miércoles, 31 de octubre de 2012

Vidal guitarrea con el Vega

En canal 26 la Vicejefa de Gobierno, Maria Eugenia Vidal, luego de casi 7 años de gestión PRO, como ya es habitual, le echa la culpa al Gobierno Nacional por las inundaciones en la Ciudad y defiende a Macri, sin tener en cuenta - quizás no esta enterada - un demoledor informe publicado por la Auditoría de la Ciudad en el mes de agosto, que desmiente sus afirmaciones.

Leemos en 26Noticias:

Temporal: La vicejefa Vidal responsabilizó al gobierno nacional y justificó a Macri
La vicejefa de Gobierno porteño María Eugenia Vidal acusó a la gestión de Cristina de Kirchner de no haber rubricado "la firma burocrática" con un banco internacional "para que la Ciudad se endeude y pueda financiar y comenzar las obras en el Arroyo Vega" que evitarían que esa zona siga inundándose.


Vos le echaste la culpa al gobierno de Cristina hoy. 

Claramente hay una responsabilidad: …….
De la misma manera pedimos un crédito internacional para el Arroyo Vega, hace varios años, por una ley aprobada incluso por diputados kirchneristas. Ahora, el gobierno nacional nunca nos dio la firma burocrática necesaria... 

Que es el aval 

El aval, pero que quede claro: la que se endeuda es la Ciudad no le estamos pidiendo plata al gobierno nacional, le estamos pidiendo que como en el resto de las provincias del país haga el trámite burocrático que tiene que hacer para que podamos endeudarnos y hacer la obra. Por eso dije claramente “la mejor manera de que los comerciantes de Belgrano no se sigan inundando es haciendo la obra del Vega”. Después lo demás es nuestros equipos en calle, trabajando desde la cinco de la mañana, recorriendo las villas de la Ciudad, estando presentes, pero todo eso es paliativo . Lo que realmente cambia es hacer la obra estructural.


Leemos en el sitio de la Auditoría las conclusiones del informe realizado del Programa 31- Desarrollo de la Infraestructura Pluvial:
Conclusiones


De las cinco obras auditadas, todas incluidas en el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de Inundaciones de la CABA, no registran ejecución tres de ellas. 
Han registrado ejecución la obra “Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias” (en construcción) y la obra Drenaje Pluvial Barrio River y Obra Control y Compuertas de la Desembocadura del Arroyo Vega (concluida). 

La obra de la Cuenca Vega-Medrano se encuentra en la etapa de propuesta de   preadjudicación desde mayo/09, a pesar de haber sido calificada de necesidad imperiosa por el Gobierno de la Ciudad. 
A este respecto, se observan una serie de errores procedimentales que sin duda han contribuido a esta situación. 
De acuerdo a lo ya observado en este informe, en el proceso de la Licitación Pública Nº 1343/08, a pesar de que se obvió el giro a la Procuración General de la Ciudad tanto de los Pliegos de Condiciones Generales como del proyecto de decreto que llamó a licitación, cabe mencionar aquí que el propio Procurador General de la Ciudad expresa en su dictamen que 
sólo ha recibido un borrador de los pliegos de condiciones particulares. 
A pesar de esto, los considerandos del mencionado decreto manifiestan que la Procuración ha tomado debida intervención. 
En cuanto a la financiación de la obra, se destaca que, al momento del llamado a Licitación, no se contaba con la totalidad de los fondos necesarios para afrontarla. 
Asimismo, se observa que los pliegos licitatorios establecían que los oferentes debían proponer al GCABA un modo de financiamiento, a pesar de no contar éste con la 
aprobación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para dicha operación. 
Esta situación debió ser subsanada más de un año después a través de la sanción de la Ley  3226. Sin embargo, dicho instrumento legal, oportunamente propuesto por el Ejecutivo de la Ciudad y votado por el cuerpo legislativo, autoriza un mecanismo de garantía del financiamiento que no se adecua a la normativa que regula el marco de aplicación del
Convenio CCR-ALADI, propuesto como forma de financiamiento de la obra en cuestión por parte del oferente. 
Por otra parte, y desde el punto de vista del sustento presupuestario, se observa que el crédito de sanción de esta obra fue disminuido en $33.638.150 (-82,04%) el 20/12/10, al 
transferirse estos fondos a la obra del Arroyo Maldonado. Cabe destacar que la fuente de financiamiento correspondiente no ha sido perfeccionada, toda vez que el empréstito previsto para la obra no ha sido aún tomado. 

La obra “Canales Aliviadores de la Cuenca Ochoa” se encuentra con paralización de ejecución de obra y con neutralización de plazos desde el 21/02/11. No obstante, no se ha certificado obra a pesar de que la Contrata se suscribió el 05/02/09 y el inicio de trabajos estaba previsto para el 08/05/09, siendo prorrogado sucesivamente hasta la firma del Acta de Paralización. 
Por otra parte, se ha otorgado un adelanto financiero para acopio de materiales de 
$12.598.908,90 aunque no se han confeccionado las actas de acopio previstas en los pliegos ni se ha efectuado desacopio de materiales. 
Las causas de la paralización son la existencia de interferencias de servicios públicos no previstas en los pliegos licitatorios (en cantidad y complejidad de resolución), diferencias entre el relevamiento topográfico realizado por la Contratista y la incluida en los pliegos, entre otras. 
En síntesis, diversos problemas, con origen en el proyecto ejecutivo, reconocidos por el GCABA, llevaron a que en la actualidad se esté evaluando la continuidad del contrato. 

La obra “Canales Aliviadores de a Cuenca Erezcano” también se encuentra paralizada y con neutralización de plazos desde el mes de octubre/10, aunque las obras no avanzan desde mediados del año 2008. En este caso, también se presentaron diferencias entre la documentación licitatoria y el relevamiento realizado por la Contratista, aceptado por el GCABA, en cuanto a condiciones del suelo, remoción de interferencias de servicios 
públicos no previstas, diferencias topográficas y de replanteo planimétrico, diferencias en cuanto a longitudes de conductos y cotas previstos originalmente. 
Por otra parte, se reconocen problemas en cuanto a la demora en el pago de certificados de 
obra y aprobación de redeterminaciones de precio que generan sucesivos reclamos por parte de la Contratista. 
En la actualidad se está evaluando la posibilidad de rescindir el Contrato de común acuerdo, en caso de que no resulte viable la prosecución de la obra. 

La obra “Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo  Maldonado y Obras 
Complementarias” actualmente en ejecución, ha tenido un avance sostenido desde el inicio de los trabajos a fines del año 2008. 
Durante el año 2010 se ejecutó, además de la excavación de los dos túneles y finalización del Pozo 1 Punta Carrasco, la construcción de la Cámara de Conexión y Pozo de Acceso 2 Niceto Vega. 
Se produjeron circunstancias que afectaron el normal desarrollo de la obra por cuestiones 
vinculadas, principalmente, a la demora en la puesta a disposición del predio de Niceto Vega, y por los reclamos de la Contratista que finalizaron con la intervención del Panel de 
Conciliación, el cual realizó una Recomendación a favor de lo reclamado. 
La Contratista ha solicitado reconocimientos económicos por la aceleración de trabajos y cambio del método constructivo que, hasta el 31/12/10, habían sido rechazados por la Inspección, en razón de que no fueron solicitados por la Inspección ni la Dirección de Obra y que el cambio de metodología constructiva es de exclusiva responsabilidad de la 
Contratista. 
La Contratista ha obtenido del Panel de Conciliación, respecto de su reclamo por irrepresentatividad de los índices de ajuste de precios, previstos en la documentación 
contractual, una recomendación favorable lo que implica un reconocimiento económico retroactivo a julio/09. El GCABA, no obstante tener argumentos a su favor (informes de la 
Inspección, informe del Asesor Legal de la UPEAM e informe del Experto en Contratos del Panel de Experto Internacional) se presentó a la audiencia sin manifestar la posición del GCABA, circunstancia que debilitó la posible defensa de sus intereses. 
Por otra parte, dentro del plazo previsto para rechazar la Recomendación del Panel de Conciliación, la Procuración General le recomienda al GCBA rechazar la misma y someter 
la cuestión a Arbitraje Internacional; sin embargo, el plazo caducó sin que el GCABA accionara. 
Por último, puede sostenerse una significativa afectación de la eficacia, toda vez que tres obras de relevante importancia, incluidas en el Plan Director de Riesgo Hídrico, se encuentran paralizadas desde un tiempo considerable. 
La eficiencia también se ha visto afectada en cuanto a que la ejecución de las obras del Arroyo Maldonado, no obstante que los hitos contractuales se cumplen, han generado conflictos y reclamos de la Contratista e incertidumbre respecto del costo final de la obra.

lunes, 22 de octubre de 2012

Gobernar es generar negocios

Leemos hoy en Noticias Urbanas sobre las diversas reglamentaciones que se generan para los edificios de propiedad horizontal y que permanentemente generan nuevos conceptos a pagar en las expensas de los consorcistas.

Publicación: 22/10/2012
Temática: Urbanismo
IRREGULARIDADES EN EDIFICIOS
Vecinos reclaman al Gobierno por el aumento de expensas

Representantes de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal elevaron un escrito al Ejecutivo señalando varias irregularidades en edificios de la Ciudad, en especial en relación a los sobre precios y exigiendo solución en cada caso. Críticas al titular de la Dirección General de Defensa al Consumidor.

Por Jimena Alcaraz 
La Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal A elevó un reclamo al Gobierno de la Ciudad por el valor de las expensas como consecuencia de la inflación y los aumentos de la carga laboral que se impone anualmente. 
Con críticas a la gestión macrista por lo ocurrido, la queja apunta en particular a la figura del director General de Defensa del Consumidor, Juan Manuel Gallo, a quien se le exige que tome medidas destinadas a defender a los propietarios.

Mediante un comunicado, señalaron las deficiencias, que consideran, se registran desde inicios de la administración, en 2008. 

En primer lugar, cuestionaron el estado de los matafuegos en los edificios, argumentando que de acuerdo con la disposición 2.614 deben desecharse cuando cumplen veinte años, además de que deben ser mirados por un matriculado cuatro veces y recargados cada período de 12 meses.

En sintonía, indicaron que la disposición 415 que versa sobre las instalaciones fijas contra incendio, exige una serie de controles obligatorios que sólo pueden llevar adelante las empresas que tuvieron la “suerte” de ingresar en el registro abierto a tal fin. 

Otra de las críticas sobre las que apuntaron fue la de la incorporación de libros “inútiles” de uso obligatorio para los consorcios: libro de registro de firmas de copropietarios, sanitario y agua potable, certificación de edificio seguro, de ingreso y egreso de proveedores y libro de instalaciones fijas. 

“Cada libro tiene un costo promedio de 200 pesos con su rúbrica y oblea. Y hace unos días, en septiembre, salió una nueva Disposición 2614 que determina la baja inmediata de los flamantes libros “edificio seguro”, “sanitario y agua potable” y de “ingreso y egreso de proveedores”. “Resulta increíble, pero el GCBA le hizo gastar al ciudadano 120 millones de pesos en papel”, puntualizaron.

“La Disposición 411/2011 estableció un régimen de Edificio Seguro. Por ella todos los edificios de Buenos Aires debían contratar cada seis meses un ingeniero en seguridad para que verifique que otros profesionales también pagados por el consorcio hayan cumplido con sus controles, como los de limpieza de tanques, Ley 257 y ascensores”, añaden en el escrito.

Y agregan: “Con el tiempo y luego de producir un enorme negocio inicial, el plazo de seis meses se extendió a dos años y se ampliaron los profesionales habilitados a emitir el informe”. “La superposición insólita de controles pagada por uno mismo y dirigida a uno mismo tiene un costo anual de más de 160 millones".

En relación y sobre medidas de seguridad en los edificios, comunicaron que la Disposición 1698 y al margen de todas sus atribuciones decidió que se disponga un curso anual obligatorio de capacitación en temas de seguridad para los encargados de edificios que cuesta 500 pesos por cada uno. E informaron acerca de la máscara antihumo cuyo costo ronda los 250 pesos promedio, cuyo uso recomendaron desde la Defensoría del Pueblo, desestimar.

Por último, advirtieron sobre la Disposición 6013, que establece que una porción importante de los consorcios (20 por ciento aproximadamente) contraten un seguro de caución por el daño ambiental que pueda producir un edificio funcionando y que tiene un costo anual de 1.500 pesos aproximadamente. 

“Muchos administradores, convencidos de que parte de nuestra tarea es defender el interés general de la propiedad horizontal venimos luchando -con los medios a nuestro alcance- para limitar y contener las ansias normativas de Gallo, quien además de multiplicar los costos genera geniales negocios para pocos e intenta someter mediante sanciones arbitrarias a quienes nos oponemos”, finalizaron. 


Como ya dijimos aquí hace un tiempo, el objetivo de estas reglamentaciones no es cuidar la vida y los bienes de los vecinos de la Ciudad, sino generar negocios para distintos grupos de profesionales, y eludir las responsabilidades del Gobierno de la Ciudad en los controles que debería como Gobierno realizar, ya que transfiere dicha responsabilidad al ámbito privado.



miércoles, 17 de octubre de 2012

Hipocresía o Marketing hueco

Cuando uno ingresa a la página WEB de la Ciudad de Bs. As., se encuentra con las siguientes propagandas:

Sin embargo la ley de Basura Cero (1.854) promulgada en enero de 2006 y reglamentada en mayo de 2007 tiene "cero" cumplimiento.

Según dicha ley debería reducirse la cantidad que se envía a los rellenos sanitarios según el siguiente esquema:

Tomando como base la cantidad de toneladas enviadas durante el año 2004= 1.497.656
En 2010 30% menos = 1.048.359 Tn
En 2012 50% menos =    748.828 Tn

En 2011 se alcanzó el récord de 2.277.772 Tn.
Actualmente se están enviando unas 6.000 Tn diarias así que es probable que se logre batir el récord de 2011.

Por otra parte según vemos:

La licitación de la basura fue aprobada en 2004 por un plazo de cuatro años, prorrogable por uno más. Se dividió la ciudad en cuatro zonas, que quedaron en manos de cuatro empresas privadas que concentran el mercado (ver recuadro). El servicio comenzó a prestarse a principios de 2005. Cuando se terminó el plazo, en 2009, la gestión PRO optó por prorrogar por un año la concesión e impulsó una nueva licitación por diez años, que fracasó en la Legislatura, dado que no se estaba cumpliendo la Ley de Basura Cero (que establece una disminución progresiva de los residuos).
En 2010, cuando se vencieron todos los plazos de la concesión, el gobierno porteño todavía no tenía preparada la nueva licitación, por lo cual hubo una nueva prórroga de 180 días. Finalmente, en 2011 hubo una licitación que terminó cayéndose con la apertura del primer sobre. Ahora rige una nueva prórroga –dispuesta por una ley de la Legislatura– que tiene como plazo máximo el 2014, cuando la gestión PRO piensa hacer una nueva licitación. “Lo que rige hasta ahora es el pliego del gobierno de Ibarra”, se defendió el ministro de Espacio Público, Diego Santilli.
Entre 2004 y 2011, las empresas privadas que recolectan la basura tuvieron doce redeterminaciones de precios, de las cuales ocho fueron implementadas por el gobierno de Macri. Los residuos que se envían a la provincia, que por ley debían ser tratados para disminuir su cantidad, aumentaron año a año. En 2010, enviaron 2.110.122 millones de toneladas; en 2011, esa cifra trepó a 2.277.772 millones. Se trata de un 8 por ciento más.
Según Martín Hourest en el mismo artículo:
El ex legislador estableció un comparativo entre lo que gasta por habitante actualmente la ciudad de Buenos Aires en la recolección de la basura y el dinero que dispone para los mismos fines la ciudad de Córdoba (ver cuadro 1). El análisis de Hourest revela que los porteños pagan el doble que los cordobeses por el servicio: 648 pesos por habitante contra 344. Si se toman los datos del año pasado, esa proporción se mantiene, pero además queda claro que la Buenos Aires pagó 3,5 más que ciudades como Rosario y Santa Fe. “Una de las grandes denuncias de Ramón Mestre y de Luis Juez, en relación con la historia de la basura en Córdoba, es que el proceso de licitación era escandaloso. Ahora sale la mitad que en la Ciudad de Buenos Aires”, advirtió el dirigente del GEN. Santilli, por su parte, argumentó que los sistemas de recolección no son comparables (ver aparte).
Hourest también analizó la evolución del aumento del pago del canon a la Ceamse, que fue de un 11 por ciento de un año a otro a un 28 por ciento en 2010. “Con el 35 por ciento hubo un salto de régimen. Antes se veía que ajustaban con algo parecido a la inflación, no un 35 por ciento. Además, es importante advertir que la Auditoría de la Ciudad no entra a la Ceamse”, indicó Hourest, quien de todas maneras advirtió que “la Ceamse es una proporción muy pequeña” del gasto que demanda la recolección. Representa entre un 10 y un 12 por ciento del gasto total. El principal monto por la recolección se lo llevan las empresas privadas, que tienen un aumento significativo año a año si se las compara con el Ente de Recolección Urbana Estatal, que tiene a su cargo la zona testigo.

Pública vs. privadas

La quinta zona está en manos del Ente de Recolección Urbana estatal, que curiosamente tiene un gasto considerablemente menor y año a año aumenta menos que los privados (ver cuadro 2). En 2009, aumentó un 3 por ciento su presupuesto, contra un 30 por ciento que aumentaron los privados (se trata de cien millones de pesos contra 1200 millones). En 2010, el Ente aumentó un diez por ciento contra el doce de los privados y, en 2011, un 5 por ciento contra un 29 por ciento de las empresas recolectoras de basura. En suma, entre 2008 y 2012, el Ente aumentó un 42 por ciento, mientras que las empresas privadas subieron sus costos un 102 por ciento. Un sesenta por ciento más que el mismo servicio brindado por el Estado.
En este año, en el primer cuatrimestre, el Ente de Recolección Urbana utilizó el 22 por ciento de su presupuesto, mientras que las otras empresas requirieron un 33,86 de lo presupuestado para todo el año.
Este año habrá otras dos redeterminaciones de precios. Si se toma como referencia ese 33 por ciento ejecutado en el primer trimestre, el gasto total de este año no será de 1888 millones, sino que llegará a 2320,8 millones. Un 32 por ciento más que el año pasado, según los cálculos de Hourest. “Estamos llegando al record de 2400 millones de pesos anualizado. Y, si me guío por las redeterminaciones que hubo hasta ahora, va a estar rondando los 3000 millones, lo que es un absurdo ine-narrable”, dijo el dirigente del GEN y advirtió que casualmente es un número similar al que pedían las empresas en la licitación que se cayó en 2011.
“Esto no tiene nada que ver con cumplir o incumplir la Ley de Basura Cero. Esto tiene que ver con redeterminaciones de precios que siguen la lógica de las empresas y no se revisa nunca. El Estado, en vez de obligar a los contratistas a que sean más productivos, lo que les dice es que para ganar más, tienen que aumentar los costos”, señaló Hourest, quien observa que el panorama seguirá igual si no hay “cambios de actores (no los hubo en la licitación caída en 2011) ni reducción de costos”.



Esto bien podría llamarse "Gestión Cero", se pretende tapar la incapacidad de gestión con abundancia de propaganda mentirosa.