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jueves, 21 de enero de 2016

Y el Cambio con alegría?


Si algo ha dejado claro este primer mes de gobierno de Cambiemos, y digo cambiemos por que no es sólo Macri, son también los radicales, la Coalición Civica, Union por Todos, FE y porque nó tambien Massa, es que la República y las Instituciones en nuestro país, son sólo un instrumento de los poderes de hecho (grupos económicos, multinacionales, terratenientes, grupos mediáticos), para imponer al conjunto del pueblo sus criterios de gobierno y de esa manera apropiarse de la máxima riqueza posible que genera dicho pueblo.

En dicha tarea, la mayoría del Poder Judicial que tenemos, opaco, elitista y subordinado a los poderes fácticos, se convierte en un operador eficiente e indispensable que convalida el accionar mencionado, como ha hecho también en el pasado con los gobiernos militares.

Durante los últimos 12 años, el pueblo argentino fue saturado por los grupos mediáticos con mucha información falsa y denuncias mediáticas sobre violaciones a las leyes y las instituciones, al punto ridículo de poder ver en los medios televisivos, gente portando carteles denunciando dictadura, falta de libertad de prensa y simultáneamente insultando bajamente a las mayores autoridades del país, sin ningún tipo de consecuencias.

Ahora , a un mes de asumido el nuevo gobierno, leyes votadas legalmente y amplias mayorías por el Poder Legislativo, son anuladas por decretos "del príncipe" (Ley de Medios, Código Procesal Penal, modificación de los requisitos del titular de la Oficina Anticorrupción para que puede asumir como tal la Sra. Alonso, militante y denunciante mediática del Pro, la eliminación del Afsca y Afstic), todo ello convalidado por el "poder judicial", ya que parece que las cautelares y los amparos solo valen para los grupos afines ideológicamente.

También removió de sus cargos mediante presiones políticas a funcionarios que tenían el mandato desplazado con respecto a las autoridades nacionales, con base en criterios republicanos, Autoridades del Afsca y Afstic, titular de medios públicos y sigue embistiendo contra la Procuradora General que no cede a las presiones.

Ahora han instaurado la posible pena de muerte sin juicio previo, como podría llegar a ser la autorización para derribar aviones "sospechosos", esto también viola la Ley de Defensa que prohíbe utilizar a las FFAA en política interior, ya que dicho derribo debería ser ejecutado por la Fuerza Aérea.


La medida que quizá mas debería preocuparnos es el encarcelamiento de Milagro Sala, ya que como dice hoy Mario Wainfeld, "...nadie debe estar en la cárcel si no media condena firme, en un sistema democrático."

Y si algo faltaba en la enumeración de "medidas republicanas" es el nombramiento por Decreto de 2 jueces de la Corte Suprema, nombramientos necesarios para convalidar "republicanamente" todas las medidas citadas.


Por ahora los "defensores de la República" están desaparecidos de la escena política.



miércoles, 23 de septiembre de 2015

Pelea desigual

Creo que nada mejor que esta imágen para simbolizar el enfrentamiento entre el multimedios Clarin y el periodista Victor Hugo Morales que explicita en su blog Hugo Presman.

Cuando una empresa multinacional como Clarín demanda a un periodista por la retransmisión en un programa de TV de secuencias de la final por la Copa Intercontinental que disputaron Boca Juniors y Real Madrid en el año 2000, está claro que no lo hace por el daño que sufrió su empresa.  El verdadero objetivo es disciplinar a todos aquellos que osen cuestionar de alguna manera su poder fáctico.

Lo que resulta realmente lamentable y preocupante es que esto se haga con el aval de la Corte Suprema de Justicia, que entre otras pequeñeces, siguen sin pagar impuestos.
"Según informó el Centro de Información Judicial, “la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial extendió la condena decidida en primera instancia ($ 472.000) respecto de ATC S.A. y el Sr. Metzger al condemandado Víctor Hugo Morales, en forma concurrente, indistinta o in solidum”.
La resolución fue firmada el pasado martes por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda." Publicado en el Cronista Comercial.
Vaya nuestra solidaridad con Victor Hugo Morales.
El excelente artículo de Hugo Presman completo aquí.

domingo, 9 de septiembre de 2012

8 de diciembre

Diario Clarín
El 22 de mayo de 2012 la Corte Suprema de Justicia se pronunció respecto de la medida cautelar que inhibe la aplicación del art. 161 de la Ley de Medios, y estableció que la misma caduca el 7 de diciembre próximo.

La Corte dijo (las negritas son nuestras):

"Por todo lo expuesto, y oído el señor Procurador General de la Nación, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario federal y se confirma la sentencia apelada en cuanto rechazó el pedido de levantamiento de la medida cautelar y fijo su plazo de vigencia en 36 meses, y se la revoca en lo relativo al momento desde el cual dicho plazo debe computarse, el que debe tenerse por iniciado el 7 de diciembre de 2009.
  
En consecuencia, a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del art. 161 de la Ley 26.522 y se aplica a la actora.  
De ahí que estando su plazo para adecuarse a las disposiciones de la Ley vencido el 28 de diciembre de 2011, sea plenamente aplicable a la actora con todos sus efectos a partir de la fecha indicada.  
Costas por su orden en atención a la naturaleza y novedad de la cuestión planteada. Notifíquese y oportunamente, devuélvase."

Para mejor comprensión transcribimos:


Ley 26522-Artículo 161. Adecuación. Los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al incumplimiento —en cada caso— correspondiesen.
Al solo efecto de la adecuación prevista en este artículo, se permitirá la transferencia de licencias. Será aplicable lo dispuesto por el último párrafo del artículo 41.
Artículo 45. — Multiplicidad de licencias. A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias.
En tal sentido, una persona de existencia visible o ideal podrá ser titular o tener participación en sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión, sujeto a los siguientes límites:
1. En el orden nacional:
a) Una (1) licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital. La titularidad de una licencia de servicios de comunicación audiovisual satelital por suscripción excluye la posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de licencias de servicios de comunicación audiovisual;
b) Hasta diez (10) licencias de servicios de comunicación audiovisual más la titularidad del registro de una señal de contenidos, cuando se trate de servicios de radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión televisiva por suscripción con uso de espectro radioeléctrico.
Visto lo anterior, el 8 de diciembre serán aplicables las sanciones que prevee la Ley, a todos aquellos que tengan mas licencias de las permitidas, incluido el Grupo Clarín.
Muchos creen que a partir del 8 de diciembre cambiará en forma drástica el panorama de los medios masivos de comunicación.
Me permito ser escéptico, creo que a partir de dicha fecha existirá la posibilidad de que las cosas comiencen a cambiar un poco.
De aquí a diciembre viviremos meses intensos en la batalla "por el relato" y seguramente llegaremos a la fecha límite sin que el Grupo Clarin haya transferido o devuelto una sola licencia de las que posee en exceso, dejando la iniciativa del lado del Gobierno.
Esperemos que durante todo este tiempo transcurrido, los responsables del tema en el Gobierno hayan diseñado una buena estrategia para la aplicación de la Ley.