Gobernar es generar negocios

Leemos hoy en Noticias Urbanas sobre las diversas reglamentaciones que se generan para los edificios de propiedad horizontal y que permanentemente generan nuevos conceptos a pagar en las expensas de los consorcistas.

Publicación: 22/10/2012
Temática: Urbanismo

IRREGULARIDADES EN EDIFICIOS
Vecinos reclaman al Gobierno por el aumento de expensas

Representantes de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal elevaron un escrito al Ejecutivo señalando varias irregularidades en edificios de la Ciudad, en especial en relación a los sobre precios y exigiendo solución en cada caso. Críticas al titular de la Dirección General de Defensa al Consumidor.

Por Jimena Alcaraz 

La Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal A elevó un reclamo al Gobierno de la Ciudad por el valor de las expensas como consecuencia de la inflación y los aumentos de la carga laboral que se impone anualmente. 
Con críticas a la gestión macrista por lo ocurrido, la queja apunta en particular a la figura del director General de Defensa del Consumidor, Juan Manuel Gallo, a quien se le exige que tome medidas destinadas a defender a los propietarios.

Mediante un comunicado, señalaron las deficiencias, que consideran, se registran desde inicios de la administración, en 2008. 
En primer lugar, cuestionaron el estado de los matafuegos en los edificios, argumentando que de acuerdo con la disposición 2.614 deben desecharse cuando cumplen veinte años, además de que deben ser mirados por un matriculado cuatro veces y recargados cada período de 12 meses.

En sintonía, indicaron que la disposición 415 que versa sobre las instalaciones fijas contra incendio, exige una serie de controles obligatorios que sólo pueden llevar adelante las empresas que tuvieron la “suerte” de ingresar en el registro abierto a tal fin. 

Otra de las críticas sobre las que apuntaron fue la de la incorporación de libros “inútiles” de uso obligatorio para los consorcios: libro de registro de firmas de copropietarios, sanitario y agua potable, certificación de edificio seguro, de ingreso y egreso de proveedores y libro de instalaciones fijas. 
“Cada libro tiene un costo promedio de 200 pesos con su rúbrica y oblea. Y hace unos días, en septiembre, salió una nueva Disposición 2614 que determina la baja inmediata de los flamantes libros “edificio seguro”, “sanitario y agua potable” y de “ingreso y egreso de proveedores”. “Resulta increíble, pero el GCBA le hizo gastar al ciudadano 120 millones de pesos en papel”, puntualizaron.

“La Disposición 411/2011 estableció un régimen de Edificio Seguro. Por ella todos los edificios de Buenos Aires debían contratar cada seis meses un ingeniero en seguridad para que verifique que otros profesionales también pagados por el consorcio hayan cumplido con sus controles, como los de limpieza de tanques, Ley 257 y ascensores”, añaden en el escrito.

Y agregan: “Con el tiempo y luego de producir un enorme negocio inicial, el plazo de seis meses se extendió a dos años y se ampliaron los profesionales habilitados a emitir el informe”. “La superposición insólita de controles pagada por uno mismo y dirigida a uno mismo tiene un costo anual de más de 160 millones".

En relación y sobre medidas de seguridad en los edificios, comunicaron que la Disposición 1698 y al margen de todas sus atribuciones decidió que se disponga un curso anual obligatorio de capacitación en temas de seguridad para los encargados de edificios que cuesta 500 pesos por cada uno. E informaron acerca de la máscara antihumo cuyo costo ronda los 250 pesos promedio, cuyo uso recomendaron desde la Defensoría del Pueblo, desestimar.

Por último, advirtieron sobre la Disposición 6013, que establece que una porción importante de los consorcios (20 por ciento aproximadamente) contraten un seguro de caución por el daño ambiental que pueda producir un edificio funcionando y que tiene un costo anual de 1.500 pesos aproximadamente. 

“Muchos administradores, convencidos de que parte de nuestra tarea es defender el interés general de la propiedad horizontal venimos luchando -con los medios a nuestro alcance- para limitar y contener las ansias normativas de Gallo, quien además de multiplicar los costos genera geniales negocios para pocos e intenta someter mediante sanciones arbitrarias a quienes nos oponemos”, finalizaron. 

Como ya dijimos aquí hace un tiempo, el objetivo de estas reglamentaciones no es cuidar la vida y los bienes de los vecinos de la Ciudad, sino generar negocios para distintos grupos de profesionales, y eludir las responsabilidades del Gobierno de la Ciudad en los controles que debería como Gobierno realizar, ya que transfiere dicha responsabilidad al ámbito privado.