Hospital Borda

Por qué aumentan los impuestos y los peajes en la Ciudad.

Analizando la información disponible en la página del Gobierno de la Ciudad, desde 2005 al 2012, intentamos hacer un análisis de cómo ha propuesto gastar sus recursos el Gobierno de la Ciudad, y decimos “como ha propuesto” porque el análisis lo realizamos sobre las propuestas de Presupuesto.   Tiempo mediante veremos lo ejecutado, cómo lo gastó.

Durante el año 2005 gobernó Anibal Ibarra hasta su suspensión en noviembre.

En los años 2006 y casi todo el 2007 gobernó Jorge Telerman hasta el 9/12/2007, cuando asumió Mauricio Macri quien gobierna hasta la fecha.

 
(click sobre el gráfico para agrandar)

Los datos de inflación hasta el 2010 los sacamos de aquí, donde escriben Laura D´Amato | UBA, Juan Carlos Hallak | UDESA, Eduardo Levy Yeyati | UTDT, Daniel Heymann | UBA – UDESA, Sebastián Katz | UBA-UDESA, Guillermo Rozenwurcel | UNSAM-UBA, Fernando Navajas | UNLP-UBA, gente no sospechada de ser K.

Para 2011 y 2012 tomamos como valores 22,7% y 23% respectivamente.

Eso nos da los siguientes valores para el Presupuesto de la Ciudad, tomando como base el año 2005, si hubiese crecido con la inflación en un caso y el crecimiento real en el otro.

Años	Inflación	Presupuesto                      Real
2.005	6.830.684.312	6.830.684.312
2.006	7.486.430.006	9.907.732.873	45,05%
2.007	8.302.450.877	10.923.381.676	10,25%
2.008	9.323.652.334	14.241.772.454	30,38%
2.009	11.160.411.844	16.755.745.427	17,65%
2.010	12.756.350.738	18.039.387.874	7,66%
2.011	15.652.042.356	26.499.146.432	46,90%
2.012	19.252.012.097	32.905.436.924	24,18%
% Total	281,85	481,72

En el período de Telerman el Presupuesto de la Ciudad se expandió en 2.600 millones aproximadamente sobre la inflación, esto puede tener que ver con las intenciones de Telerman de convertirse en Jefe de Gobierno, con lo que agrandó la estructura del Gobierno y ubicó allí a sectores políticos con los que luego construyó su propuesta política electoral.

Sobre esa base, luego Macri en el período 2008-2012 expandió el Presupuesto en 13.000 millones por sobre la inflación, aumentando groseramente los peajes y el ABL, agrandando nuevamente la estructura del Gobierno, creando Ministerios y Agencias que muy poco han aportado a la gestión de la Ciudad, como podemos ver en los últimos tiempos.

Un Estado activo equilibra la balanza

A comienzos de este año, Pimpi Colombo, Subsecretaria de Defensa del Consumidor, denunció en los medios masivos de comunicación, el comportamiento de ADECUA (Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina), cuyo titular es Sandra González y seis bancos involucrados en una posible estafa a 1.700.000 consumidores, clientes de dichos bancos.
Dicha denuncia se vio reforzada días mas tarde por un discurso de la Presidente, Cristina Fernandez.
En la fecha, el juez que había homologado el acuerdo, actuó de oficio y modificó la realidad denunciada.    La noticia en Pagina 12.

ECONOMIA › LA JUSTICIA ORDENO MODIFICAR LAS PAUTAS DE REINTEGRO FIJADAS EN UN ACUERDO CON ADECUA

El Banco Privado deberá devolver dinero

Un fallo de primera instancia establece que el Banco Privado de Inversiones deberá pagarles a casi 135 mil usuarios el dinero que les cobró de más a través de seguros de vida fijados en distintos créditos.

 Por David Cufré

El Banco Privado de Inversiones deberá reintegrar a sus clientes el dinero que les cobró de más durante tres años a través del seguro de vida que incluye en distintos créditos. La suma total rondaría los 65 millones de pesos. Así lo determinó un fallo de primera instancia del juez en lo comercial Jorge Sicoli. La sentencia, dictada tras una intervención de oficio del magistrado, fue en respuesta a la investigación de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor sobre los acuerdos entre la asociación de consumidores Adecua y seis bancos y financieras. El juez había sido quien homologó el convenio entre esa entidad y el Banco Privado de Inversiones –luego comprado por el Banco Macro–, pero al tomar conocimiento de que sólo 27 personas sobre unas 135 mil afectadas habían logrado recuperar lo suyo, ordenó modificar el mecanismo de liquidación del dinero a los usuarios. De todos modos, esto ocurrirá recién cuando la medida quede firme, tras la intervención de la Cámara luego de la apelación del banco.

La resolución del juez Sicoli es muy crítica de la actitud del banco y de Adecua, a quienes acusa de haberle ocultado que el resultado del acuerdo que él homologó fue “un fracaso”. Página/12 reveló en el verano el contenido de la investigación de Defensa del Consumidor. Allí se menciona que existió un modus operandi entre Adecua y seis bancos y financieras para cerrar juicios millonarios contra esas empresas a cambio de acuerdos donde los acusados se comprometían a devolver lo percibido de manera indebida. Sin embargo, esos mismos arreglos fijaron pautas de comunicación a los damnificados tan opacas que apenas el 0,9 por ciento del total en los seis casos, 15.672 personas, cumplieron los requisitos exigidos y lograron recuperar su dinero, mientras que el 99,1 por ciento, 1.736.499 clientes, jamás se enteraron de la existencia de los arreglos y no obtuvieron nada. Los bancos se ahorraron unos 367 millones de pesos y los abogados de Adecua embolsaron 15,6 millones en honorarios, pagados por las entidades financieras.

El Banco Privado de Inversiones fue uno de los que firmó un acuerdo con Adecua para cancelar el juicio que la asociación de usuarios le había entablado por cobrar de más el seguro de vida incluido en distintos préstamos. En su momento, el juez Sicoli estuvo de acuerdo con la reparación establecida en el convenio, pero ahora emitió una resolución para aclarar que la aplicación de lo pactado fue un fiasco. Como se indicó al comienzo, sobre unos 135 mil damnificados, sólo fueron a reclamar que le devolvieran dinero 27 personas, las cuales cobraron un promedio de 483 pesos cada una. Para el banco significaron 13.062 pesos, una cifra “irrisoria” en comparación con los cerca de 65 millones que debió haber desembolsado para cumplir con todos sus clientes.

El juez ordena ahora que la devolución sea automática a todos los perjudicados, a través de un depósito en la cuenta que cada uno de ellos posea en el banco, o un giro al Banco de depósitos judiciales a nombre de quienes ya no tengan vinculación con la entidad financiera, el cual deberá ser debidamente notificado. También establece que se paguen los intereses correspondientes. Sicoli le exige al banco que le envíe el listado de los pagos dentro de los cinco días de haberlos efectuado. De todos modos, el magistrado aclara que la medida se aplicará “una vez que la presente decisión quede firme”. Es decir, después de que se resuelvan todas las instancias de apelación que le caben al banco.

Antes de tomar esta decisión, el juez convocó el mes pasado a los representantes de Adecua y del Banco Privado de Inversiones. El juez describe en su resolución que las explicaciones dadas sobre el “fracaso” del acuerdo no fueron satisfactorias. “En cuanto a Adecua –dice el juez–, no alcanzo a entender aún el desapego demostrado por esa asociación respecto del resultado de un acuerdo alcanzado por ella, que involucraba a los consumidores que decía defender, pues ciertamente debió ser la asociación la denunciante del fracaso de una instrumentación dada; de lo contrario, la defensa de los derechos que predica queda sólo en un acto declamatorio sin concreción efectiva”, advierte.

María Lucila “Pimpi” Colombo, subsecretaria de Defensa del Consumidor, celebró la resolución del juez. “Estamos muy satisfechos porque nos da la razón en lo que venimos investigando y actúa para cortar un hecho de fraude a los consumidores”, indicó a Página/12.

EN TODO ESTAS VOS, en los negocios nosotros

La Ciudad se inunda como nunca antes, algunos vecinos mueren a causa de ello, otros miles pierden muchos de sus bienes y se preguntan angustiados cuando será la próxima inundación.

En este contexto, el gobierno PRO no da respuestas y sigue indiferente adelante con “sus negocios”.

Leemos en Noticias Urbanas (las negritas son nuestras):

Ciudad

Privatizan el servicio de bicicletas porteño

Por Redacción Noticias Urbanas / 17 de abril 2013

Las bicicletas de la Ciudad se irán a manos privadas. La concesión será por 4 años más uno de prórroga. Se invertirá $135 millones para construir 170 nuevas estaciones.

El viernes pasado al mediodía se abrió el sobre con los licitantes y la adjudicación del “Servicio de provisión, instalación, gestión y mantenimiento del sistema de Transporte Público de bicicletas”.

Aunque la concesión ya figuraba como posibilidad en el artículo 27 de la Ley 2586, que creó el servicio y estipulaba un eventual traspaso a manos privadas por más de cinco años, la entrega del servicio por cuatro años (más uno de prórroga) –que evita enviar el proyecto a la Legislatura- despertó suspicacias entre los diputados de la oposición.

Lo que sí es que la concesión del Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB) es un hecho. Por lo que el sistema dejaría de ser gratuito.

Según el legislador Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur), el ganador de la Licitación Pública Nacional e Internacional número 2937/12, que recibirá 135 millones de pesos del gobierno de la Ciudad, ostentará el servicio por un tiempo menor al requerido por la propia ley, lo que evita su discusión parlamentaria.

Aunque los voceros de la Subsecretaría de Transporte de la CABA aseguraron que no se trata de una concesión, sino de una licitación, el legislador indicó que “se trata de una maniobra encubierta”. En ese sentido, explicó que “deciden usar este formato, en el que entregan el servicio a privados por menos de cinco años, para poder manejarlo en forma discrecional y evitar que pase por el Parlamento”.

Treinta días hábiles después de adjudicado el servicio, la empresa privada ganadora pasará a hacerse responsable de las estaciones existentes (con su personal y costos derivados).

El total de 135 millones de pesos será imputado entre 2013 y 2017 y un diez por ciento (13.500.000), sin embargo, será entregado como adelanto. El resto llegará en cuotas mensuales.

Por su parte, la empresa beneficiada solo deberá sostener el sistema en funcionamiento y disponer las primeras automatizaciones –combinación de enganches automáticos y atención personal- recién a los 120 días de recibido el adelanto.

La primera aparición de obras se vería hacia los 180 días, cuando deberá incorporar hasta 100 estaciones automáticas –agregar setenta a las treinta existentes. Para entonces, la empresa habrá cobrado seis meses de facturación más el anticipo –cuyo descuento se prorratea por los sesenta meses que dura la concesión- hasta realizar una primera inversión. Es decir que podrá afrontar sus costos con 25 millones de pesos aportados por el Estado.

A nueve meses de realizada la adjudicación deberá entregar el total de 200 estaciones –170 nuevas-, y ya habrá recibido más de treinta millones de pesos. “Esto indica una estrategia privatista en la que el Estado paga para que un privado con mínima inversión se haga cargo de lo que podría brindarse estatalmente con eficiencia: un negocio sin plata”, explicó Rafael Gentili, legislador por Proyecto Sur.

Por otra parte, el pliego abre la posibilidad a que el servicio deje de ser gratuito para sus usuarios como lo es hasta el momento. La empresa ganadora deberá cobrar un abono si la autoridad de aplicación –jefatura de Gabinete- lo decidiera. El servicio estará abierto los 365 días del año. De lunes a viernes, de 7 a 22, habrá personal de atención.

Por las noches -y los fines de semana-, funcionarán únicamente las estaciones automáticas. El eventual abono podrá ser anual, semanal o diario, con un límite de uso de una hora –con diez minutos de tolerancia-, cuyo exceso se abonará aparte. Las bicis podrán reutilizarse esperando cinco minutos.

Según el contrato, el GCBA podrá decidir cobrar una tarifa ante “eventuales cambios del servicio”, sin especificar cuáles son. El precio sería decidido por la Autoridad de Aplicación –jefatura de Gabinete-, que podría modificarlo anualmente. En ese sentido, Gentili aseguró que, por ser una tarifa de un servicio público, su valor y eventuales aumentos debieran pasar por la Legislatura.

El contrato también estipulaba la puesta en funcionamiento de un acceso al servicio vía mensajes de texto por teléfonos celulares, pero una resolución firmada por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, dejó sin efecto tal ítem porque “no resultaría un cambio sustancial en el servicio y podría disuadir a posibles oferentes”.

El contrato de 135 millones podría incrementarse además hasta un quince por ciento si la empresa así lo requiriera y el Estado lo considerara pertinente, según lo estipulado en la Ley 2095 en artículo 117. Y si, con el correr de los meses, muestra incremento de precios y costos, podrá pedir además un readecuamiento de precios estipulado para el “mantenimiento de la ecuación económico financiera del contrato, mediante el establecimiento de un valor compensatorio del incremento del costo sufrido por el proveedor del servicio”. El mismo se compondría en un 38% por variación en salarios, un diez por ciento en mantenimiento de las estaciones y un 47 por ciento por las bicicletas, según lo señale el índice de Precios Internos al por Mayor. Y otro cinco por ciento por el Índice General de Precios.

El STPB cuenta hoy con treinta estaciones y 68 mil usuarios que realizan el dos por ciento de los viajes en transporte público en la Ciudad. Desde el GCBA proyectan alcanzar un cinco por ciento a mediano plazo. La empresa ganadora deberá garantizar un servicio de 200 estaciones y 3000 bicicletas. En la actualidad, el sistema tiene 1161 bicicletas –y una orden de compra emitida la última semana de 1000 unidades a recibir en mayo- por lo que la empresa solo agregaría cerca de 800 bicicletas. Además, pasarán a la empresa ganadora los 156 empleados actuales, que significan una inversión de 554.600 pesos mensuales.

Entre los oferentes figuran varias empresas, que debieron acreditar un mínimo de un año de experiencia en al menos una ciudad dentro los últimos diez años. Esto obliga a la intervención de empresas extranjeras, que podrán participar en una Unidad Transitoria de Empresas con –a lo sumo- el 49 por ciento del capital accionario. La ganadora recibirá todo lo que pertenece al STPB y deberá devolverlo –junto a las estaciones y bicicletas provistas por ella- al finalizar la concesión.

Entre las que han consultado para presentar una oferta figuran: Serttel, empresa brasilera que maneja el sistema de Copacabana, en Río de Janeiro; SOGESIC, que provee trabajos de tendido eléctrico a UGOFE, y servicio ferroviario y de subtes, con clientes como ENARSA, la provincia de Mendoza, el Grupo Roggio y Metrovías; la española INDRA, especialista en consultoría y tecnología que realiza los escrutinios electorales en la Argentina hace años y trabajó en la implementación de la SUBE; Candoit y Mantelectric.

Uno de los puntos pendientes de resolución pero no menor, será el del “esponsoreo” con el que contará el sistema. En la concesión se estipula que la empresa deberá adecuar las bicicletas, estaciones y uniformes a la incorporación publicitaria de un esponsor. Si bien se añade que la contratación del mismo correrá por cuenta del GCBA, no se estipula quién cobrará el canon. Hay un antecedente interesante en los sistemas públicos de bicicletas a nivel mundial: en su mayoría, los beneficios de las empresas no salen de los abonos y tarifas, sino de la publicidad. El caso de Serttel, en Brasil, es ejemplar: sus mayores ingresos son de la publicidad, además de los abonos, y solo el 11 por ciento de lo recibido en concepto de sponsor lo traslada al estado.

Por último, el legislador Gentili cuestionó la orientación del proyecto, porque “en el plano anexado con la red de ciclovías y las densidades poblacionales vuelve a generar prioridad de servicios en las zonas norte y sudeste de la Ciudad”, relegando a la zona sur.

Comunas, una necesidad?

Hasta hace unos años atrás, adhería a la idea de la descentralización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde un marco racional y teórico.

Entendía que un Gobierno Comunal integrado por habitantes de los distintos barrios que componen una Comuna, próximo, con responsables conocidos y no anónimos como en la actualidad, necesariamente debería resultar en una mejor forma de administrar los recursos e ir solucionando los diversos problemas que afectan a sus habitantes.

Hoy, luego de haber vivido gobiernos de variadas concepciones políticas, en una Ciudad que no ha tenido problemas presupuestarios y que cuenta con el tercer Presupuesto nacional en orden de magnitud, y que debemos asistir a la repetición incesante de problemas sin resolver que se vuelven cada vez mas complejos por la dinámica de la Ciudad, creo que la necesidad de la descentralización del Gobierno se comienza a convertir en una cuestión de supervivencia para sus habitantes.

La Ciudad ha privatizado prácticamente todos los servicios que presta, recolección de basura, mantenimiento de calles y veredas, mantenimiento del arbolado público, poda de árboles, mantenimiento del alumbrado público, mantenimiento del sistema pluvial, limpieza de sumideros, mantenimiento de semáforos, mantenimiento de Espacios Verdes, ejecución de Obras Públicas, la custodia de sus edificios, etc.

Personalmente, estoy convencido de que no existe el control sistematizado del Gobierno de la Ciudad, sobre las tareas que desarrollan las diversas empresas que tienen adjudicados los distintos servicios, no hay evidencias de que algo así exista.

Cuando uno lee los diversos informes realizados por la Auditoria de la Ciudad

percibe que no existen normas y procedimientos de trabajo en los sectores auditados, que en muchos casos no se respetan las leyes o normas establecidas y que esta realidad no tiene en general ninguna consecuencia para sus autores.

Si uno hace el esfuerzo de leer el Boletín Oficial también percibe que en todos los números aparecen varios anuncios  de búsqueda de expedientes perdidos.

Que puede esperarse de un sistema administrativo que permanentemente pierde sus propias actuaciones?

Esperemos que algún futuro Gobierno tome la fuerte decisión de descentralizar, y ponga la capacidad política y recursos necesarios para ello, ya que no creo posible que dentro del actual sistema de administración centralizada las cosas puedan mejorar.

Gestión en la Reserva Ecológica

Aquí se puede apreciar el reemplazo de los vetustos bancos de plaza de madera por modernos bancos de diseño elaborados en el cómodo hormigón, en la reserva ecológica.

EN TODO ESTAS VOS

El Poder Judicial

En los últimos tiempos hemos conocido información acerca del funcionamiento del Poder Judicial, que a muchos ha sorprendido, ya que siempre esta área del Gobierno ha carecido de las características democráticas que si tienen (con sus falencias) el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

Sobre las características elitistas, corporativas y de opacidad escribe Mario Wainfeld en el siguiente artículo que me parece importante destacar.

Lo apodan “la Justicia”

Democratización, una consigna que pateó el avispero. El poder más elitista del Estado. Los que piensan que eso es un mérito y algunas ideas para mejorarlo. La familia judicial, habría que agrandar la mesa. Cuestiones de competencia. Horarios y vacaciones, jueces trabajando. Se abrió el debate en un poder poco afecto a la visibilidad.

Al Poder Judicial lo apodan “la Justicia”. Es un uso extendido, casi unánime. El cronista libra una cruzada poco exitosa contra esa sinonimia, propone llamarlo por su nombre, no más. La justicia es un anhelo, una plenitud que las instituciones no logran. La actuación del Poder Judicial, si se la mira bien, no la consigue casi nunca. Y casi no hay que reprocharlo. Su finalidad esencial es restaurar equilibrios supuestamente quebrados. Se orienta prioritariamente a dar certezas, fijar las relaciones, que a aspiraciones más profundas y, ay, más difíciles. Por eso la prescripción que cristaliza un derecho o la impunidad por el mero transcurso del tiempo. Por eso la innumerable cantidad de casos que se resuelven por formalidades. Una apelación presentada un rato después de la hora prevista (o en otro juzgado, por error material) es un mejor camino a la derrota absoluta que la falta de derechos.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a “democratizar” el Poder Judicial (PJ en lo sucesivo, con perdón de la sigla): pateó un avispero. El oficialismo suele obrar así, acomete respecto de poderes cristalizados, intocables o poco tocados. Genera un revuelo descomunal, desata polémicas, batallas culturales. El fallecido ex presidente Néstor Kirchner preguntó “¿qué te pasa Clarín? ¿estás nerviosho?”. Y miren todo lo que sobrevino.

Las revueltas que provoca el kirchnerismo no siempre encuentran implementaciones perfectas, pueden derrapar a desmesuras, casi siempre son respuesta a necesidades políticas tácticas. Como sucedió con la ley de medios, siembran en terrenos ya arados o en polémicas ya construidas. La diferencia, nada menor, es que quien se pone al frente es un gobierno dispuesto a desafiar lo establecido.

La convocatoria es válida, aviva pasiones y motiva alineamientos, desafía a los sectores implicados. El hermetismo del PJ se sacudió en estos días. Organizaciones de magistrados se arrogaron la representación de todos sus pares y se rasgaron las vestiduras. Muchos de sus colegas reaccionaron contra la movida unanimista, instada por varios integrantes de la Corte Suprema que tiraron la piedra y escondieron la mano. Jueces, secretarios y fiscales les respondieron que no se reconocían en sus pretendidos representantes. El 27 y 28 de este mes se reunirán en la Biblioteca nacional, a plena luz del día. Una saludable rebelión contra una cultura del silencio.

Tropa de elite: Hablamos del único poder del Estado cuyos integrantes son, en principio, vitalicios y no surgen del voto popular. A los jueces se los moteja de “Su Señoría”, un vocablo nobiliario (dos siglos después de la Asamblea del Año XIII) chocante a cualquier criterio republicano. Son, lejos, el poder del Estado más aristocrático. Para colmo, se agrega la autoexención del pago de Impuesto a las Ganancias, surgida de una capciosa interpretación del principio constitucional de intangibilidad de sus salarios.

El elitismo deriva de la propia conformación de la magistratura: sólo la componen abogados. Es una obviedad, dirá usted, por las tareas que desempeñan. Así es, pero el sesgo del elenco judicial no debe pensarse como una virtud o como un rasgo neutral sino como un lastre. Fuerza a tratar de compensar su elitismo y sectarismo, digamos congénitos. Asombra la asimetría de los jueces con los legisladores del Congreso nacional (la Cámara de Diputados en especial) en lo tocante a diversidad ideológica, cultural y social de sus integrantes.

El cronista se adelanta a suspicacias. No está proponiendo un cambio copernicano, “a la boliviana”. Apenas señala un escollo para que un poder público propenda a la diversidad y atenúe su elitismo.

En un trabajo profundo y recomendable (“¿Cómo y sobre qué debe rendir cuentas el sistema judicial?” http://www.sistemas judiciales.org.), el jurista Alberto Binder clava una pica en Flandes. “El Poder Judicial tiene una legitimidad frágil que debe ser custodiada por los propios jueces.” La legitimidad de presidentes, gobernadores, intendentes, parlamentarios o concejales se supedita al veredicto popular. En un interesante reportaje con Página/12 la defensora oficial Stella Maris Martínez afirma que la legitimidad del PJ debe surgir de prestar “un servicio público digno a la gente”. La mayoría de magistrados y funcionarios no presta atención a los litigantes. Muchos no los ven jamás o casi nunca. La cultura judicial es “leerse” en las valoraciones de sus pares, de los académicos, de los abogados como mucho.

Lo importante es la familia: La expresión “familia judicial” es sugestiva. Pinta a un grupo con lealtades firmes más allá de lo funcional y a un poder donde las presencias familiares se reproducen merced a ingresos nepotistas por los tramos más bajos. Stella Maris Martínez y el juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni (en otra entrevista concedida a este diario) abogaron por abrir las puertas de los tribunales a más aspirantes. Desde adentro, la tendencia prevaleciente es tapiarlas. Las universidades del conurbano bonaerense, en las que se forman jóvenes que son la primera generación de su familia en acceder a un título de grado, serían un buen “semillero” de oxigenación. Más concursos en rangos bajos, una herramienta posible, aunque la entorpece la significativa cantidad de personal contratado que revista en los tribunales federales o nacionales. Los concursos para secretarios en materia federal o nacional fueron abolidos por la aciaga Corte Suprema menemista, sería interesante revisar su medida. Abrir, ventilar, pluralizar desde abajo, son buenos objetivos.

Hablo para que no me entiendas: La jerga forense es otro factor elitista. Está plagada de expresiones ajenas al lenguaje común, poco atentas a la perspectiva del receptor. Otra característica antidemocrática y aun antipopular.

Binder da en la tecla de nuevo cuando describe “el modelo usual de sentencias”: “información irrelevante, formas expresivas arcaicas, nula, preocupación por la comunicación, defectos formales y carencia de razonamientos son una constante demasiado extendida”. Frente al problema detecta “poco entrenamiento y preocupación”.

A diferencia de legisladores, gobernadores, ministros o presidentes los jueces no dependen para progresar en su carrera, o para mantenerse, de que el judiciable los entienda y les crea.

La notificación judicial de casi cualquier acto es incomprensible aun para una persona con buena formación intelectual que no sea abogado. Una citación no se entiende, un mandato necesita ser traducido al castellano. A nadie se le ocurre predicar que, cuanto menos, en las comunicaciones a las partes se combinen el vocabulario formal con otro inteligible para el vulgo. Toda una señal.

Cuestiones de (in)competencia: Lo críptico, lo cifrado es un atributo del poder autoritario. Vale también para las reglas de la competencia de los Tribunales. Materia abstrusa que proporciona un rebusque formidable a quienes aspiran a chicanear los trámites. Los peloteos de juzgado a juzgado muchas veces demoran más que el fondo del pleito. La cultura judicial es muy celosa con esas minucias, agrava las dificultades. El argumento-pretexto es la gran especialización de los magistrados. En rigor, el formalismo prima sobre el afán de prestar decorosamente un servicio público. La competencia es muy restrictiva, detallista, restrictiva.

Pero en chocante contrapartida, existe otra institución aun más incomprensible para cualquier lego. Es el “control difuso” que consiste en que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier ley.

Usted, imagino, supondrá que un juez debe seguir la jurisprudencia constitucional de su Cámara Superior o de la misma Corte si han fijado un criterio. Usted piensa con lógica, vade retro: se equivoca. Aunque haya jurisprudencia en contrario, aun en la cúspide del PJ, cualquier juez puede decretar una inconstitucionalidad.

El mecanismo es ensalzado como prueba de autonomía cuando es anárquico, tiende a debilitar a otro estamento del Estado. Edifica una jerarquía “de facto” que nada tiene que ver con la afamada división de poderes. Y genera incerteza, por no decir inseguridad jurídica...

Una solución que (horror) simplificaría sería crear un método por el cual un tribunal constitucional –la Corte Suprema– fuera el único que pueda declarar inconstitucional una ley del Congreso. E impedir, para lo sucesivo, que esa ley se ejecutara. Sería una solución imperativa para el resto de los tribunales y para los otros poderes. Julio Maier es un destacado jurista, eminencia en Derecho Procesal Penal, docente universitario, ex juez. Afirma que esa solución es viable y no requiere reforma de la Carta Magna. La mayoría de la Academia cree que ese cambio solo podría provenir de una reforma constitucional.

Cautelar fácil: Caso Clarín mediante, los abusos de medidas cautelares están de moda, también el debate respectivo. La explicación será entonces breve. Un mecanismo de protección se transforma en un sustituto perverso de la sentencia.

Las prisiones preventivas son uno de los abusos más repetidos y más preocupantes de las cautelares. Acá hay que distribuir responsabilidades: “la tribuna”, muchos periodistas, funcionarios y dirigentes políticos claman por detenciones durante el proceso, que deben ser excepcionales (ver asimismo recuadro aparte). El saldo de una prisión preventiva apresurada o injusta suele ser arrasador. Un juez no debe castigar a quien no ha sido condenado y se presume inocente.

La cultura del trabajo: Un servicio público que, en lo primordial, cierra durante un mes y medio al año es algo chocante... fuera de Tribunales. La pésima costumbre de un mes y medio de “feria” combina privilegio sectorial con perjuicio a los ciudadanos. Acentúa la prolongación de los juicios, que hibernan en verano y en invierno.

Según las normas vigentes, el horario de los jueces y secretarios federales y nacionales se extiende de 7.30 a 13.30. Treinta horas semanales durante diez meses y medio es una carga modesta, para gente que hoy día cobra muy buenos sueldos y jubilaciones muy superiores aun respecto de quienes tengan similares ingresos.

Desde luego, es un milagro encontrar a un juez a la hora de iniciación. Más de una vez, organizaciones de abogados hicieron recorridas tempranas que resultaron desoladoras: ausentismo casi perfecto.

Los magistrados afirman que es ocioso llegar tan temprano, que laboran mucho y mejor fuera de hora, amén de llevar trabajo a sus casas. Hay numerosos casos en que es así, hay otros que no. El control sistémico es cero.

Sean eternos (solamente) los laureles: La duración de juicios de todas las competencias frisa con la denegación del derecho, con estimables excepciones.

La cantidad de jueces puede ser parte de los motivos. La demora en la cobertura de juzgados vacantes (que pesa básicamente sobre el Ejecutivo) también.

Otro núcleo son los códigos procesales. La abrumadora predominancia de lo escrito y del papeleo vicioso. La proliferación de instancias. La existencia de códigos procesales diferentes en surtidas provincias no es el nudo del problema, aunque también lo acentúa.

Y los desempeños de los magistrados quizá sea la principal. Que dos juzgados del mismo lugar y de similar competencia produzcan resultados muy diferentes en calidad de la atención al público, duración de los expedientes y calidad de las sentencia comprueba que los factores personales pesan mucho.

Los plazos para el dictado de sentencias de primera instancia y de Cámara están fijados por ley. Para la Corte Suprema, no. Hay una lógica jerárquica: no hay tribunal superior que pueda sancionarla. Pero sería un gesto de autoridad y ejemplaridad que la Corte se autorregulara y se los impusiera.

Y mucho más: Esta nota, que queda corta en temas a abordar, deja entre paréntesis aspectos que sólo podrían corregirse mediante reforma constitucional. No es un punto de vista valorativo sino un recorte tendiente a insinuar aspectos que ya podrían comenzarse a trabajar.

No habla, tampoco, del Consejo de la Magistratura, que es una calamidad y no funciona a satisfacción de nadie.

No se centra en responsabilidades o carencias de otros poderes. No porque no existan sino porque han sido y serán objeto de otros artículos. También hay que señalar otra diferencia. Los integrantes de los poderes políticos son cuestionados y puestos bajo la lupa por sus propios pares. Los dirigentes de distintos partidos señalan sin piedad las carencias o defectos del otro. Ese debate iluminador se da todos los días. Es una consecuencia de la competencia democrática, inaplicada en un poder donde no la hay. La cultura judicial, refractaria a las discusiones abiertas a la sociedad, empeora el problema.

Ya que de cultura hablamos. Es forzoso imaginar cambios en las leyes, en los códigos de procedimientos, en los mecanismos de control, en perforar el secretismo judicial. Pero nada cambiará si los magistrados no hacen introspección, se bajan del pedestal, elaboran un mínimo inventario de los beneficios y exenciones especiales de que gozan. Si no ponen en cuestión su cultura interna, su cerrazón, la escasa representatividad que tienen. No en términos de popularidad sino como expresión de un sector muy acotado de la sociedad.

Democratizar la democracia siempre es imperioso, en todos los ámbitos. A más oscuridad, a más sectarismo, a menos intervención popular es mayor la necesidad. Con amplio debate público, dentro de la ley, con afán de cambio y oxigenación.

Macri lanzó la campaña 2013

Muchos cuando leen las noticias o miran las filmaciones de la represión en Parque Centenario, no le encuentran mucho sentido político a tales hechos.

Me parece que el proyecto de enrejar el Parque Centenario, es la excusa que utiliza el PRO, para interpelar a sus votantes y al resto de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

Con la represión realizada por la Policía Metropolitana está exponiendo claramente su visión de la realidad y la contrapone con la del Gobierno Nacional.

Nos está diciendo claramente que están de acuerdo en reprimir la protesta social, cual es el rol que creen que debe tener la Policía, cual es su visión del espacio público y que no tiene interés en acordar con otros actores sobre dicha visión.

Está en campaña, se dirige a sus votantes y a la clase media de la Ciudad con el discurso simple del Orden.

Luego en la realidad, el espacio público es tierra de nadie, las plazas y parques carecen de los publicitados Guardianes de Plaza, el servicio de Higiene Urbana es de los mas caros y deficientes, las inundaciones se repiten en forma monótona, etc., etc., pero esa es la realidad que es distinta del discurso o del relato.

Ese discurso simple le ha dado buenos resultados y creo que los seguirá dando, mientras no se le oponga una propuesta seria que trate de conectar con los habitantes de la Ciudad.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Wz1LnTC3500

Contacto con los Federales

El viernes 7 de diciembre de 2012, 5 minutos antes de salir de viaje de vacaciones, fuimos asaltados en nuestro domicilio, por 4 personas que portaban armas y que me interceptaron en la escalera del edificio (vivo en un 1er. Piso).

Pasamos un muy mal rato, perdimos cosas materiales y tomamos contacto con una realidad que no conocíamos en profundidad, la policía federal en acción.

A los 10 minutos de producido el hecho se hicieron presentes 3 o 4 patrulleros con unos cuantos agentes que cortaron la calle y revisaron el edificio hasta que un vecino les informó que los delincuentes se habían ido en una camioneta.

La percepción que tuve del accionar policial fue el de un grupo de gente uniformada y armada sin ideas claras sobre como proceder o sin intenciones de hacer algo. 

Sin conducción, me interrogaron 3 o 4 veces personas distintas.

Sin una metodología adecuada sobre como proceder, le indicaron al encargado que tocase los timbres de todos los departamentos para verificar que los delincuentes no estuviesen en alguno.

Sin intención aparente de encontrar y/o capturar a los delincuentes, ya que no pasaron ningún aviso sobre los mismos y del vehículo en que se desplazaban.

Esto sucedió a las 22,45hs., a las 01hs todavía no me habían tomado la denuncia, pese a que no se veía a ninguna persona denunciando nada.

Quizá la experiencia indique que capturar a los delincuentes en este tipo de robos es prácticamente imposible, pero eso depende mucho de los recursos y los métodos que se aplican a la tarea.

Me impactó como mucho más profesional la tarea de los ladrones, que la tarea policial.

Esta última en el momento de los hechos muy improvisada, y luego parece ser sólo burocrática, toman la denuncia (después de insistir) para la estadística y para armar un expediente que enviarán al fiscal correspondiente, que vaya a saber que hará con el mismo.

La sensación que me quedó es que la tarea policial es apenas preventiva y de ninguna manera activa.

En las frecuentes reuniones vecinales sobre seguridad, los vecinos siempre piden mas patrulleros, mas policías, mas cámaras de filmación.

 

Me parece que sin una formación profesional adecuada, sin gente calificada en el tema pensando en como utilizar esos recursos, es malgastar el dinero.

Creo también que en una fuerza vertical como es la policía, los niveles inferiores reproducen los hábitos y comportamientos de los niveles superiores.

Así como se informa acerca de la incorporación de tecnología en patrulleros, utilización de GPS, etc. , pareciera que no se da la misma importancia a la formación del personal, tanto del que actúa en la calle, como al personal técnico de soporte, que es esencial para una tarea policial que no sea solo preventiva.