En este contexto, el
gobierno PRO no da respuestas y sigue indiferente adelante con “sus negocios”.
Leemos en Noticias Urbanas
(las negritas son nuestras):
Privatizan el servicio
de bicicletas porteño
Por Redacción Noticias Urbanas / 17 de abril 2013
Las bicicletas de la Ciudad se irán a manos privadas. La concesión
será por 4 años más uno de prórroga. Se invertirá $135 millones para construir
170 nuevas estaciones.
El viernes pasado al
mediodía se abrió el sobre con los licitantes y la adjudicación del “Servicio
de provisión, instalación, gestión y mantenimiento del sistema de Transporte Público de bicicletas”.
Aunque la concesión ya
figuraba como posibilidad en el artículo 27 de la Ley 2586, que creó el servicio
y estipulaba un eventual traspaso a manos privadas por más de cinco años, la
entrega del servicio por cuatro años (más uno de prórroga) –que evita enviar el proyecto a la Legislatura- despertó
suspicacias entre los diputados de la oposición.
Lo que sí es que la
concesión del Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB) es un hecho.
Por lo que el sistema dejaría de ser gratuito.
Según el legislador
Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur), el ganador de la Licitación Pública
Nacional e Internacional número 2937/12, que recibirá 135 millones de pesos del
gobierno de la Ciudad ,
ostentará el servicio por un tiempo
menor al requerido por la propia ley, lo que evita su discusión parlamentaria.
Aunque los voceros de la Subsecretaría de
Transporte de la CABA
aseguraron que no se trata de una concesión, sino de una licitación, el
legislador indicó que “se trata de una maniobra encubierta”. En ese sentido,
explicó que “deciden usar este formato, en el que entregan el servicio a
privados por menos de cinco años, para poder manejarlo en forma discrecional y
evitar que pase por el Parlamento”.
Treinta días hábiles
después de adjudicado el servicio, la empresa privada ganadora pasará a hacerse
responsable de las estaciones existentes (con su personal y costos derivados).
El total de 135 millones
de pesos será imputado entre 2013 y 2017 y un
diez por ciento (13.500.000), sin embargo, será entregado como adelanto. El
resto llegará en cuotas mensuales.
Por su parte, la empresa
beneficiada solo deberá sostener el sistema en funcionamiento y disponer las primeras automatizaciones
–combinación de enganches automáticos y atención personal- recién a los 120
días de recibido el adelanto.
La primera aparición de obras se vería hacia los 180 días,
cuando deberá incorporar hasta 100 estaciones automáticas –agregar setenta a
las treinta existentes. Para entonces, la empresa habrá cobrado seis meses de
facturación más el anticipo –cuyo descuento se prorratea por los sesenta meses
que dura la concesión- hasta realizar una primera inversión. Es decir que podrá
afrontar sus costos con 25 millones de pesos aportados por el Estado.
A nueve meses de realizada la adjudicación deberá entregar
el total de 200 estaciones –170 nuevas-, y ya habrá recibido más de treinta
millones de pesos. “Esto indica una estrategia privatista en la que el Estado paga para que un privado con
mínima inversión se haga cargo de lo que podría brindarse estatalmente con
eficiencia: un negocio sin plata”, explicó Rafael Gentili, legislador por
Proyecto Sur.
Por otra parte, el pliego abre la posibilidad a que el servicio
deje de ser gratuito para sus usuarios como lo es hasta el momento. La
empresa ganadora deberá cobrar un abono si la autoridad de aplicación –jefatura
de Gabinete- lo decidiera. El servicio estará abierto los 365 días del año. De
lunes a viernes, de 7 a
22, habrá personal de atención.
Por las noches -y los
fines de semana-, funcionarán únicamente las estaciones automáticas. El
eventual abono podrá ser anual, semanal o diario, con un límite de uso de una
hora –con diez minutos de tolerancia-, cuyo exceso se abonará aparte. Las bicis
podrán reutilizarse esperando cinco minutos.
Según el contrato, el
GCBA podrá decidir cobrar una tarifa ante “eventuales cambios del servicio”,
sin especificar cuáles son. El precio sería decidido por la Autoridad de Aplicación
–jefatura de Gabinete-, que podría modificarlo anualmente. En ese sentido,
Gentili aseguró que, por ser una tarifa de un servicio público, su valor y
eventuales aumentos debieran pasar por la Legislatura.
El contrato también
estipulaba la puesta en funcionamiento de un acceso al servicio vía mensajes de
texto por teléfonos celulares, pero una resolución firmada por el jefe de
Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, dejó sin efecto tal ítem porque “no
resultaría un cambio sustancial en el servicio y podría disuadir a posibles
oferentes”.
El contrato de 135 millones podría incrementarse además
hasta un quince por ciento si la empresa así lo requiriera y el Estado lo
considerara pertinente, según lo estipulado en la Ley 2095 en artículo 117. Y si, con el correr de
los meses, muestra incremento de precios y costos, podrá pedir además un readecuamiento de precios estipulado para el
“mantenimiento de la ecuación económico financiera del contrato, mediante el
establecimiento de un valor compensatorio del incremento del costo sufrido por
el proveedor del servicio”. El mismo se compondría en un 38% por variación
en salarios, un diez por ciento en mantenimiento de las estaciones y un 47 por
ciento por las bicicletas, según lo señale el índice de Precios Internos al por
Mayor. Y otro cinco por ciento por el Índice General de Precios.
El STPB cuenta hoy con
treinta estaciones y 68 mil usuarios que realizan el dos por ciento de los
viajes en transporte público en la Ciudad. Desde el GCBA proyectan alcanzar un cinco
por ciento a mediano plazo. La empresa ganadora deberá garantizar un servicio
de 200 estaciones y 3000 bicicletas. En
la actualidad, el sistema tiene 1161 bicicletas –y una orden de compra emitida
la última semana de 1000 unidades a recibir en mayo- por lo que la empresa solo
agregaría cerca de 800 bicicletas. Además, pasarán a la empresa ganadora
los 156 empleados actuales, que significan una inversión de 554.600 pesos
mensuales.
Entre los oferentes
figuran varias empresas, que debieron acreditar un mínimo de un año de
experiencia en al menos una ciudad dentro los últimos diez años. Esto obliga a
la intervención de empresas extranjeras, que podrán participar en una Unidad
Transitoria de Empresas con –a lo sumo- el 49 por ciento del capital
accionario. La ganadora recibirá todo lo que pertenece al STPB y deberá
devolverlo –junto a las estaciones y bicicletas provistas por ella- al
finalizar la concesión.
Entre las que han
consultado para presentar una oferta figuran: Serttel, empresa brasilera que
maneja el sistema de Copacabana, en Río de Janeiro; SOGESIC, que provee
trabajos de tendido eléctrico a UGOFE, y servicio ferroviario y de subtes, con
clientes como ENARSA, la provincia de Mendoza, el Grupo Roggio y Metrovías; la
española INDRA, especialista en consultoría y tecnología que realiza los
escrutinios electorales en la
Argentina hace años y trabajó en la implementación de la SUBE ; Candoit y Mantelectric.
Uno de los puntos
pendientes de resolución pero no menor, será el del “esponsoreo” con el que
contará el sistema. En la concesión se estipula que la empresa deberá adecuar
las bicicletas, estaciones y uniformes a la incorporación publicitaria de un
esponsor. Si bien se añade que la contratación del mismo correrá por cuenta del
GCBA, no se estipula quién cobrará el canon. Hay un antecedente interesante en
los sistemas públicos de bicicletas a nivel mundial: en su mayoría, los
beneficios de las empresas no salen de los abonos y tarifas, sino de la
publicidad. El caso de Serttel, en Brasil, es ejemplar: sus mayores ingresos
son de la publicidad, además de los abonos, y solo el 11 por ciento de lo
recibido en concepto de sponsor lo traslada al estado.
Por último, el
legislador Gentili cuestionó la orientación del proyecto, porque “en el plano
anexado con la red de ciclovías y las densidades poblacionales vuelve a generar
prioridad de servicios en las zonas norte y sudeste de la Ciudad ”, relegando a la zona
sur.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario