Leemos en Noticias Urbanas la radiografía de un negocio que generó hace mucho tiempo un ex - empleado del grupo Macri, Carlos Grosso. Las negritas son nuestras.
Grúas
descontroladas Por Jorge García
Por Redacción Noticias Urbanas / 20 de septiembre 2013
El acarreo mueve millones, y con la concesión vencida, el
subsecretario de Transporte porteño, Guillermo Dietrich, extendió el “servicio”
a Puerto Madero sin llamar a licitación.
Si en la Ciudad de Buenos Aires
hubiera asamblea del “Círculo Rojo”, cuya definición, según Mauricio Macri,
engloba a aquellos que son influyentes, sin lugar a dudas tendrían butacas
asignadas Bernardo Marcelo Pérez y Marcelo Daniel Violante, dos “emprendedores”
a cargo de las concesiones vencidas para el acarreo de autos.
Con CUIT Nº 20-18.284.940-6,
“Bernie”, de acuerdo al alias con el que Pérez es conocido en el ambiente, figura ante la AFIP como “monotributista,
categoría D”. Es decir, una suerte de locador de servicio. Bernie y su
socio Ricardo Chiantore (h) operan en la zona sur de la Ciudad el negocio del
parking y acarreo con el nombre de Servicio de Estacionamiento Controlado
(SEC), bajo la égida de BRD SA.
Por su parte, Marcelo
Daniel Violante preside la empresa Dakota SA, y con su controladora Servicio de
Tránsito Ordenado (STO) regentea el estacionamiento en la zona norte.
En la
Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura descansan,
entre asesores, los pliegos licitación del “Sistema de Servicio Público de
Estacionamiento Regulado de la
CABA”, expediente Nº 3.566-J-12.
Al menos desde 2001, las concesiones están vencidas, y si bien los
diputados votaron una ley exigiendo el nuevo ordenamiento jurídico con un plazo
de un año para su ejecución, la Subsecretaría de Transporte porteña, comandada
por Guillermo Dietrich, no puso en marcha el cambio.
El 10 de noviembre de
2011, los diputados Sergio Abrevaya, Gabriela Alegre, Martín Borrelli, Juan
Cabandié, Fernando de Andreis, Patricio Di Stefano, Ezequiel Fernández Langan,
Jorge Garayalde, Alejandro García, Álvaro González, Raquel Herrero, Diego
Kravetz, María José Lubertino, Diana Martínez Barrios, Victoria Morales
Gorleri, Oscar Moscariello, Martín Ocampo, Enzo Pagani, Claudio Palmeyro,
Silvina Pedreira, Carmen Polledo, Mateo Romeo, Rocío Sánchez Andía, Fernándo
Sánchez, Lidia Saya, Bruno Screnci Silva, Karina Spalla, Carolina Stanley,
Avelino Tamargo, Marta Varela y Oscar Zago dieron forma en una sesión caliente
a la Ley 4.003,
que modificó el Código de Tránsito y Transporte.
En sus artículos 9 y 10,
la norma fijó las facultades para que el Gobierno porteño llame a una
licitación pero cambiando la ecuación:
los concesionarios percibirán un canon por servicio prestado sin la lógica
recaudatoria de los acarreos. Además, se sumaron cláusulas transitorias:
“El nuevo esquema regulatorio deberá comenzar a implementarse en el plazo de un
(1) año a partir de la promulgación de la presente ley” y “vencido dicho plazo,
el Poder Ejecutivo procederá a brindar el servicio público por sí, garantizando
al personal de las actuales concesionarias del servicio estabilidad laboral”.
Estas dos cláusulas
introducidas en el recinto por el exdiputado Kravetz y apoyadas por Sergio
Abrevaya y Claudio Palmeyro ayudaron a alcanzar la mayoría. Los legisladores
Rubén Campos y Rafael Gentili apretaron el botón negativo.
En medio de la falta de legalidad de los contratos y
amparándose en que al tratarse de un servicio público deben continuar operando,
los empresarios consiguieron favores varios, ya sea la reactualización de las
tarifas para los acarreos o nuevos negocios.
La última jugada más
llamativa de este “Círculo Rojo” ha sido que, sin llamado a una licitación
gubernamental, fue anunciado como una gran noticia la llegada de las grúas a
Puerto Madero. El argumento (poco creíble): lo pidieron los vecinos. La
Subsecretaría de
Tránsito y Transporte porteña, argumentan, respondió un reclamo de la Asociación de Vecinos
de Puerto Madero con el objeto de ordenar el estacionamiento no medido en las
calles del barrio más nuevo de la Ciudad. Incluso, funcionarios dejaron folletos en los parabrisas de
los autos estacionados avisando de los “nuevos servicios”. Y definieron que el
botín de los rodados levantados será para la empresa SEC. Según pudo saber NU,
hay damnificados del barrio por el acarreo que están estudiando realizar denuncias
penales contra los funcionarios públicos y exigir judicialmente la devolución
del dinero abonado debido a la falta de habilitación legal de la empresa para
operar en la zona. En la actualidad, el costo del acarreo es 350 pesos, que se
suman a los 332 pesos de multa.
Tragedia & negocios
La triste escena tuvo
lugar el último martes por la mañana en Carlos Pellegrini al 300, cuando un
remisero de 71 años de edad, cuya única actividad para brindarle alimentos a su
familia era su trabajo, tuvo la mala fortuna de discutir con los operarios de
la playa de infractores de tránsito del Gobierno de la Ciudad.
Oriundo de Villa Tesei,
el remisero supo que su automóvil, de marca Fiat, había sido acarreado por las
grúas fuera de control. Cuando fue a retirar su vehículo, comprendió que para
poder tener nuevamente el control de su propiedad privada debía primero dejar
en las oficinas 350 pesos, solo por el acarreo, y luego enfrentar la multa.
No pudo sobrepasar ese
mal momento y su corazón dejó de latir delante del ingreso de la playa, frente
a la mirada del personal, que quedó afectado por la situación. El SAME confirmó
horas más tarde que el hombre perdió su vida como consecuencia de la falla
cardíaca.
Los pliegos vencidos
funcionan con una ecuación recaudatoria y pueden verse las camionetas
recorriendo las calles porteñas a la búsqueda de autos mal estacionados.
Defendamos Buenos Aires, una ONG que se ocupa de esta
situación, sostiene que por lo menos unos 1.000 autos por día caen en las
garras de las grúas descontroladas. Si la cuenta se realiza por 350 pesos –lo que
cuesta el acarreo– la cifra asciende a 350 mil pesos al día.
El levantacoches
El que habla es Bernie:
“No pueden convivir los ‘cuidacoches’ con un sistema organizado de
estacionamiento. Los mismos deben ser capacitados para otras funciones. Ningún
sistema puede avalar este tipo de trabajo que no es digno”.
La crónica del diario
paraguayo ABC Color de Asunción indica que el “empresario argentino” se reunió
con las autoridades paraguayas para hablar de su negocio. No solo en países
limítrofes intenta vender servicios Bernie, también en las provincias, al igual
que Dakota.
Experiencias en Neuquén,
Entre Ríos y Santa Fe, por mencionar algunas, hacen que las concesionarias del
estacionamiento medido sigan en el mundo empresarial. Son parte de la Cámara Argentina
de Comercio, presidida por Carlos de la Vega.
Las prórrogas fueron
empujadas en dos ocasiones, y tanto Bernie como Violante esperan que el marco
de licitación que comienzan a discutir los legisladores nunca a llegue a buen
puerto.
Ya no habrá dos zonas
para operar sino que serán cinco, con empresas dispuestas a competir. “El peor
comportamiento de los automovilistas rige las actuales directrices del negocio
de STO y SEC. El pliego a discutirse pagará por servicio fijo. La lucha de
Bernie recién empieza”, apunta un legislador ducho en la esgrima de los asuntos
públicos.
Lourenzo: “Sí en Once,
no en Lugano o Devoto”
Vicente Lourenzo,
vicepresidente primero de la
Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires
(Fecoba), hablando en nombre de la entidad gremial más grande del país, expresó
su disconformidad con el impacto del accionar de las grúas en la actividad de
los comerciantes porteños.
“No estamos de acuerdo
en que vayamos de 4.800 a170 mil parquímetros. Estos pueden ser eficientes en
lugares de alta densidad como el microcentro, el macrocentro, Once y Puerto
Madero, pero son válidos y eficaces si no hay abusos”, expresó el dirigente
empresarial, que además preside la
Cámara de Comerciantes Mayoristas e Industriales.
“En Fecoba pensamos que
su extensión es innecesaria. No tiene sentido que haya parquímetros en los
centros comerciales de Devoto, Lugano y Villa del Parque y en las avenidas
Gaona y Nazca. Pensamos que si hacen eso no buscan el reordenamiento del
tránsito, sino una finalidad recaudatoria”, continuó Lourenzo.
Para ejemplificar su
posición, el dirigente alegó que “si
existen parquímetros en los centros comerciales, se fomenta que la gente del
barrio no vaya a ellos y se dirija al shopping, que tiene estacionamiento
propio. Por eso decimos que en Once su uso es lógico, pero no se debe
aplicar en Lugano o Devoto, porque así el vecino no puede aprovechar su propio
barrio. Allí es innecesario”.
Amado: “Este año aún no
hubo sanciones”
Ente Único de los
Servicios Públicos Privatizados, que tiene a su cargo recibir las quejas de los
usuarios, confeccionar los sumarios que resultan de las denuncias y,
finalmente, sancionar a las concesionarias.
“Las multas son
pecuniarias –explica el funcionario– y consisten en sumas que fluctúan entre
los dos mil y los diez mil pesos, pudiendo ser mayores si se reiteran las
infracciones de las empresas.” Un dato preocupante que agrega luego el
directivo es que este año aún no hubo sanciones contra las concesionarias, como
si estas trabajaran en el mejor de los mundos.
“La mayor cantidad de
denuncias se producen por la deficiente marcación horizontal y vertical, que
está a cargo de las empresas. La marcación horizontal es la que está en las
ochavas y las esquinas, y la horizontal son los carteles de advertencia”,
explica el funcionario.
“Hay varios sumarios por
esta causa –narra el controlador–, porque las empresas arreglan algunas
demarcaciones y otras no.”
“Otra de las quejas que
se repite es patrimonial, es decir, por las eventuales roturas que produce el
acarreo en los vehículos. Casi siempre la empresa abona sin mayores obstáculos
las reparaciones”, relata Amado.
Finalmente, expresó que
“en principio, el objetivo de las grúas y parquímetros era desalentar el uso de
los vehículos particulares y estimular el uso del transporte público, pero
luego mutó hacia un fin solo recaudatorio y por eso existen tantas
irregularidades, porque en ese marco las empresas están mal controladas”.
Los números del levante
(Por Horacio Ríos)
El contrato que liga a
las empresas concesionarias Sistema de Tránsito Ordenado (STO) y Sistema de
Estacionamiento Controlado (SEC) data de 1990, en los tiempos en los que Carlos
Grosso, hoy uno de los asesores enmascarados de Mauricio Macri, era el
intendente de la Ciudad
de Buenos Aires.
El contrato fue firmado
por un período de diez años y venció en febrero de 2001. Las razones por las cuales desde entonces ambas empresas perduran en la
clandestinidad jurídica son desconocidas, aunque eso no impida imaginarlas.
Hasta 2009, las empresas
pagaban un canon casi ridículo –casi testimonial– de mil pesos por mes, pero en
2011 aumentó a 30 mil pesos. Actualmente pagan 55 mil pesos por mes y es una
cifra que SEC y STO abonan fácilmente, habida cuenta de que junto con el
aumento en el canon se les permitió elevar la tarifa por acarreo de 56,70 pesos
primero a 190 pesos y luego a los 350 que se abonan actualmente, una cifra que
equivale al 500 por ciento de aumento.
No solo eso, también se
les autorizó a trabajar las 24 horas del día, por lo que la “producción” de sus
atareadas 35 grúas puede llegar hasta el acarreo de dos autos, cada una, por
cada hora, que equivaldría a unos 50 mil autos cada mes, aunque las autoridades
alegan que “solo” se llevan 12 mil cada 30 días. Antes, las grúas trabajaban
solamente hasta las nueve de la noche, cinco días a la semana y ahora trabajan
24 horas, los siete días de la semana.
Si sostuvieran el ritmo
de dos autos por hora de manera constante, cada una de las empresas podría
recaudar unos 17 millones de pesos cada mes, por lo cual la cifra del canon es
casi irrisoria, aunque sea algo menor. No
existe en el mundo de los negocios privados una actividad por la que se recaude
esa cifra, con gastos menores al 10 o el 12 por ciento de ese gigantesco
beneficio. Para dar una idea, con el acarreo de 158 autos pagan el canon.
Como adicional, hasta
2007, la dotación de la grúa incluía a tres personas, una de las cuales era un
policía federal, pero desde entonces estos fueron reemplazados por 168 agentes
de tránsito, sin ningún cargo para las empresas, que antes debían pagar los
adicionales de los policías federales y ahora se sacaron de encima esa molesta
gabela. Los porteños gastan 670 mil pesos por mes por este rubro que les facilita
la vida a estos prósperos empresarios.
Un hombre de 71 años
murió de un infarto en la mañana del martes 17 de septiembre en el ingreso de la Playa de Infractores de la 9
de Julio cuando iba a retirar el auto que aparentemente le habían acarreado.
Según trascendió, el
hombre era un remisero de Villa Tesei cuyo auto había sido llevado por la grúa
al dejarlo mal estacionado en el centro porteño mientras realizaba unos
trámites.
El hecho ocurrió cerca
de las 8, cuando el hombre que trabajaba como remisero se acercó a la playa de
acarreo del Gobierno de la
Ciudad, donde había sido trasladado su automóvil.
El fallecimiento ocurrió
en el momento en que el sujeto reclamaba con vehemencia ante un inspector de
tránsito, informaron fuentes policiales.
El hombre se dirigió
hasta la playa ubicada en Carlos Pellegrini al 300, pero en el ingreso se
descompuso y murió. Algunas versiones –que fueron rechazadas por voceros de la
Policía Metropolitana– indican que el paro cardíaco se produjo después de
mantener una discusión con un agente de tránsito.
El titular del SAME,
Alberto Crescenti, señaló que cuando la ambulancia llegó el hombre ya estaba
muerto y que habrá que esperar los resultados de la autopsia para determinar
las causas del fallecimiento.
Chavarri: “Para marcar
las zonas de estacionamiento prohibido, las empresas usan pintura que se borra
con la lluvia”
Juan Manuel Chavarri es
el titular de la ONG No
al Parquímetro, que viene peleando cuerpo a cuerpo desde hace ya varios años
contra los abusos que han venido cometiendo los sucesivos gobiernos con las
concesiones de grúas y parquímetros.
“La combinación de los
trapitos, las grúas, los parquímetros y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es
la sociedad perfecta”, lanza con ironía Chavarri, resignado a su papel de
hostigador constante, que lo convirtió en un blanco de amenazas también
constantes por parte de algunos supuestos desconocidos.
“Prorrogaron los
contratos de manera ilegal, cuando la
Ley 4.003, dictada en 2011, obligaba al Gobierno a licitar la
concesión o a asumir el trabajo de las grúas por sí mismo, manteniendo las
fuentes de trabajo existentes”, dispara sin hesitar.
“La grúa 35 de STO
levantó el otro día un auto en Beruti y Anchorena y en 14 minutos estaba de
vuelta en la zona. Mientras esto ocurre, el agente de tránsito que acompaña a
los empleados de las concesionarias ni siquiera los obliga a cumplir las normas
que deben observar, como llevar las balizas giratorias constantemente
encendidas y respetar determinadas velocidades máximas. Los choferes de las
empresas apagan las balizas porque si las llevan funcionando son mucho más
visibles y hasta pueden alertar a los dueños de los vehículos y multiplicar los
incidentes”, se indigna el dirigente vecinal.
“La última es la más
grave. Ambas empresas están autorizadas a pintar las zonas en las que no se
permite estacionar, pero lo hacen con pintura al agua, que a la tercera lluvia
queda borrada. La ley obliga a que se pinte con pintura acrílica, que no se
deteriora tan fácilmente. Así, de esta manera, los automovilistas no ven
claramente las zonas prohibidas y entonces viene la grúa y se los lleva,
ayudando a aumentar la recaudación.”
