Los constituyentes de la Ciudad en el año 1996, establecieron como principio en el capítulo primero de la Constitución de la C.A.B.A., que la Ciudad organiza sus instituciones autónomas, como
democracia participativa.
La Ley Orgánica de Comunas, sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Bs. As. en septiembre de 2005, va un poco mas allá y establece como finalidad de la misma, consolidar la democracia participativa,
promover el desarrollo de mecanismos de democracia directa y plantea el concepto de
gestión pública participativa.
También establece que el gobierno comunal debe tener 2 áreas de gestión obligatorias, el área de Participación Vecinal y el área de Control Comunal.
La primera debe tratar de garantizar la participación vecinal y la segunda organizar el control de los servicios con participación vecinal.
Pareciera que los constituyentes de 1996, anticiparon o vislumbraron la crisis del sistema de representación que se pondría de manifiesto a finales del 2001, y que los legisladores en 2005, con muy buen criterio, tuvieron en cuenta dicha crisis, ya que promovieron con énfasis la participación de los vecinos en la gestión de gobierno.
A pesar de ello, los partidos con representación legislativa en ejercicio del poder ejecutivo, sin excepciones, han ignorado hasta la fecha dicha legislación.
Cierto es también, que los vecinos y ciudadanos, habituados a la inercia del sistema de representación, (votar cada 2 años), ignoran en su gran mayoría, los derechos y obligaciones que les asisten, en función de la legislación mencionada.
Que los partidos políticos en ejercicio del poder, ignoren esta realidad, no es de extrañar, ya que estamos hablando de que dicho poder, ejercido en forma centralizada desde tiempos remotos, comience a ser distribuido en al menos 15 partes, las Comunas, con todo lo que ello implica:
- Que el dinero asignado a cada Comuna, (el presupuesto), sea discutido entre representantes de partidos políticos, de ONG’s y vecinos. (En cada Consejo Consultivo).
- Que las obras necesarias para el mantenimiento y reparación de aproximadamente 28.000 cuadras de la Ciudad, con unos 30 millones de m2 de superficie, queden a cargo de las Comunas.
- Que las obras necesarias para el mantenimiento y reparación de aproximadamente 18 millones de m2 de veredas de la Ciudad, queden a cargo de las Comunas.
- Que las obras necesarias para el mantenimiento y reparación de aproximadamente 25 millones de m2 de espacios verdes de la Ciudad, queden a cargo de las Comunas.
- Que los trabajos de mantenimiento de aproximadamente 400.000 árboles, existentes en las veredas (arbolado de alineación), queden a cargo de las Comunas, sin contar los existentes en espacios verdes.
- Que las obras necesarias para el mantenimiento y reparación del sistema de iluminación de las vías secundarias, queden a cargo de las Comunas.
- Que la prestación y control de los servicios, tenga que ser acordado con las Comunas.
- Que la fiscalización y el poder de policía sobre el uso del espacio público y del suelo, tenga que ser acordado con las Comunas.
Creo que el punto más débil, de las modificaciones institucionales descriptas, va a ser la participación ciudadana, ya que ello implica más de un cambio cultural en la actitud del pueblo de Bs. As., hacia la cosa pública.
Hará falta que muchas personas que transitan la Ciudad diariamente con actitud indiferente, comiencen a verla como algo que en alguna medida les pertenece.
También hará falta que, algunos de sus habitantes, estén dispuestos a dedicarle algunas horas a la vida comunitaria.
No son éstos cambios fáciles de producir, sin una actitud activa y perseverante por parte del Gobierno, que incluya campañas de difusión y esclarecimiento y una postura política receptiva e inclusiva con la participación vecinal.
No parece ser el actual gobierno del PRO en la Ciudad, el más indicado para esta tarea, pero, por suerte, el proceso político iniciado en el año 2003 por Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández, ha despertado en amplias capas de la población, la esperanza en la política como herramienta de transformación de la sociedad y la voluntad de participar en ese cambio.
Esta realidad política es una situación sumamente favorable para impulsar dichos cambios.
