Cualquiera de nosotros puede estar en contra
políticamente de nuestra presidente, Cristina Fernández, y su gobierno.
También puede no gustarnos su estilo de comunicación,
como luce, su poco apego a la humildad, sus políticas sociales, en fin, hay
gran cantidad de cosas por las que uno puede estar en su contra. Pero, lo que no podemos decir es que no tiene
criterio propio o que en sus políticas se deja influenciar por los "medios
de comunicación".
Creo que como pueblo, debemos estar agradecidos por eso,
o al menos conformes.
No soy ningún experto en cuestiones financieras, pero
percibo que el manejo del tema de "los fondos buitres y el juez
Griesa", ha sido por ahora bastante bueno y muy respetuoso de los
intereses del pueblo argentino y sus futuros integrantes.
Recuerdo confusamente (porque era muy joven), cuando en
el año 1956, la Argentina inició los trámites para su primer préstamo con el
FMI, la evocación es que para gran parte de la sociedad de entonces, aquello
era casi una afrenta a nuestra soberanía.
Aquí
una reseña:
"Un
día como hoy, pero en 1956, Argentina, por iniciativa del presidente de facto
Pedro Eugenio Aramburu, ingresó al Fondo Monetario Internacional, contrayendo
así su primer préstamo con dicho organismo internacional. La incorporación
argentina fue recomendada por el entonces asesor del gobierno, Dr. Raúl
Presbich, quien en su “Informe preliminar acerca de la situación económica”,
instó a que la Argentina se endeudara con el exterior.
“Hay dos serias confusiones en cuanto al
empréstito exterior. Primero, que no hace falta; y segundo, que compromete la
soberanía nacional (…) Creo que el capital privado extranjero (…) podrá
estimular poderosamente el desarrollo económico argentino. ” (1).
Por el decreto–ley Nº 7103, de fecha
19 de abril de 1956, se dispuso que se inicien los trámites necesarios para
obtener el ingreso de la República Argentina al Fondo Monetario Internacional y
al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En años anteriores, el ex presidente Juan Domingo Perón se negó terminantemente a ingresar a ellos,
asegurando que dichas instituciones eran un instrumento de sometimiento de los
países centrales para imponer políticas a los países periféricos. Diez años
después de la decisión de Aramburu, Perón reafirmó su postura desde el exilio
en los siguientes términos: “Advertí que en él –el FMI- participarían la
mayoría de los países occidentales, comprometidos mediante una larga
contribución al Fondo, desde donde se manejarían todas sus monedas, se fijaría
no sólo la política monetaria, sino también los factores que directa o
indirectamente estuvieran ligados a la economía de los asociados (…) He aquí
alguna de las razones, aparte de muchas otras, por las cuales el gobierno
justicialista de la República Argentina no se adhirió al Fondo Monetario
Internacional. Para nosotros, el valor de nuestra moneda lo fijábamos en el
país, como también, nosotros establecíamos los cambios de acuerdo con nuestras
necesidades y conveniencias (…) Ha pasado el tiempo, y en casi todos los países
adheridos al famoso Fondo Monetario Internacional se sufren las consecuencias y
se comienzan a escuchar las lamentaciones. Este fondo, creado según decían para
estabilizar y consolidar las monedas del “mundo libre”, no ha hecho sino
envilecerlas en la mayor medida.” (2)
(1) PREBISCH, Raúl: “Informe
preliminar sobre la situación económica”. Ed. de Secretaría de Prensa de
la Presidencia de la Nación. Buenos Aires, 1955.
(2) PERÓN, Juan
Domingo. Mensaje enviado desde el exilio: Madrid, 1967."
Ahora,
pasado el tiempo, casi se consideró una afrenta a nuestra soberanía haber
cancelado la deuda con el FMI.
Dice
Zaiat:
La presión de fondos
buitres, con la entusiasta colaboración del juez y el apoyo de analistas y
medios locales, apunta a que Argentina pise el palito de la cláusula Rights
Upon Future Offers (RUFO) contenida en los contratos del canje de deuda en
default de 2005 y 2010. Tras ese objetivo se encuentra la insistencia en estas
semanas de utilizar el término “negociación” por parte de los representantes
legales y de lobby del financista Paul Singer. Si Argentina estuviera
negociando mejores condiciones de pago con fondos buitre, antes del 31 de
diciembre de este año, cuando vence el plazo de esa cláusula, estaría
preparando el terreno para esos nuevos juicios.
Si bien en el prospecto de
emisión de los bonos del canje está escrito que se debe tratar de una oferta
“voluntaria” del país a otros acreedores, quedará a criterio de otros jueces
–no de Griesa– si efectivamente así fue. Por ese motivo Argentina adelantó que
acatará el fallo pagando la sentencia, pero en condiciones “justa, equitativas
y legales”. No dice que está negociando;
reafirma una y otra vez que acepta el fallo, y cuando la delegación argentina
se reúne con el enviado de Griesa, Daniel Pollack, lo hace sin la presencia de
los abogados de los buitres. Esto forma parte de la estrategia jurídica
oficial para no generar las condiciones de costosos futuros juicios, que, según
cálculos conservadores, sumarían 120 mil millones de dólares. Ese es el palito que
buscan que el gobierno de CFK pise para caer en la violación de la RUFO....................................
Los fondos buitre
sostienen que es imposible que la RUFO se aplique, sentencia que es repetida
por economistas locales al afirmar que como no es un acuerdo “voluntario”, sino
forzado por una sentencia judicial, no correría esa cláusula. Para descubrir el
objetivo de esa sugerencia supuestamente desinteresada, Argentina le solicitó a Griesa, y lo reiteró en el encuentro con el
enviado del juez Daniel Pollack, que los
fondos buitres tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de
una eventual aplicación de la RUFO. Si tal riesgo fuera nulo, tal cual ellos
afirman, el precio de ese seguro debería ser despreciable. Como todos los
actores involucrados en el caso saben que no es así, esa propuesta exhibe con
transparencia que el objetivo Griesa-Singer es hacer pisar el palito al
gobierno argentino de violar la RUFO.
Marina Dal Poggetto,
directora del Estudio Bein, especuló sobre cuál es la pretensión de los fondos
buitre, señalando que, en principio, deberían tener incentivos en reponer la
cautelar, para ellos mismos poder cobrar en algún momento. Sin embargo, estima
que eso puede que no sea así, al indicar que “no sabemos cuánta plata
invirtieron en CDS (Credit Default Swaps) en contra de la Argentina e incluso
en los propios bonos del canje, por los cuales podrían litigar a través de la
RUFO si les pagan lo que reclaman por sus bonos no canjeados. Así estarían jugando a tres bandas: bonos
defolteados, CDS y títulos del canje”. No es un análisis descabellado teniendo
en cuenta la esencia de esos fondos: litigar con deuda soberana.
Insistir con la
posibilidad de un próximo default, pese a que el pago ya se realizó en tiempo y
forma, como forzar una situación de negociación con Argentina son los
componentes más visibles de la posición buitre. Para ello cuentan, además de la
siempre buena disposición de Griesa, con analistas, economistas y medios
locales para replicar sus opiniones. Una de las preguntas del reportaje
realizado por Infojus Noticias a Mara Laudonia, autora de Los buitres de la
deuda, es ilustrativa de esa estrategia.
“–La Fundación Paul
Singer, del financista que encabeza el fondo NML Capital, donó 100 mil dólares a la ONG Voces Vitales Argentinas, dirigida por la
diputada nacional del PRO Laura Alonso. ¿La presión del lobby también
existe en la Argentina?
–Hay lobby explícito y
otro que no lo es tanto. Lo de Laura Alonso fue explícito porque al ser una ONG
tiene que explicar el origen de sus fondos. Pero podemos hablar de todos los
negociadores de la deuda en Argentina. Cuando escribía el libro, algunos
funcionarios me confesaron que recibieron presiones personales de parte de los
fondos buitre, que fueron intimidados por operadores locales. Está probado que
hasta realizan operaciones de espionaje sobre los funcionarios. Es el mismo
modus operandi que hicieron en Africa: allá se acusó de corrupción a
funcionarios que debían negociar con los fondos buitre.”
Lo mismo pasó en el caso
de la deuda peruana de mediados de los noventa, que Elliot cobró en el 2000.
Una comisión investigadora del Congreso peruano concluyó que hubo funcionarios
que facilitaron la operatoria para que Elliot pudiera atacar la deuda peruana.
Esta parte de la
estrategia los fondos buitre no la han podido desplegar con éxito porque el
gobierno de CFK no está pisando el palito.
Dice
Verbistky:
La visión
predominante que los hombres de negocios especializados
en la venta de información económica transmiten en portales, diarios,
radios, revistas y canales de televisión asocia el default con la catástrofe de
fin de siglo, una imaginería para cuya creación Paul Singer realizó todos los
esfuerzos concebibles e inconcebibles. El gobierno responde que no pasará nada
y con él coinciden incluso otros tenedores de bonos argentinos, tanto
originales como reestructurados. Aunque no parece que pueda llegarse a alguna
conciliación en las próximas 72 horas la
cotización de esos bonos no se derrumbó, una constatación adicional de que
es inadecuado el uso del vocablo default para lo que se dirime en estos días...............
La autoridad de Griesa es
reverenciada por los mismos políticos y medios argentinos que con razón
desmenuzan cada acto procesal de los jueces porteños Norberto Oyarbide o
Rodolfo Canicoba Corral. Otro tanto ocurre con la gran mayoría de los políticos
de la oposición. Salvo Ricardo Alfonsín y Roberto Lavagna, recomiendan pagar lo
que el juez exige sin medir las consecuencias o negociar cualquier solución de
apuro que impida un nuevo default. Es decir, beber de un trago la poción mágica
que el país ya probó con el megacanje y el blindaje de 2001........................................
El record local
corresponde a la diputada del Frente Amplio UNEN, Margarita Stolbizer, para
quien lo más importante es advertir que el gobierno nacional intenta
“malvinizar la situación, instalar una nueva épica y engañar a la gente”. Con
una sinceridad que debe agradecerse agregó que “ni el endeudamiento es siempre
malo, ni el desendeudamiento es siempre bueno”.
Luego de esa confesión sobre
aquello que se intenta imponer una vez más a la Argentina, Stolbizer lamentó
que “la actitud oficial” afectara “la credibilidad y previsibilidad” del país
(como tomador pasivo de propuestas ajenas) y pidió una consulta con las demás
fuerzas políticas. Su discurso está emparentado con el de Héctor Méndez. Mientras
su salud desmejora a ojos vista, el
presidente de la Unión Industrial reclama un “pacto social” para que toda la
responsabilidad no recaiga sobre “un jovencito y una señora”, como
subestimó al ministro de Economía y a la presidente.
Los mismos dirigentes
políticos y económicos que recriminan al gobierno una presunta falta de respeto
por el juez compiten por la expresión más despectiva hacia quienes están
lidiando hoy con las consecuencias de una deuda que contrajeron otros.
Su
incongruencia no tiene límites: al mismo tiempo pueden pedir que el gobierno
resigne ingresos (disminuyendo o suprimiendo retenciones, como explicaron
Massa, Macri, Cobos y Sanz nada menos que en la Sociedad Rural, y excluyendo
del impuesto a los ingresos de las personas a los sueldos más altos) y aumente
gastos (pagando lo que exigen los fondos buitre y afrontando el riesgo de
nuevas exigencias por parte del resto de los acreedores). Sin duda los
sucesivos gobiernos kirchneristas han cometido errores en su política económica,
que hoy lucha con la temida estanflación, y en el manejo del tiempo en la
relación con los acreedores de la deuda soberana. Aún así, la distancia que
media entre su liderazgo y las conducciones políticas que se anotan para la
sucesión es abismal
.
La intención de provocar
en forma artificial algo que pueda asimilarse con una nueva moratoria quedó muy
clara en las palabras del facilitador designado por Griesa, Daniel Pollack,
para quien “el tiempo para que la Argentina evite el default es corto”.
No
todos comparten esa estrategia en Nueva York. El diario New York Times se
refirió esta semana al “confuso caso de los bonos argentinos”. Sin disimular su
escaso aprecio por el juez, dijo que Griesa “no supo tomar en cuenta la
complejidad de la situación.
La audiencia de esta semana dejó en claro que no
terminó de entender las transacciones con bonos sobre las que lleva años
tomando decisiones”. Recién luego de largos cabildeos con los abogados de las
distintas partes, Griesa pareció desentrañar las consecuencias de haber
prohibido los pagos a los tenedores de bonos reestructurados con quita.
En el
camino hacia ese descubrimiento mostró su desconocimiento sobre los hechos más
elementales de la causa, como las distintas jurisdicciones y monedas de los
bonos para cuyo pago la Argentina hizo el depósito en el agente fiduciario
habitual y los problemas que su decisión les genera a los bancos involucrados,
en Tokio, Buenos Aires, Nueva York, Londres, Luxemburgo y Bruselas. Griesa se
sorprendió cuando le explicaron que los bonos bajo ley argentina cuyo pago
había autorizado hacer al Citibank, integraban los canjes de 2005 y 2010,
comprendían la cuarta parte del total, estaban emitidos en dólares y sus
tenedores repartidos por todo el mundo. Cuando terminó de escuchar la explicación
de un abogado dijo que “ahora me parece que si esos bonos son parte del canje,
la prohibición de pago ordenada debería incluirlos junto con los otros bonos
reestructurados”. Comenta el columnista de finanzas del New York Times Floyd
Norris: “Como teatro no está mal, pero es difícil que inspire confianza en
el sistema legal estadounidense”. Según el diario estos problemas
fueron señalados en los distintos escritos y argumentos presentados tanto a
Griesa como a la Cámara de Apelaciones pero no parecen haber sido tenidos en
cuenta.
“Es asombroso que esto se manifieste recién después de atravesar un
recorrido legal tan extenso en la jurisdicción financiera más sofisticada de
los Estados Unidos.”
Parecería que allí
consideran más incompetente al juez que a los representantes argentinos.
¿Un nuevo canje?
Griesa terminó admitiendo
que deberá repensar todo de nuevo y según lo que resuelva, el Citibank podría
verse “en la disyuntiva de desafiar al juez o desconocer la ley en la
Argentina, lo que podría acarrearle consecuencias legales”, sigue el artículo
del New York Times. Si en cambio Griesa confirmara la autorización de pago al
Citibank, “la Argentina podría explorar una vía para ofrecer un nuevo canje,
con bonos emitidos bajo la ley argentina para todos los inversores que
aceptaran renunciar a sus bonos emitidos bajo la ley estadounidense. Es
probable que el juez trataría de bloquear tal canje”. El artículo concluye
describiendo los dilemas del Bank of New York Mellon. “Los fondos de cobertura
quieren que el juez le ordene al banco la devolución del dinero a la Argentina.
Pero el BONY, temeroso de juicios de los bonistas, quiere conservar el dinero
hasta que todo se haya solucionado. A medida que se acerca el miércoles, el
juez tiene mucho en que pensar. Habría sido mejor si lo hubiera hecho antes de
firmar su resolución o si la Cámara de Apelaciones o la Corte Suprema lo
hubieran forzado a hacerlo.” Es triste
que para conocer esta evaluación objetiva de las disposiciones adoptadas por el
gobierno argentino, sea necesario leer un diario de Nueva York.
Desconozco
como terminará este tema, pero al informarme sobre las medidas del Gobierno en
el mismo, me tranquiliza percibir que defienden nuestros intereses y no siento esa sensación tan desagradable que
me invade, cuando escucho las declaraciones sobre el tema, de los posibles
candidatos a suceder a nuestra Presidente en el 2015.
