mientras que el Estado se llevaría la recaudación, al revés de lo que ocurre ahora. No está claro, sin embargo, qué pasará con la partida que mueve millones hacia las dos empresas de grúas y sobre la que ningún funcionario porteño quiso responder.

domingo, 10 de agosto de 2014

No es fácil gobernar, y también combatir la corrupción.

El 25/07/2014 aparecía el artículo de abajo en Noticias Urbanas, que daba cuenta de que el PRO decidió desmantelar los cuerpos de Peritos Verificadores externos y ejercer el control con personal propio.
Luego de esta decisión y en 15 días ya hubo 3 derrumbes, este, este y este.

Cuando asumío Mauricio Macri estas tareas de control dependían de 1 Direccion General de Fiscalización de Obras y Catastro y 1 Dirección Adjunta y del cuerpo de verificadores externos.
Luego en el año 2008 creó la Agencia Gubernamental de Control, cuya estructura vemos:
Y ahora deciden volver al año 2000, controlar con veinte inspectores, insertos en una estructura histórica de corrupción, las obras de una Ciudad con 3 millones de habitantes, negando sistemáticamente la descentralización de las actividades y el control a las Comunas. 
Cierto es que las Comunas pueden llegar a cometer muchos errores en este tema, por inexperiencia, porque los comuneros, seguramente no son los mejores "cuadros" de los partidos, pero, comparando con lo existente, no creo que lo puedan hacer peor.

El peor presagio

Por Horacio Ríos

Por Redacción Noticias Urbanas / 25 de julio 2014

Esta nota fue publicada en el Semanario Noticias Urbanas Nº 459, que apareció un día antes del derrumbe de Monserrat.

En febrero, en Balvanera, hubo un muerto y cuatro heridos por un derrumbe.
En febrero, en Balvanera, hubo un muerto y cuatro heridos por un derrumbe.
El instituto de la controversia no deja de entregarnos algunas sorpresas a quienes ejercemos el oficio de espiar la realidad para intentar desentrañar, aunque sea, lo que está al alcance de los ojos. La decisión del Gobierno porteño de suprimir el cuerpo de Peritos Verificadores de Obras, constituido por alrededor de 600 profesionales, y reemplazarlo por un cuerpo de 20 inspectores, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), es un claro ejemplo de esto. La medida ya generó una fuerte polémica en una ciudad signada por tragedias como las de Cromañón y Beara, evitables si hubiera funcionado como correspondía el sistema de control estatal. ¿Tendremos que lamentar en el futuro otras muertes evitables? (*)
Una historia desangelada
Escaldado seriamente por una larga serie de denuncias, procesos judiciales, cámaras ocultas que destaparon negocios turbios, sospechas muy fundadas acerca de la existencia de nichos de corrupción y muchas cesantías de funcionarios del Estado debidas a esta razón, el Gobierno porteño decidió, en el año 2000, suprimir el cuerpo de inspectores de obras en construcción y reemplazarlo por un cuerpo de peritos verificadores de obras (PVO), que inspeccionarían las obras en construcción pero no tendrían poder de policía. Su función se limitaba a detectar posibles diferencias entre los planos y las obras efectivamente realizadas e informarlo a las autoridades, que retenían el poder de policía.
Desde entonces, los peritos verificadores de obras debieron navegar en aguas procelosas, sacudidos por oleajes que los obligaron a derivar muchas veces de una costa a otra. En el período que media entre el año de su creación y nuestros días vieron que sus honorarios no aumentaban, hasta convertirse en casi irrisorios, además de cobrarlos con atrasos desconsiderados.
“Los honorarios nuestros los pagan los constructores pero no a nosotros directamente, sino que los depositan en una cuenta del Gobierno de la Ciudad, que nos está pagando con un año de retraso, más o menos. Además, si bien el Gobierno aumentó los impuestos en un 700 por ciento, que debía trasladar a nuestros honorarios, solo nos aumentaron un 50 por ciento”, narra casi en tono de película de terror la presidenta de la Asociación de Profesionales Peritos Verificadores de la República Argentina, Lilian Rodríguez.
Para peor, Mauricio Macri firmó el 4 de julio último el Decreto Nº 271/14, que puso fin a la existencia del cuerpo de peritos verificadores, que serán reemplazados por el cuerpo de inspectores que dependen de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), repitiendo la estructura anterior al año 2000.
La decisión motivó controversias de variada índole. El legislador del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Alejandro Bodart, denunció que “Mauricio Macri está liquidando los controles de la Ciudad”. “Por eso, desde ahora va a haber más corrupción y más muertes en las obras en construcción en la Ciudad. [El titular de la AGC, Juan José] Gómez Centurión no explica cómo 20 inspectores propios, en reemplazo de los mil profesionales verificadores independientes, a quienes dejan sin trabajo, podrán controlar debidamente las 4.000 obras simultáneas que se hacen en la Ciudad, las que a su vez requieren cuatro instancias de inspección cada una. ¿Acaso con menos control no se facilita que haya coimas?”, se pregunta el legislador.
“Antes hicieron algo similar en el área de la Subsecretaría de Trabajo, pero como no pudieron desmantelar el cuerpo de inspectores del sector, ahora no los dejan trabajar.”
Bodart agregó: “Como el poder de policía está en manos de los funcionarios, a veces los inspectores piden la clausura pero no son escuchados. Entonces, en esos casos, si hay problemas posteriores, como ocurrió en algunas ocasiones, el papel lo mismo queda. Por eso quieren echar a los peritos, para que ni eso haya”.
Para el diputado izquierdista porteño, “en la Ciudad rige el vale todo empresarial”. “Habría que recordar que Macri llegó al poder montado sobre una tragedia, pero ahora vamos hacia un estadio superior en la corrupción. Espero que ese señor nunca llegue a presidente”, disparó.
El diputado presentó en la Legislatura porteña un pedido de citación a Gómez Centurión. En los fundamentos de su iniciativa, subraya: “Nuestra ciudad es la de Cromañón, Once, Beara y los derrumbes en obras de construcción, tragedias todas ellas evitables y vinculadas a la falta del debido control por el Estado respecto del cumplimiento de las condiciones de seguridad. Por ende, cualquier medida que implique modificar tales controles debe ser cuidadosamente evaluada. No es este el caso”.
Verificadores en pie de guerra
Los profesionales –arquitectos e ingenieros– que quedarían sin trabajo, que están agrupados en la Asociación ya mencionada, se quejaron porque “contando la Ciudad con más de mil profesionales externos al servicio de la comunidad para realizar las verificaciones de obras, de habilitaciones y ascensores, con un sistema absolutamente transparente –ya que las obras les son adjudicadas por sorteo, porque solo pueden ir a verificarlas una vez y para la siguiente visita se sortea a otro profesional, porque antes de tomar la tarea deben firmar a modo de declaración jurada la inexistencia de vínculo de sangre, amistad o negocios con el propietario, constructor o director de obra, y porque que en 14 años jamás un solo verificador recibió denuncia alguna por irregularidad en su función–, no se entiende su disolución por el Decreto 271/14, salvo pensar que estos profesionales son una mosca que molesta para quien no quiere controlar. Los verificadores están dispuestos a trabajar a cambio de tener que pagar para realizar la tarea y luego esperar meses, hasta un año o año y medio, para cobrarla. Para integrar estos registros el profesional debe tener paga su matrícula, pagar el monotributo cada mes, pagar una encomienda profesional cada vez que tenga que ir a una obra, más gastos de viático, fotocopias o fotografías cuando el caso lo requiere”.
Con mucha dureza, los profesionales verificadores definieron en un documento que “al GCBA tampoco parece preocuparle –según declara el propio titular de la Agencia Gubernamental de Control– que existan 14 mil denuncias por obras con irregularidades pese a haber pasado la verificación. Esos datos, precisamente, la AGC los obtiene de la tarea de los profesionales verificadores de obras, que a su vez desconocen qué hace luego ese organismo con sus informes. Los PVO constatan y declaran las irregularidades observadas en obra y hoy Juan José Gómez Centurión intenta mostrarlas como 14 mil actos de corrupción. El fundamento es espurio y en realidad desnuda su propia ineptitud o desinterés por brindarles seguridad a las personas. Con su actual estructura, la AGC a través de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras está facultada para controlar que una obra no ocasione riesgos y que lo construido cumpla con lo registrado”.
*Esta nota fue publicada en el semanario un día antes del derrumbe en Monserrat

viernes, 8 de agosto de 2014

Nobleza obliga.

Antes de ayer posteaba sobre el Consejo General de Educación de la provincia de Misiones y su resolución con el director de una Escuela de Oberá.
Ayer el Gobierno de Misiones puso las cosas en su lugar, a pesar del Consejo.
La noticia en La Nación:

Misiones: restituyen en el cargo al director de escuela suspendido

A partir de mañana vovlerá a sus funciones en la escuela; los alumnos removidos continuarán sus estudios en otros establecimientos de la ciudad
Por   | Para LA NACION

La medida adoptada por el Poder Ejecutivo misionero que encabeza el radical kirchnerista Maurice Closs, se adoptó minutos antes de la llegada a Oberá de Florencio Randazzo, ministro del Interior y Transporte, que estuvo en Misiones inaugurando obras y entregando subsidios a personas afectadas por las recientes inundaciones.
Romero volverá a asumir sus funciones mañana, luego de que la sanción disciplinaria aplicada en su contra por el ministro de Educación de Misiones, Luis Jacobo, despertara el rechazo en el sector educativo, además de fuertes críticas de parte de organizaciones intermedias, gremios y partidos políticos de todo el país.
El docente venía ejerciendo la dirección de la Epet 3 de Oberá desde 1997. Siempre se manifestó en favor del diálogo con alumnos, plantel de profesores y padres, tendiente a mantener niveles de disciplinas para el mejor cumplimiento de sus tareas específicas.
Los cuatro jóvenes sancionados, podrán continuar sus estudios en otros establecimientos de Oberá, según destacan medios periodísticos de aquella ciudad.